Debate obligado

El presidente de la Generalitat solemnizó el pasado miércoles el rechazo a los Presupuestos, alegando la pasividad del presidente Sánchez ante el proceso judicial al que se enfrentan los líderes que participaron en la proclamación unilateral de la independencia de Cataluña. Al mismo tiempo, los partidos integrados en el Govern anunciaban su disposición a alcanzar acuerdos con el Ejecutivo en diversas materias, incluida la presupuestaria. Esta doble estrategia de las fuerzas partidarias de la secesión de Cataluña ha acentuado las dudas del Gobierno central acerca de si prolongar la legislatura, prorrogando los Presupuestos aprobados por el PP e introduciendo correcciones mediante decreto ley, o disolver las Cámaras y convocar elecciones.

El simple hecho de que el Gobierno central dude está permitiendo a los partidos independentistas escamotear la respuesta a una pregunta esencial en estos momentos, y es a qué razones obedece la flagrante contradicción de rechazar en bloque unos Presupuestos que, por otra parte, están dispuestos a salvar en parte mediante acuerdos limitados. La hora es grave, en la medida en que 18 dirigentes políticos se encuentran a la espera de juicio y conviene desterrar del debate político las escenificaciones dirigidas a ocultar las realidades que están en juego. Si los partidos independentistas proponen simultáneamente rechazar y salvar los Presupuestos es porque prefieren seguir instalados en la ambigüedad por razones electoralistas antes que reconocer ante los ciudadanos que confiaron en ellos que su programa de secesión carecía de las mayorías necesarias, que su aplicación unilateral sólo era posible mediante la comisión de delitos, y que las responsabilidades penales que ahora se sustancian judicialmente no pueden ser limitadas desde el Gobierno. Rechazando negociar las cuentas públicas, los independentistas fingen mantener el enfrentamiento con un Estado que, según ellos, es autoritario, mientras que proponiendo colaborar en la aprobación de enmiendas a los Presupuestos en vigor están reconociendo la naturaleza democrática de ese mismo Estado.

La opción de prorrogar los Presupuestos y salvar mediante decreto ley algunos de sus elementos supone profundizar en una anomalía institucional que consiste en normalizar como ordinarios procedimientos legislativos que el sistema constitucional contempla como extraordinarios. Los argumentos invocados por Sánchez en la oposición, en el sentido de que el Gobierno de Rajoy debía disolver las Cámaras de no conseguir la aprobación de los Presupuestos, siguen siendo válidos, lo mismo que las críticas que le dirigía por el recurso excesivo al decreto ley. Desde el momento en que Ciudadanos se desmarcó del PP y abrió las puertas al debate, lo que cabe esperar de los grupos parlamentarios es que entren en el fondo de las cuentas del Gobierno, no que condicionen su posición a asuntos que deben ser abordados por otras vías.