Los ultrarricos y la justicia fiscal

Después de 10 años de crisis, ya tenemos ganadores. Acabamos de conocer que el número de ultrarricos en España que declaran patrimonios superiores a los 30 millones de euros casi se triplicó entre 2006 y 2016. Y, en paralelo, nos satisface escuchar al nuevo Gobierno del PSOE afirmar que los recortes en gasto e inversión pública han terminado. Lástima que, al mismo tiempo, se haya comprometido con la Comisión Europea a seguir manteniendo una senda de reducción del déficit incompatible con las necesidades sociales. Algo no cuadra.

El Gobierno está presumiendo de aumentar el techo de gasto 5.230 millones respecto a 2018, pero oculta que son 4.000 menos que los que el PP fijó en 2015. Entonces, tanto Izquierda Unida como el propio PSOE se opusieron. Y, analizando las partidas por separado, la propuesta del Gobierno resulta inaceptable: el presupuesto de 2018 en Educación es un 21% inferior al de 2010; el de Sanidad, un 31% inferior; el de Fomento cae un 54%... Desde Izquierda Unida y nuestros socios parlamentarios en Unidos Podemos y las confluencias, creemos que no hay excusa para no incrementar y desarrollar nuestro exiguo Estado social.

Si se quiere dar la vuelta a las políticas austericidas y eso es lo que dice buscar el nuevo Gobierno del PSOE, entonces el techo de gasto del año próximo debe elevarse sustancialmente. Sólo así podrían incluirse en los presupuestos del Estado los recursos necesarios para recuperar todo lo que nos ha sido arrebatado en los últimos años.

Financiar el incremento del gasto y la inversión social no es una quimera porque vivimos en un país en el que recaudamos ocho puntos porcentuales del PIB menos que la media de la Unión Europea, fundamentalmente porque un puñado de privilegiados acumulan ventajas fiscales que ruborizan a cualquier observador imparcial. Es ineludible poner fin de manera inmediata a esto con medidas como combatir con más energía el fraude fiscal, incrementar la presión fiscal a las grandes empresas, eliminar los privilegios que tiene la Iglesia Católica o las Socimis, equiparar los tipos de las rentas del ahorro a los del trabajo, aplicar un impuesto extraordinario a la riqueza de los más adinerados, crear un impuesto a las transacciones financieras, o gravar adecuadamente a las empresas tecnológicas y otras transnacionales evasoras de impuestos.

Todas estas medidas afectan a muy poquita gente —en torno al 3% de los contribuyentes— pero beneficiarían al 100% de la población. Por eso defendemos que, para asegurar la financiación de los servicios públicos, debe hacerse mediante un reparto justo de las cargas para los distintos grupos de contribuyentes, reforzando la progresividad en la recaudación.

Es la hora de rescatar a la gente. Solamente hace falta voluntad política.

Carlos Sánchez Mato es responsable de Políticas Económicas de IU.