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La ‘porno venganza’ destruye vidas en África

La difusión de imágenes sexuales sin consentimiento va más rápido que la ley en muchos países del continente. Un estudio analiza cómo esta práctica criminaliza a las mujeres en la mayoría de los casos

Desiré Luzinda, protagonista de este estudio, en una captura de un vídeo de YouTube.
Desiré Luzinda, protagonista de este estudio, en una captura de un vídeo de YouTube.

Desiré Luzinda era en 2014 una de las cantantes más populares de Uganda, cuando un exnovio enfadado publicó unas fotos íntimas de la artista en las que aparecía desnuda. No solo no tuvo herramientas legales para denunciarlo, sino que el ministro de Ética e Integridad, Simon Lokodo, declaró que la artista "debería ser encerrada y aislada". El político añadió que se debería abrir una investigación contra Luzinda en base a la ley antipornográfica aprobada un año antes para perseguir este tipo de "comportamientos indecentes".

Luzinda nunca fue encarcelada y su popularidad incluso aumentó tras la publicación de las imágenes. La cantante consiguió ser perdonada por la sociedad tras pasar un tiempo literalmente escondida y emitir un mensaje público de perdón por sus actos. Su caso está recogido en un estudio realizado por una investigadora noruega y otra de Malawi y publicado por la revista Nature sobre el llamado porno de venganza. "¿Qué pasa con las que no son estrellas del pop? ¿Hay alguna oportunidad de redención para ellas?", se preguntan en el texto.

Sarai Chisala-Tempelhoff, investigadora y presidenta de la asociación de mujeres abogadas de Malawi es una de las autoras. "La sociedad no concibe esta práctica como un modo de violencia, o al menos no lo suficiente. Tienden a pensar que la mujer que se ha dejado grabar así es estúpida por haberlo permitido y no reciben apoyo", explica por teléfono Chisala, quien cuenta que comenzó a interesarse más intensamente por este asunto cuando la vida de una amiga de su madre quedó "destruida" por la publicación de unas imágenes íntimas, hasta el punto que tuvo que abandonar el país. "Estaba casada con un hombre importante y tuvo un amante que la traicionó. Toda la sociedad se le echó encima y su vida en Malawi acabó", explica. "Muchas de las leyes sobre obscenidad se han usado tradicionalmente en África Subsahariana para que la víctima sea considerada cómplice criminal en el acto que la perjudicó", apuntan las expertas en las conclusiones del estudio.

Las represalias llegan también en el caso de los hombres, aunque la condena social a la que se enfrentan suele ser menor. Otro de los casos recogidos en el estudio ocurrió en Malawi en 2008. Un prominente empresario del país y una empleada de una gran firma se registraron en plenas artes amatorias. Ambos estaban casados y no entre ellos. Unos meses después, el ordenador en el que el hombre había guardado el material se averió y el informático lo encontró y lo distribuyó vía mail. Ella decidió abandonar el país y el apellido de él se emplea desde entonces en el argot de la calle para hablar de pornografía. El tema ocupó la primera página de los periódicos del país, los dos fueron despedidos, se divorciaron y "si tecleas sus nombres en Google, 10 años después, siguen apareciendo mirando a cámara sonrientes y apenas vestidos".

La sociedad no concibe esta práctica como un modo de violencia, o al menos no lo suficiente. Tienden a pensar que la mujer que se ha dejado grabar así es estúpida por haberlo permitido y no reciben apoyo

Lillian Nalwoga, presidenta de la Internet Society (organización que promueve el uso responsable de Internet en el mundo) de Uganda explica en un mail: "Cuando apareces en uno de estos vídeos, se te considera menos mujer y eres condenada por la sociedad. Hay esfuerzos de las defensoras de derechos para exigir a las autoridades que dejen de criminalizar a las víctimas, al tiempo que conciencian sobre esta nueva forma de violencia machista".

La ley con la que se pretendió enjuiciar a la estrella del pop ugandesa es conocida como la de las minifaldas, porque poco después de su aprobación se registraron ataques a féminas que llevaban esta prenda por la calle. "La ley legitima los abusos contra las mujeres y proporciona una cobertura legal para la perpetuación de los ideales patriarcales sobre la modestia femenina", aseguró Amnistía Internacional en un informe de 2014. La violencia machista es un problema gravísimo en Uganda, donde los crímenes de mujeres están envueltos en la impunidad más absoluta. A principios de verano, miles de personas salieron a la calle, hartas por los casos de mujeres asesinadas que aparecían en las cunetas sin que hubiese detenidos.

La normativa sobre delitos digitales en la región tampoco avanza a la velocidad necesaria. Como detalla Chisala, la ley sobre cibercrímenes se han limitado a aquellos económicos y se ha prestado poca atención a los de naturaleza sexual. "Además, ahora mismo es muy difícil evitar que, una vez que ha salido a la luz, tu imagen siga apareciendo en Internet. Eso no es algo que se pare con leyes locales, sino que deben implicarse los gigantes tecnológicos", añade. Lillian Nalwoga apunta que algunos gobiernos todavía están lidiando con la forma de aplicar la norma para hacer frente a delitos cibernéticos: "Existe una tendencia emergente en algunos países africanos donde la legislación general se aplica al cibercrimen, por lo que terminan violando los derechos de los usuarios".

En un continente con limitado acceso a Internet regular, uno puede preguntarse cuál es el alcance de estos contenidos. Según el último informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (perteneciente a la ONU) sobre acceso a Internet solo el 18% de las casas cuenta con conexión, pero la clave está en el acceso en lugares públicos y, sobre todo, en los móviles. Esto aumenta hasta el 82,2% el porcentaje de población con algún tipo de conexión a la red. "WhatsApp y Facebook son accesibles para todos en países como Malawi. Estas dos redes no necesitan muchos datos y una vez que se publica un vídeo o foto se viraliza rápidamente", señala Chisala-Tempelhoff.

Las expertas son claras en sus conclusiones: "Una de las injusticias flagrantes de la pornografía no consensual es que promueve percepciones erróneas de las víctimas como "putas" vacuas y villanos depravados. Tenemos que desafiar la narrativa de humillación y culpabilización de la víctima que enmascara la violencia sexual". La amiga de Chisala solo ha podido volver en un par de ocasiones a su país desde que ocurrió aquello.

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