El PP se protege

Las últimas iniciativas que han tomado el Gobierno o sectores afines al PP en materia judicial en poco disimulan el afán de protección a los implicados en casos de corrupción. Y lo hacen justo en el momento más delicado de la batalla, cuando empiezan a superponerse importantes juicios y sumarios que afectan al partido en el poder. Aunque La Moncloa pretenda negar esta motivación, lo que no ayuda en ningún caso a la batalla por la transparencia y la justicia es la evidente apariencia de parcialidad que tienen esas decisiones y la incapacidad del Gobierno para explicarlas de forma convincente.

La elección al frente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de Concepción Espejel, que fue apartada del caso Gürtel al ser recusada por las defensas por supuesta afinidad al PP, sitúa a esta institución bajo sospecha, como ya lo están la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción. Espejel, que formó parte del CGPJ a propuesta del PP entre 2008 y 2013, tendrá amplios poderes al frente de esa sala en pleno apogeo de los casos Lezo, Púnica, Bankia y Gürtel. Podrá presidir cualquier vista oral de la institución y trasladar cada decisión al pleno.

La reciente recusación del ministro de Justicia, Rafael Catalá —al que las escuchas al expresidente madrileño Ignacio González sitúan como persona próxima a los encausados—; del fiscal general, José Manuel Maza, y del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, no tiene precedentes en la democracia española. Lejos de tomar nota, el PP da un nuevo paso en la intrusión política en la independencia de los jueces con la maniobra del sector conservador del CGPJ para imponer a Espejel al frente de esta sala crucial. Enrique López, el otro juez recusado en el caso Gürtel, también ha sido ascendido a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

Es sabido que política y justicia no circulan por carreteras suficientemente separadas en España, con un Consejo General del Poder Judicial elegido por los partidos mayoritarios y un ministro de Justicia recusado en este momento por las sospechas de intromisión. Pero la extensión de la corrupción ha hecho necesaria una acción contundente del Gobierno no solo para reforzar la independencia y el buen funcionamiento de la justicia, sino para conseguir la credibilidad de sus acciones y la confianza en la institución. Por el contrario, los pasos adoptados minan la imagen de la fiscalía y la justicia y probablemente su funcionamiento.

El Gobierno está logrando éxitos económicos importantes al apuntalar el crecimiento y reducir el paro, pero no puede pretender que estos avances laven los graves escándalos de corrupción que afectan al PP y que van a jalonar la vida política del presidente Rajoy en las próximas semanas. A su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga la financiación ilegal del PP se sumará pronto su declaración como testigo por el caso Gürtel y un posible pleno en el que el PSOE solicite su dimisión. En un momento en que la Comisión Europea señala la debilidad de la lucha contra la corrupción en España, el Gobierno ofrece justo lo contrario de lo que se le exige.