La Audiencia de Madrid confirma el procesamiento del novio de Ayuso por fraude fiscal y falsedad documental

La Audiencia de Madrid ha confirmado este viernes el procesamiento de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal y falsedad documental, como ha adelantado elDiario.es y ha confirmado EL PAÍS. En otro auto, los magistrados han rechazado la práctica de diligencias que había pedido la defensa de González Amador y que ya había denegado el juzgado que lo investiga. Esta decisión acerca más a la pareja de la presidenta madrileña al juicio, ya que el siguiente auto que debe dictar el juez del caso, el de apertura de juicio oral, no es recurrible.

El pasado mes de septiembre, la jueza Carmen Rodríguez-Medel, procesó a la pareja de Ayuso tras asumir todas las peticiones de las acusaciones. Así, en ese auto pidió que se le juzgue por fraude fiscal y por falsificación en documento mercantil (los dos delitos que han protagonizado el proceso), pero también por los tipos penales de delito contable continuado y pertenencia a organización criminal. Estos dos últimos delitos habían sido solicitados en sus escritos de acusación por PSOE y Más Madrid, que son parte en este proceso como acusación popular, pero no por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido tres años y nueve meses de cárcel para Amador. Además, la pareja de Ayuso se enfrenta a otra investigación en el juzgado 19 por un presunto soborno a un directivo del gigante de la sanidad privada Quirón. PSOE y Más Madrid solicitan cinco años de cárcel.

La investigación se inició en mayo de 2022 por Hacienda, que concluyó que Amador había defraudado al erario público 350.910 euros con la ayuda de 15 facturas falsas. La tormenta política vino después, en marzo del año pasado, cuando se filtró la denuncia de la Fiscalía y la presidenta Ayuso respondió diciendo que se trataba de una cacería contra ella.

Rodríguez-Medel también ha enviado al banquillo a los cuatro supuestos colaboradores de Amador. El mexicano Maximiliano Niederer y tres sevillanos, David Herrera Lobato, y los hermanos José Antonio y Agustín Carrillo Saborido.

Alberto González Amador utilizó su última baza el pasado septiembre para evitar sentarse en el banquillo. El empresario esperaba la respuesta de la Audiencia Provincial de Madrid a un recurso contra su procesamiento por supuestos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, una decisión que tomó en mayo la jueza que lo ha investigado durante un año y medio, la magistrada del juzgado 19 de instrucción, María Inmaculada Iglesias. La Fiscalía solicita para él una pena de 3 años y 9 meses de prisión.

El empresario, dueño de dos consultoras de calidad sanitaria, ha sido protagonista de este caso con trascendencia política desde que en marzo del año pasado la Fiscalía le denunció por un supuesto fraude fiscal de 350.910 euros. Amador también está siendo investigado en un segundo procedimiento, por un presunto soborno de medio millón de euros al ejecutivo del grupo sanitario Quirón que ha contratado a sus consultoras desde 2017.

La jueza Iglesias le procesó el 28 de mayo de este año por el primero de los dos procedimientos. El 21 de julio desestimó un primer recurso de Amador contra esa decisión y le respondió que existen indicios claros contra él. Le dio cinco días para presentar este recurso de apelación ante la Audiencia.

La pareja de Ayuso alegaba que Iglesias no había tenido en cuenta varias pruebas solicitadas, entre ellas la declaración de dos testigos y un informe pericial. Amador defiende que no tenía intención de defraudar cuando presentó 15 facturas consideradas como falsas por Hacienda, en las declaraciones del impuesto de sociedades de los ejercicios 2020 y 2021. Sus abogados argumentaban que el auto de procesamiento, dictado sin haber admitido ninguna de las diligencias de defensa requeridas por González Amador, suponía una vulneración definitiva de sus derechos fundamentales.

Ahora, la Audiencia Nacional ha desestimado la petición de González Amador y ya no cabe recurso, por lo que tendrá que sentarse en el banquillo.

González Amador se arriesga a entrar en la cárcel. Sus opciones se complicaron mucho en marzo, cuando la Audiencia Provincial abrió el camino al segundo procedimiento contra él. Su problema reside en que los jueces pueden eximir a un condenado de ir a prisión si no tiene antecedentes penales, pero esa posibilidad desaparecería si es hallado culpable en las dos piezas separadas que tiene pendiente.

El Código Penal castiga el fraude fiscal con prisión de entre uno y cinco años. En este caso, Amador cometió presuntamente dos delitos de fraude, uno por cada ejercicio fiscal investigado (2020 y 2021). En cuanto a la falsedad en documento mercantil, es sancionada con cárcel de entre seis meses y tres años.

Las partes han enviado a la jueza sus escritos de conclusiones en la causa por los delitos contra la Hacienda Pública. La Fiscalía solicitó el 16 de julio tres años, nueve meses y un día de cárcel para Amador y multa de 623.000 euros. La Abogacía del Estado hizo lo propio este lunes. Pidió la misma pena de prisión y una multa de 448.000 euros. Y PSOE y Más Madrid solicitaron este jueves cinco años de cárcel.

En la segunda causa, aun en instrucción, los delitos son la corrupción en los negocios, que contempla prisión de entre seis meses a cuatro años, y la administración desleal, con cárcel de seis meses a tres años.

Su defensa ha dado un bandazo en la pieza original, la del fraude. Inicialmente, admitió su culpa y su voluntad de llegar a un acuerdo con la Fiscalía para recibir a cambio una condena menor. Se ha hecho famoso su correo del 2 de febrero al fiscal del caso en el que su abogado, Carlos Neira, admitía que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. Ese pacto estuvo a punto de ser una realidad en junio de 2024, pero la jueza lo paró a petición de las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid, que creían inadecuado cerrar de esa forma el caso porque apreciaban otros delitos. Esa pretensión prosperó y derivó en la apertura de la pieza separada.

Tras esto, Amador no ha retomado las negociaciones de pacto y ha defendido su inocencia en ambas piezas. Fue entonces cuando recurrió a la Audiencia Provincial su procesamiento por fraude fiscal, alegando indefensión porque no se habían practicado pruebas solicitadas. La jueza las denegó reprochándole que solo pretendía dilatar el proceso y que los indicios de que usó facturas falsas para pagar menos eran “claros”.

En cuanto al posible soborno, el caso versa sobre si Amador le hizo un pago indebido a un ejecutivo del grupo sanitario Quirón de forma camuflada. La operación bajo lupa se produjo en diciembre de 2020, cuando Amador compró a la esposa del ejecutivo una empresa que, según los indicios recabados por la jueza, no valía esos 500.000 euros. La dueña es una farmacéutica, Gloria Carrasco, que había montado años antes otro negocio paralelo de estética, Círculo de Belleza SL.

Qué alega Amador

La empresa carecía de trabajadores o activos, pero Amador aduce que Círculo contaba con un contrato que le iba a permitir desarrollar un proyecto para que las farmacias ofrecieran una atención segura en tiempos de covid. No obstante, tras adquirir Círculo, Amador nunca desarrolló ese supuesto plan y, en su lugar, usó esa sociedad para simular operaciones con su otra empresa de consultoría, Maxwell SL, y así pagar menos impuestos, según concluyó Hacienda.

Las acusaciones sostienen que la verdadera razón de esa compra pudiera ser el pago de una comisión oculta al esposo de la farmacéutica, Fernando Camino, que es el ejecutivo de Quirón que desde 2017 ha contratado a Maxwell, la principal consultora de Amador.

Es muy llamativo que la compra de Círculo en diciembre de 2020 se produjo meses después de que Amador recibiera unos ingresos extraordinarios de 1,9 millones de euros por intermediar en una operación de venta de mascarillas, también relacionada con Camino. El ejecutivo de Quirón es consejero de Mape, la empresa compradora de los cubrebocas.

La acusación sospecha que meses después de ese “pelotazo”, Amador devolvió el favor a Camino de forma soterrada, comprando por un precio desproporcionado la empresa de su mujer. Los indicios de que esa era su intención se ven reforzados por una operación previa entre Camino y su esposa. En septiembre de 2020, el ejecutivo vendió su participación del 20% en Círculo a su mujer por un precio muy inferior al que tres meses más tarde ella se lo revendió a Amador, quizás para eliminar pruebas del verdadero propósito de esa compra.