Un balance del cierre nuclear

Volvamos brevemente a la encrucijada nuclear propia de la transición ecológica anunciada. El dictum oficial ha decidido la supresión de toda la electricidad nuclear española, equivalente a 7.117 megavatios. Un Gobierno puede, en el uso de sus funciones, tomar las decisiones que considere más oportunas para defender el bienestar de los ciudadanos y prevenir los inconvenientes de la fortuna. Faltaría más. Pero está obligado a explicar cuál es el balance de las decisiones que adopta. Entiéndase, el balance, no la relación de efectos benéficos que se dan por descontados. Si este Gobierno, u otro, está decidido a cerrar las plantas nucleares, que lo haga; pero no sin antes explicar “todas” las consecuencias, que en este caso se manifiestan en los precios.

La comisión de expertos encargada por el Gobierno anterior de iluminar la transición energética evaluó el coste para el sistema de suprimir la energía nuclear en unos 3.000 millones. El sistema son los consumidores. Abstracción hecha de la pésima gestión energética de los Gobiernos de Rajoy, las conclusiones del informe en este punto concreto tienen algún fundamento. La producción nuclear es, junto con la hidroeléctrica, la de menor coste variable. Como las nucleares están en permanente operación, el bajo coste variable de su kilovatio está en la base de todas las ofertas para formar los precios cada hora. A las eléctricas les interesa casar su oferta nuclear porque no pueden parar las plantas. Cuando desaparezca la producción nuclear, los precios ya no podrán formarse hora a hora con un mix en el que participe uno de los dos costes variables más bajos. Sustituir la nuclear con renovables es una idea, salvo que el viento y el sol son fuentes intermitentes; su disponibilidad es aleatoria. Sin nuclear, la energía de respaldo sustitutiva natural es la producción de ciclos combinados, más cara.

De la cortesía del Gobierno que cierre la producción nuclear se espera que además de enunciar las razones de la liquidación —coste oculto del tratamiento de residuos, gran inversión para prolongar la vida útil, riesgo radiológico— aclare los costes de la decisión. Para que los ciudadanos —los que pagan el recibo— tengan una idea del resultado neto y también para que sean conscientes de quién paga la factura de la transición energética, necesaria sin duda, pero nada barata.