El juez Aguirre se jubila sin hacer los deberes: no firmó el archivo de la trama rusa ni ha resuelto el ‘caso Negreira’

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el anuncio de la jubilación voluntaria de uno de los jueces más veteranos y controvertidos de Cataluña: Joaquín Aguirre, que en las últimas cuatro décadas ha dirigido con mano de hierro el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. Aguirre se va sin que sus compañeros le hayan organizado una despedida, en situación de baja laboral y sin haber hecho los deberes: no ha podido cerrar el caso Negreira, que investiga los pagos millonarios del FC Barcelona al ex número dos de los árbitros españoles. Al encontrarse de baja laboral, tampoco ha firmado el auto de archivo sobre la supuesta trama rusa en torno al procés que tanto se empeñó en investigar. A mediados de diciembre, y con una contundencia inaudita, la Audiencia de Barcelona le ordenó cerrar el caso, un trámite que ha resuelto su sustituta.

Aguirre deja una carga de trabajo que, por ahora, deberá asumir la magistrada que venía ejerciendo como sustituta por defecto de su juzgado, Alejandra Gil, que dirige el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrirá próximamente el concurso por la plaza vacante. Gil o la persona que ocupe definitivamente el lugar dejado por Aguirre deberán decidir en qué sentido cierran la instrucción que ha acreditado cómo el Barça pagó, hasta 2018, más de siete millones de euros a José María Enríquez Negreira, coincidiendo con su etapa como vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), el órgano de gobierno de los árbitros.

Los pagos, según la conclusión de Aguirre, sirvieron para comprar la voluntad de los colegiados y favorecer al club azulgrana y son un síntoma inequívoco de la “corrupción generalizada” en el arbitraje español. El juez defendió esa tesis antes de practicar diligencias de investigación. Pero las pruebas no la han corroborado. A fecha de hoy no está claro qué motivó los pagos a Negreira ni cuál fue el destino final de ese dinero. El juez estaba a la espera de recibir un último informe de la Guardia Civil, que debía servir para acreditar (o descartar) indicios de delito. De ese informe depende el futuro de una causa que supone una amenaza para el Barça, investigado como persona jurídica por un delito de corrupción en el deporte.

El CGPJ aprobó la jubilación voluntaria en septiembre, pero con efectos desde este miércoles 15 de enero. Aguirre, que en los últimos dos meses ha permanecido de baja por motivos de salud, según fuentes judiciales, ya no regresará a su despacho en la novena planta de la Ciudad de la Justicia de Barcelona ni evaluará las conclusiones de la Guardia Civil. El magistrado llegó a atribuir a los investigados (incluido el actual presidente Joan Laporta) un delito de cohecho con el argumento, descartado por la Fiscalía y por sus superiores, de que Negreira tenía la consideración de funcionario público.

Un bastión contra la amnistía

El juzgado 1 de Barcelona se convirtió también, en manos de Aguirre, en un bastión contra la ley de amnistía aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Después de que la Audiencia de Barcelona le ordenara en una primera ocasión archivar la causa por la trama rusa del procés (las supuestas maniobras del Kremlin para favorecer la independencia de Cataluña), el juez acudió a un subterfugio para mantenerla viva. Y fue más allá. En junio de 2024, abrió una pieza separada para seguir investigando el caso sin permiso y puso en la diana a Puigdemont y a otras 12 personas. Por primera vez en los seis años que llevaba abierta la causa, Aguirre habló de traición, uno de los delitos que, en algunos supuestos, queda al margen de la ley de amnistía.

El expresidente catalán y otros investigados recurrieron la imputación y, en diciembre, la Audiencia de Barcelona les dio la razón y ordenó al juez a archivar la causa “sin excusas”. Los magistrados le acusaron de cometer un “fraude de ley” y le advirtieron de que, si no cumplía lo que le decían, podría tener que asumir responsabilidades. Pero Aguirre ya no estaba y fue Gil quien, apenas tres días después, firmó el auto de archivo. No hubo tiempo para más. Con la jubilación, Aguirre pone fin a una trayectoria que en momentos fue memorable (en los años 90 investigó el caso Grand Tibidabo y encarceló al financiero Javier de la Rosa), pero que en los últimos tiempos se volvió cada vez más sombría. Su final ha sido igualmente oscuro. Cuando un juez se jubila, sus colegas y funcionarios suelen organizar algún tipo de acto para reconocer su trayectoria. No ha sido el caso, según las mismas fuentes, y Aguirre ha abandonado, sin el aplauso de los suyos, un juzgado que ocupó durante casi cuatro décadas.