La vuelta al cole cuando estás embarazada

La noticia dio la vuelta al continente. Con estas declaraciones, el presidente se cargaba años de esfuerzos para lograr que las niñas tanzanas no dejasen los estudios cuando son madres antes de tiempo. Hablamos de un país donde unas 8.000 niñas abandonan cada año por esta razón, el 37% se casa antes de los 18 años y  el 11,4% de las de entre 15 y 19 se quedó en estado en 2017, una de las tasas más altas de África. Y en África también es donde 49 millones de niñas no acuden a la escuela.

A raíz del anuncio de Magufuli, la organización Human Rights Watch realizó una investigación para saber cuál es la situación de las madres adolescentes del continente en lo que a su educación se refiere, partiendo de la certeza de que cada año miles se están viendo obligadas a abandonar los estudios. "Empezamos a ver un patrón de marginación. Que ya, siendo el matrimonio infantil una violación de sus derechos [porque es una de las principales causas de los embarazos prematuros], había una segunda violación de estos porque no les dejaban quedarse en la escuela", explica Elin Martínez, una de las responsables de las pesquisas. "Este fue el momento en que entendimos que había que trabajar con la vista puesta en toda la Unión Africana para ver si hay buenas políticas o no".  

Los hallazgos, publicados el pasado junio en el informe Leaving No Girl Behind in Africa (Sin dejar a ninguna niña atrás en África), revelan que, a pesar de que algunos países han dado pasos positivos, un número significativo todavía impone leyes que discriminan directamente a las niñas embarazadas y madres adolescentes pese a que la educación es un derecho universal.

África tiene las cifras de embarazo adolescente más altas del mundo, según las Naciones Unidas. Las razones más comunes incluyen la explotación sexual y el abuso, la pobreza, la falta de información sobre sexualidad y las dificultades para acceder a servicios de planificación familiar y métodos anticonceptivos. Muchos de estos embarazos, además, se producen en contextos de matrimonios infantiles, otro de los grandes problemas de un continente donde alrededor del 38% de las niñas se casan antes de los 18 y el 12% antes de los 15 pese a que está prohibido en casi todos los países.

Las principales barreras a la educación de las madres adolescentes son, en primer lugar, económicas: las altas tasas escolares, a las que hay que sumar los costes adicionales que acarrean si tienen que sacar un hijo adelante. También las leyes que prohíben su vuelta al colegio y, por último, la discriminación que aún existe en la sociedad. Los gobernantes más conservadores e intransigentes sostienen que estas chicas suponen un mal ejemplo y que van a crear un efecto llamada. "No podemos consentir este comportamiento inmoral en nuestros colegios", se reafirmaba unos días después el presidente tanzano durante otro mitin.

También influye un ambiente escolar inseguro, incluyendo tratamiento degradante e incluso abusos sexuales por parte de profesores o compañeros. "Hemos visto bastantes casos de estigma de niñas violadas o con la mutilación genital hecha. Cuando tenían un hijo a raíz de un crimen o una violación sentían mucha presión, algunas se iban o pedían el cambio de centro para empezar de cero, les da vergüenza", describe Martínez.  "Además, si esa niña ha estado fuera años, por lo general las familias intentan casarlas o ellas se quedan en casa y se encargan de las tareas domésticas. Romper ese patrón cuesta mucho, pues ya no tienen costumbre de ir a la escuela y abandonan sus sueños. Como han escuchado que son inmorales, se convencen de que no deben volver porque no van a lograr nada, son madres y ya está", lamenta la experta.

La buena noticia que pone de relieve el informe de HRW es que ya 26 de los 55 Estados miembros de la Unión Africana han adoptado políticas para facilitar a estas jóvenes madres volver a clase.. "No es mayoría aún, pero al menos se demuestra que existen países con tasas enormes de embarazos adolescentes que sí quieren proteger el derecho a la educación", asevera Martínez.

Entre las mejores prácticas, destacan los que han tomado medidas propias y pueden servir de ejemplo a otros. Ruanda ha eliminado las tasas escolares en Primaria y Secundaria, y destina ayudas económicas a niñas en riesgo de abandono escolar, al igual que Sudáfrica; Senegal y Cabo Verde proporcionan tiempo extra a las madres para que amamanten a sus bebés y días de baja (como en un empleo) en caso de que el niño enferme; Zambia les da prioridad para elegir el turno de mañana o de tarde; Gabón dispone de enfermerías y guarderías cerca de los centros educativos, y Costa de Marfil y Sudáfrica proporcionan en las escuelas información sobre métodos anticonceptivos, planificación familiar o aborto legal y seguro.

En el otro extremo existen cuatro Estados con una política muy clara de prohibición y discriminación. Son Tanzania, Sierra Leona, Guinea Ecuatorial y Togo. "En la mayoría de los casos, estas políticas terminan con las posibilidades de que una niña regrese a la escuela y exponen a ella y a sus hijos al matrimonio infantil, las dificultades y el abuso", reza el informe. No obstante, Martínez aclara que a Togo no se le da a misma consideración porque tiene políticas, aunque no las aplica. "Después de mucho trabajo de sensibilización, las niñas sí pueden ir a la escuela, pero el país aún tiene que cambiar su normativa".

Una decisión dejada al azar

Existe un tercer grupo que preocupa a los expertos, según Martínez: 24 países que no tienen normativa o que contemplan la vuelta de las menores a la escuela si cumplen determinadas condiciones, lo que conlleva a que se apliquen las normativas de manera irregular y arbitraria. "Esto quiere decir que los directores o jefes de las escuelas pueden decidir qué hacer, y por lo general son muy conservadores, opina Martínez. "Piensan que son los árbitros de la moralidad escolar y aplican estas normativas con mucha impunidad porque olvidan que su obligación es asegurarse de que las niñas van al colegio y reciben una educación. Hay que cerrar ese vacío legal", aconseja la investigadora.

En concreto, los países del norte de África generalmente carecen de políticas relacionadas con el tratamiento de los embarazos de adolescentes en la escuela, pero, paralelamente, imponen fuertes penas y castigos a las niñas y mujeres que, según los informes, han tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Países como Marruecos y Sudán, por ejemplo, aplican leyes morales que les permiten acusar criminalmente a las adolescentes de adulterio, indecencia o sexo extramatrimonial, indica el informe de HRW.

Las políticas de reingreso generalmente requieren que una estudiante salga de la escuela una vez que se descubre su embarazo y sea readmitida después de dar a luz, a veces en un centro diferente. Un ejemplo es Malawi, donde la alumna es expulsada durante un año y después tiene que enviar una solicitud de readmisión al ministerio de Educación y otra al colegio al que desea acudir. En algunos casos, si el responsable del embarazo es otro estudiante, también tendrá que marcharse.

Mientras yo sea presidente, ninguna estudiante embarazada podrá regresar a la escuela John Magufuli, presidente de Tanzania

Las políticas y la práctica varían especialmente con respecto al tiempo que la niña debería estar ausente de la escuela y los procesos de entrada y salida. El informe pone de relieve que algunas de las condiciones son difíciles de cumplir porque no son claras o incluyen normativas dañinas, como pruebas de embarazo obligatorias que violan el derecho a la intimidad de las chicas (como en Botsuana, Kenia y Uganda, entre otros) o la necesidad de presentar un informe médico que certifique la buena salud de la aludida, como ocurre también en Senegal.

Otro reto a superar es la falta de implementación de las normativas que ya existen, pues a menudo son muy buenas, pero no se aplican del todo porque los Gobiernos no dan recursos económicos. "Si tú no monitoreas una política buena, si no formas a maestros, directores, alumnos y comunidades para decir que las niñas pueden volver a estudiar en buenas condiciones, al final volvemos al punto de que influye mucho la opinión de quien dirige la escuela", asegura Martínez, quien destaca, no obstante, que en sus investigaciones ha encontrado jefes de estudios "buenísimos" que han buscado dinero donde ha sido necesario para apoyar a las niñas.

En plena batalla por la educación

Tanzania fue el país que hizo saltar las alarmas y, por ahora, no hay solución posible pese a las fuertes críticas que ha recibido el presidente Magufuli y a las campañas en su contra. Las últimas noticias apuntan a que incluso se está arrestando a adolescentes embarazadas. En enero de 2018, el Centro por los Derechos Reproductivos informó de que cinco niñas y sus padres fueron detenidas en el distrito de Tandahimba siguiendo una directiva del Gobierno local. Todos quedaron luego en libertad bajo fianza y posteriormente se emitió una orden de detención para los hombres que las dejaron encintas.

Mientras, otro país ha dado el campanazo en 2018: ha sido Burundi, con una decisión que ha desconcertado a la comunidad internacional y a los defensores de los derechos de las niñas. El pasado mes de junio, el ministerio de Educación prohibió acudir a la escuela tanto a las embarazadas como a los chicos responsables del embarazo, un hecho que provocó fuertes críticas en el ámbito nacional e internacional. Apenas unas semanas después, y sin explicación alguna, la norma fue revocada.

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