El futuro será sostenible o no será

Un desafío inminente. “Si seguimos a este ritmo, un planeta no va a ser suficiente. En 2050 seremos 9.000 millones de personas en el mundo. El 80% viviremos en ciudades, el 50% de las cuales aún no se han construido. La generación de residuos va a aumentar un 70% de aquí a 2025”, enumera Daniel Calleja, director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea. “Afortunadamente, tiene solución”. Ante el desafío ecológico, Europa ha decidido abandonar la economía lineal, en la que se produce, se consume y se tira, y encaminarse hacia un modelo circular en el que se apuesta por la mínima extracción de materias primas y el máximo aprovechamiento de los residuos. Se trata de un cambio transversal y global que también han reflejado los ­Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU para 2030. Uno de ellos es garantizar la producción y el consumo responsables.

“La ‘fast fashion’ es insostenible: producir, consumir y tirar. Hay que alargar al máximo la vida de las prendas”

Para Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), la fórmula de un mundo mejor pasa por una receta esencial: “Consumir de otra manera”. La consultora GlobeScan realizó en 2016 un estudio en 21 países en el que identificó que los consumidores aspiracionales son ya un 40% del público global (un 37% en España). Les gusta comprar, pero de una manera responsable, y apuestan por marcas que mejoran la sociedad. Un 47% de ellos son millennials (entre 20 y 36 años), un 37% pertenecen a la generación X (entre 37 y 56). “Hay sectores que van a tirar del resto porque afectan a nuestra salud. Primero serán la alimentación, porque somos lo que comemos, y la movilidad, por la gran contaminación de las ciudades. Después llegarán otros, como el de la moda, por su ­impacto social y medioambiental”, explica Viñuales. Pero aunque el consumo responsable crece en España, el director de ECODES advierte que, si se compara con el de otros países, no sale tan bien parado. El año pasado, por ejemplo, crecieron un 82% las matriculaciones de coches eléctricos, pero fueron tan solo un 0,7% del total frente al 2% de China o el 37% de Noruega. Algo parecido sucede con los productos ecológicos. Su consumo creció en 2017 un 14%, pero solo un 42% de los hogares españoles los compra frente al 80% de la media europea.

“No se cambia de la noche a la mañana de un modelo enormemente despilfarrador a uno eficiente y compatible con los límites planetarios. Pero no tengo la menor duda de que se va a producir un cambio. Ya estamos viendo los primeros síntomas. Por ejemplo, que los fondos de inversión se hayan organizado para vigilar la descarbonización de las 100 empresas más contaminantes del mundo”, afirma Teresa Ribera. La ministra para la Transición Ecológica ha apostado en Bruselas por adoptar objetivos de energías verdes ambiciosos que finalmente se han marcado en un 32% del total para 2030. Las renovables serán claves para reducir las emisiones de CO2, que el pasado año ­aumentaron un 4,46% en España. Los dos mayores Ayuntamientos del país ya han dado pasos en este sentido. Madrid, contratando únicamente energía verde; Barcelona, creando la mayor eléctrica pública del Estado: Barcelona Energía.

Desde la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja recalca la importancia de que la Administración apueste por la compra de productos y servicios sostenibles. También destaca la oportunidad que la economía circular representa para las empresas. “El objetivo es desvincular el crecimiento económico del uso de los recursos naturales y la contaminación. Es un modelo con el que se estima que las empresas pueden facturar un 8% más”. Según la Organización Mundial del Trabajo, hasta 2030 esta nueva economía verde destruirá 6 millones de empleos en el mundo y creará otros 24 millones. En palabras del secretario general de la ONU, António Guterres, “el tren de la sostenibilidad ha dejado la estación. Suban a bordo o quédense atrás. Los que no apuesten por la economía verde vivirán en un futuro gris”.

Repensar el consumo. La cinta mecánica se pone en funcionamiento a las seis de la mañana. Abrigos, chaquetas, pantalones y algún que otro biquini empiezan a circular por ella. A esta fábrica de reciclaje de ropa cercana a Barcelona, la más grande del sur de Europa, hay días que llegan hasta 60.000 kilos de residuos textiles. La planta está gestionada por la ONG Roba Amiga y todos sus trabajadores son personas con complejas historias individuales a sus espaldas que esperan reinsertarse en el mercado laboral con este empleo. Las prendas se seleccionan una a una. Un 65% se volverá a poner a la venta en tiendas de la organización en España y en países del Tercer Mundo, un 30% se reciclará en otros materiales textiles y solo se desechará un 5%.

En tres años han duplicado su volumen. En 2018 superarán las 10.000 toneladas recogidas entre sus contenedores de Barcelona y Tarragona y lo que les envía Cáritas del resto de España. También las grandes firmas donan partidas que no pueden vender porque, por ejemplo, tienen una tara. Según datos de la Asociación Ibérica de Reciclaje Textil, en España se desechan 1.000 millones de kilos de ropa cada año. De ellos, solo se recicla un 10% o un 15%. El compromiso con la Unión Europea es llegar a un 50% en 2020. “Los contenedores cada vez se llenan antes y sin embargo sigue habiendo un estigma a la hora de comprar ropa de segunda mano”, explica Rafael Muñoz, director comercial de la ONG. Viste una elegante camisa de flores que un día fue rescatada de un contenedor. “La fast fashion es insostenible. Producir, consumir y tirar. Nosotros queremos alargar al máximo la vida de las prendas”.

Entre 2007 y 2015 se redujo el gasto en ropa de los hogares españoles, pero se mantuvo el número de nuevas prendas, 34 al año. “El sistema de producción se nos ha ido de las manos: en el resto de industrias se gestionan los residuos, y en la moda, la segunda más contaminante del mundo, no hay un plan estratégico”, resume María Almazán. Esta empresaria de 38 años fundó en 2014 Latitude. La idea era crear un sistema de producción industrial alternativo con el que dar servicio y asesorar a grandes y pequeñas firmas que quieren ser más sostenibles. Colaboran con una red de talleres gallegos y tienen un catálogo con unos 700 materiales responsables. Almazán asegura que el cambio llegará, que las grandes compañías son conscientes del problema aunque los pasos se estén dando con gran lentitud. “Las marcas tienen que entender que los beneficios con los que se ha estado funcionando en moda son un exceso, hay que hacer un replanteamiento. Son márgenes que se pueden permitir para valorar el impacto social y medioambiental”.

Antes de fundar Latitude, Almazán había trabajado durante cinco años para una gran empresa de moda controlando la producción en Asia. Hasta que un día decidió plantarse, tenía que haber otra manera de hacer las cosas. Esa misma convicción fue la que empujó a Mireia Barba, de 43 años, a dejar su empleo para luchar contra el despilfarro alimentario. En Espigoladors, la empresa que fundó en 2014, organizan grupos de voluntarios para recoger excedentes agrícolas o frutas y verduras feas que no se van a poder comercializar. Un 90% de lo recolectado va a comedores sociales y con el resto elaboran cremas, mermeladas, salsas y conservas bajo el sello Im-perfect. Así han salvado unas 400 toneladas de alimentos. “Empezamos visitando con una furgoneta a los agricultores. Ahora colaboramos con una red de 80 productores locales”, cuenta Barba en la cocina del obrador que la empresa tiene en Barcelona. A sus pies se apilan varias cajas de alcachofas. Tres trabajadores limpian a mano las hortalizas para preparar paté con ellas.

En España se desperdician 7,7 millones de toneladas de alimentos al año, según la Comisión Europea. La aspiración es reducir esta cifra a la mitad para 2030. Un 42% de este despilfarro se genera en los hogares. Otro grave problema cuando se habla de sostenibilidad en este sector es la contaminación de la producción de carne que se emite en España: el 73% del CO2 de toda la industria alimentaria, según datos de la ONG VSF. “Reducir el consumo de carne tiene ventajas para la salud y el medio ambiente. Se puede sustituir por legumbres, que son 10 veces menos impactantes. Si además consumimos vegetales locales y de temporada, cubrimos prácticamente el impacto ambiental de nuestra dieta”, resume el nutricionista Aitor Sánchez. Pese a que España es el país con mayor extensión de cultivos ecológicos de Europa, el consumo de estos productos no está extendido. El mayor freno sigue siendo el precio. Un solo yogur ecológico puede llegar a costar lo mismo que ocho de marca blanca.

“El consumidor está pagando dos hipotecas: la que tiene con el banco y la que tiene con la energía”

Solo hay un aspecto en el que los españoles invierten más que en alimentación. La vivienda acaparó el pasado año un 30% del gasto de cada ciudadano. “El consumidor debe saber que vive en una casa superine­ficiente, que realmente está pagando dos hipotecas: la que tiene con el banco y la que tiene con la energía”, advierte Sara Velázquez, de VArquitectos. Este estudio proyectó el primer edificio de viviendas con el certificado Passivhaus en España, situado en Pamplona. El sello avala la eficiencia energética que se alcanza con un buen aislamiento de la envolvente y cuidando todos los puntos por los que puede escapar la energía, como las ventanas. De esta manera se consigue que, con un gasto mínimo en calefacción en invierno, la temperatura esté todo el año entre los 21 y los 25 grados. Un edificio pasivo consume menos de 15 kW/m2 al año, frente a los 200 de una vivienda con una calificación energética D, la más extendida.

A partir del 31 de diciembre de este año todos los edificios públicos que se construyan en Europa deberán ser de consumo casi nulo; en el caso de la vivienda, este plazo se amplía hasta el 31 de diciembre de 2020. Velázquez explica que la diferencia de costes con la construcción tradicional es mínima y la inversión se recupera entre los 5 y los 10 primeros años. Cita un estudio de la fundación La Casa que Ahorra que demuestra que es más rentable invertir en la rehabilitación de la vivienda que en un plan de pensiones. Una reforma de este tipo puede alcanzar los 15.000 euros, aunque existen ayudas del IDAE y de algunas Comunidades que pueden llegar a sufragar la mitad del coste. “El siguiente paso serán las casas de huella de carbono cero, construidas con materiales que han causado las menores emisiones posibles y que consumen lo mínimo”, explica. Este tipo de viviendas suele incorporar además sistemas de producción de energía.

El autoconsumo representa en España tan solo un 0,01% del total, según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). “Es legal y rentable. El impuesto al sol solo se aplica a instalaciones con una potencia superior a 10 kW, y todas las que ponemos nosotros, incluso en casas unifamiliares grandes, son de 3 y de 4 kW”, cuenta Carlota Pi, cofundadora de HolaLuz, una compañía eléctrica que solo ofrece energía renovable. Tienen 135.000 clientes en toda España y desde julio dan servicio al Ayuntamiento de Madrid. “Acabamos de empezar y ya ponemos dos instalaciones al día. Creemos mucho en el autoconsumo y en su evolución, la generación distribuida”. Para la empresaria, el siguiente paso es que los clientes con placas fotovoltaicas se conviertan en productores-consumidores que en algunos momentos cederán la energía que les sobra y en otros recibirán la que les falta. Una instalación de este tipo cuesta entre 5.000 y 10.000 euros, según su tamaño y dependiendo de si se colocan baterías para almacenar energía. Pi asegura que la inversión se recupera antes de 10 años. “El cambio de modelo lo impondrán los ciudadanos. La energía renovable no es una opción, es la solución”.

Hacia la economía verde. Hace ya 18 años de aquella noche de junio en la que desaparecieron todos los contenedores de basura en Tiana. En su lugar se empezaron a ver unos pequeños cubos marrones junto a las puertas de las casas. La localidad catalana fue la primera de España en implantar la recogida de residuos puerta a puerta. Se retira la materia orgánica y el “resto” (todo aquello que no se puede aprovechar). “De un día para otro pasamos de reciclar el 20% de la basura al 80%”, resume Xavier Doñate, concejal de Medio Ambiente y presidente de la asociación de pueblos catalanes con este sistema. Él fue el precursor de esta idea tras un viaje que realizó al norte de Italia para conocer este método. Este año llegarán a ser 200 localidades y se está haciendo una prueba piloto en el barrio de Sarriá en Barcelona. Existe también algún municipio con este método en Baleares, País Vasco y Madrid. Doñate comenta que el puerta a puerta ha hecho que los vecinos de Tiana estén cada día más implicados con el medio ambiente. “La concienciación empieza desde pequeños. La escuela del pueblo es una escuela verde”, explica Marta Martorell, vecina de 39 años de Tiana. Sus hijos de 9 y 7 años llevan cada día al colegio el bocadillo envuelto en una tela plastificada que se lava y se vuelve a usar. Los envoltorios de un solo uso están prohibidos.

En 2020 la Unión Europea quiere que todos los países reciclen la mitad de sus desechos urbanos. Un objetivo difícil de lograr para España, que hoy día se encuentra en el 29,7%. No alcanzar esta meta saldrá caro. Los Estados pagarán 80 céntimos por cada kilo de plástico no reciclado. Se estima que con esta medida se podrán recaudar unos 7.000 millones de euros entre 2021 y 2027. Los expertos coinciden en que se debería empezar a separar la materia orgánica, que representa un 40% de la bolsa de basura, e implantar el pago por generación. “De esta manera, el que genera más paga más, y el que recicla, menos. Se establece una tasa fija en función de la vivienda y sus ocupantes, y una variable según los residuos que generen. Este sistema se utiliza en ciudades como Bruselas. ¿Por qué no se puede hacer aquí?”, se pregunta Anabel Rodríguez, directora de la Fundación para la Economía Circular.

La gestión de los residuos representa un 27% del empleo verde en España y solo en 2017 la contratación en este sector creció un 16%. Pero no solo se generarán puestos en actividades directamente relacionadas con el medio ambiente como el ecodiseño. Según anunció el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, la economía circu­lar creará 52.000 empleos en España en dos años. En este nuevo modelo, el crecimiento económico se asocia a los beneficios sociales y para el medio ambiente. El PIB ya no es suficiente para medir el progreso, como demuestran los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU o el indicador Better Life Index de la OCDE. “Mientras se aspire solo al crecimiento del capital y no al bien común de todos no se está haciendo economía, sino crematística (el arte de enriquecerse). El capital es el medio, no el fin”, defiende Christian Felter. Este economista austriaco ha creado el Índice del Bien Común, que ya han adoptado unas 500 empresas de todo el mundo, en el que al balance financiero se suma uno ético.

Otro estándar que mide la implicación de las empresas es la certificación B Corp, que mide la responsabilidad social corporativa de las compañías. Unas 2.500 firmas cuentan con ella en el mundo, 50 en España. La mayoría, negocios pequeños e incipientes. Solo hay una empresa de gran consumo en el país que lo haya conseguido: Danone. La compañía ha certificado sus cuatro plantas españolas de yogures. La factoría de Tres Cantos (Madrid) es la más eficiente de la marca en Europa. En ella se elaboran 170.000 toneladas de producto al año y ni un solo residuo, todo se recicla. “En los últimos años, con un aumento del 30% de la producción, hemos reducido el consumo eléctrico un 35 %, el de gas un 28% y un 25% en agua”, enumera con orgullo Juan Carlos Esteban, responsable de nuevos proyectos de proceso y energía de la planta madrileña. Esteban pasea por el edificio explicando cómo han ido poco a poco ahorrando recursos en cada paso de la cadena de producción de la fábrica. Han dejado, por ejemplo, de utilizar la caldera más grande de las dos que tienen en sus instalaciones. Como han reducido su consumo, con la pequeña les basta y les sobra. Toda la energía que utilizan proviene de fuentes renovables y el próximo año van a instalar placas solares en el tejado. La división de lácteos redujo entre 2008 y 2017 un 40% su huella de carbono. La mitad de todas sus emisiones proviene de las vacas (colaboran con unas 300 ganaderías de toda España).

B Corp también tiene en cuenta a la hora de otorgar su certificado la calidad de vida de los trabajadores. Una dimensión que cada vez más empresas miman, aunque no cuenten con este sello. Desde el fomento del reciclaje, la alimentación saludable de sus empleados o el uso de medios de transporte sostenibles para acudir a trabajar. “La ubicación de las oficinas es fundamental. Tiene que haber una gran variedad de transporte público”, resume Louise Matthew, responsable del diseño de las oficinas de Bacardi en todo el mundo. El pasado año la compañía de bebidas espirituosas trasladó a sus trabajadores desde una de sus sedes en un polígono en Mollet del Vallès hasta un edificio en el centro de Barcelona. La mayoría de los materiales utilizados en la reforma y el mobiliario de la oficina son sostenibles. “La industria debe implicarse porque también les va a reportar beneficios a ellos. Serán más competitivas y reducirán costes”, asegura Anabel Rodríguez desde la Fundación para la Economía Circular. “Hay que ponerse a trabajar. Cada uno en su papel, pero todos a sumar. Ciudadanos, empresas y Gobiernos. El planeta no nos puede esperar más”.