Retrato judicial al completo

El prestigio del poder judicial atraviesa horas bajas en España como consecuencia de sentencias que han provocado un profundo rechazo social, como la relativa a si deben ser los bancos o los particulares quienes corran con el impuesto de actos jurídicos documentados al contratar una hipoteca. Además, esta y otras resoluciones polémicas del Tribunal Supremo han venido a continuación de decisiones de tribunales europeos rechazando poner a disposición de la justicia española a algunos representantes políticos responsables de derogar la Constitución por vías de hecho y de tratar de imponer la independencia de Cataluña a la mayoría de ciudadanos que la rechazan, privándolos de sus derechos. La suma de unas y otras circunstancias ha fomentado un clima de opinión de acuerdo con el cual el poder judicial no es enteramente independiente, ni frente a otros poderes del Estado ni frente a grupos de presión. También se ha generalizado la idea de que la causa fundamental de este estado de cosas es la voracidad de los partidos políticos por colonizar la totalidad de las instituciones.

El grave desprestigio que padece la justicia exige huir tanto de la generalización como del reduccionismo, apuntando siempre en una dirección que, como la condena a los partidos, sirve para explicarlo todo a costa de impedir poner remedio a nada. Desde el momento en que los partidos son imprescindibles en el sistema parlamentario, la crítica puede dirigirse exclusivamente a la manera en la que actúan, no a la razón constitucional por la que lo hacen. Negar la intervención de las fuerzas políticas en la conformación del Poder Judicial, sustituyéndolas por las decisiones de los propios profesionales, no es solo tomar posición sin decirlo acerca de la organización de un poder del Estado, sino también sobre su fundamento último, democrático, como exige la Constitución, o técnico y corporativo. Pero invocar la necesidad de que los partidos intervengan para conectar los tribunales con la legitimidad democrática, según pretende el sistema español a través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no equivale a concederles carta blanca para cualquier acuerdo, en cualquier sede, ni por cualquier procedimiento.

El reciente pacto alcanzado por el Partido Socialista y el Popular ha incurrido en este último peligro, al confundir una negociación transparente entre grupos parlamentarios para decidir la composición del CGPJ con un oscuro apaño entre ejecutivas para promocionar a sus respectivos candidatos en diversas instancias de la justicia. El problema que suscita ese pacto no es consecuencia de ninguna deficiencia del sistema constitucional, sino de un mal uso impuesto durante los últimos años como consecuencia del intento de predeterminar desde los partidos las sentencias sobre los grandes escándalos de corrupción. Siendo esto así, no se puede olvidar que ese mal uso solo ha sido posible con la aquiescencia de los propios jueces y magistrados, que se han valido de él para afianzar sus carreras al calor de uno u otro partido. Solo contando con la participación de jueces y magistrados, dos fuerzas políticas como el Partido Socialista y el Popular pueden estar tan seguras acerca de los futuros nombramientos en el Tribunal Supremo y en el CGPJ cuando los vocales de este último no han sido siquiera nombrados.

Las reglas por las que se rige la justicia en España son ahora las mismas que durante los primeros años de vigencia de la Constitución, cuando se acreditó como un poder respetado y que hacía valer la independencia y la inamovilidad garantizadas por la Constitución. Si hoy ha dejado de ser así, no basta con señalar hacia fuera, sino que el retrato completo de la justicia exige mirar también hacia dentro.