Malas artes

Una vieja práctica, que no por recurrente ha perdido un ápice de su profunda perversión, acaba de provocar una grave conmoción en el Poder Judicial: la costumbre de la dirección de los partidos políticos de intervenir en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que luego deben ratificar las cámaras. Este antiguo chanchullo de repartirse la elección de quienes van a constituir el órgano de gobierno de los jueces ha alcanzado esta vez un punto de extrema obscenidad, y es que se ha sabido quién iba a ser el presidente del Consejo antes incluso de conocerse los vocales que tienen que elegirlo. La falta de pudor de los responsables de los dos grandes partidos que han fraguado el reparto, el PSOE y el PP, ha caído como un jarro de agua fría a los profesionales de un sector que está habitualmente sometido a un escrutinio público minucioso por la alta temperatura de los casos sobre los que tiene que pronunciarse.

La más que probable elección del magistrado conservador Manuel Marchena al frente del CGPJ y del Tribunal Supremo ya ha disparado las más variadas consideraciones sobre su intencionalidad —ya no presidirá el órgano que dictará sentencia en el juicio por el procés,ni tendrá que redactar la futura sentencia—, y está sirviendo como metralla para cuantos procuran volver a poner en entredicho la independencia del Poder Judicial. Por eso resulta particularmente grave el espectáculo que ha puesto en escena, como en otras épocas, el supuestamentes desgastado bipartidismo: pactos entre bambalinas para asegurarse una rápida transición en la elección de los responsables que van a gobernar a los jueces ahora que el mandato de Carlos Lesmes toca a su fin el próximo 4 de diciembre. La maniobra se ha producido, además, en un momento delicado para la judicatura. El Supremo operó con mayúscula torpeza cuando tuvo que pronunciarse sobre el impuesto vinculado a las hipotecas y luego vino el fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para señalar que Otegi y otros dirigentes abertzales no tuvieron el derecho a un juicio imparcial cuando intentaron reconstruir la ilegalizada Herri Batasuna.

Desde el momento en que la Constitución define como poder del Estado al Poder Judicial es inevitable que esté vinculado, directa o indirectamente, con la soberanía popular, y por eso es el Parlamento el que legitima la idoneidad de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Desde la llegada de la democracia, sin embargo, los partidos no han sabido, o no han querido, evitar la tentación de garantizarse su influencia en el Consejo, y eso a costa de trasladar la sospecha a la ciudadanía de que, como en la política, también los magistrados tienen un color partidista. El problema no es que se hable de jueces conservadores o progresistas, puesto que nada de eso afectaría a su independencia, sino que se les atribuya a los responsables del órgano encargado de su gobierno una clara obediencia sectaria.

Más que en repartirse cuotas de influencia en un órgano que debería ser imparcial, los políticos tienen que servirse de su capacidad de diálogo y entendimiento —el PP y el PSOE acaban de hacer una exhibición de que están verdaderamente en forma— para encontrar los procedimientos que garanticen en el Parlamento que los vocales del CGPJ son elegidos por sus méritos. A estas alturas urge acabar con tanta chapucería.