Los másteres sin control de quienes nos toman por tontos

Cada vez que un político español es señalado por conductas irregulares intenta explicarse públicamente tomando por tontos a los administrados. El caso más sangrante y que la justicia investiga es el del presidente del PP, Pablo Casado. Llegó a decir que para obtener el título de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) no se le exigió ni acudir a clase ni hacer exámenes. Entonces, ¿qué hizo? En un país con tan alta proporción de universitarios (por encima de la media europea) son demasiados los que conocen los procedimientos de la enseñanza superior, razón por la cual suenan también extravagantes las explicaciones de la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, y la actual ministra de Sanidad, Carmen Montón. Extravagantes y poco convincentes.

El caso de Montón es nueva y golosa munición para la refriega política, pero es mucho más trascendente para el sistema educativo español. Ayer mismo, Pilar Aranda, vicepresidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), pretendió tranquilizar a los ciudadanos asegurando que lo ocurrido en la URJC es “una práctica aislada” y que el sistema, riguroso y transparente, dispone de “mecanismos de control”. Pero creerla obliga a hacer un acto de fe.

Ahora sabemos —gracias a investigaciones periodísticas y no a controles internos— que el Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC llevaba diecisiete años impartiendo másteres en los que presuntamente se falsificaban firmas, se cambiaban las notas arbitrariamente, se convalidaban asignaturas de forma irregular y se regalaban títulos a la gente importante. Y todo ello, sin fiscalización alguna, gracias a la dispensa otorgada al IDP por el entonces rector Pedro González Trevijano, hoy magistrado en el Tribunal Constitucional. ¿De qué controles habla Aranda? ¿Basándose en qué creer que este era el único agujero negro del sistema?

La CRUE ha prestado inspectores propios para investigar todo lo ocurrido en el IDP. El propio ministerio tiene su agencia de evaluación y acreditación, ANECA. ¿Meses después del caso Cifuentes, no habían detectado el caso Montón? Defender a la universidad pública es también investigar lo ocurrido y dar a conocer el resultado de una indagación realizada con el dinero público. Eso es transparencia. De no hacerlo, el daño es doble al quedar en entredicho una institución y, de paso, esos mecanismos de control que no funcionaron y no defendieron, por tanto, el prestigio y el valor de los títulos de los que sí estudiaban, acudían a clases, se examinaban y elaboraban de verdad su tesis final.

Los recortes educativos han perjudicado a nuestro sistema, aunque, como explicaban los expertos este lunes en este peródico, no solo importa cuánto se invierte; también el cómo. Las cosas mejorarían mucho si unos cuantos responsables de la docencia y el control hicieran bien su trabajo.

De los políticos —los tres señalados son universitarios— que se dejaron agasajar con un título académico solo cabe decir que son solo una parte de la historia, pero que no deberían ocuparse de gestión pública alguna. Ah, y que no nos tomen por tontos.