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Excepción con lazos

El independentismo, al cerrar el Parlament, lleva la fractura a la calle

Lazos amarillos en un edificio de la plaza de Urquinaona de Barcelona.

Los lazos amarillos pueden acabar encendiendo la chispa que inflame la tensión social generada por la pretensión de imponer por vías de hecho el programa de la independencia a la mayoría de catalanes que lo rechaza. Es perfectamente legítimo que quien así lo quiera lleve un lazo como signo de protesta, pero colocarlos en plazas y avenidas no es un ejercicio de la libertad de expresión, como sostiene la Generalitat para justificar su parcialidad, sino el cumplimiento de las consignas que el Govern imparte a los ciudadanos encuadrados en organizaciones independentistas, de los que se sirve como si fueran fuerzas espontáneas para limitar la libertad de quienes disienten. A fin de presentarse como víctimas del Estado central, Torra y su Ejecutivo fingen ignorar que son ellos quienes ostentan el poder en Cataluña, y que es ese poder el que están usando con formas impropias en democracia, imponiendo una simbología política a quienes la rechazan e intentando amedrentarlos a través de las fuerzas policiales a su mando, a las que empujan a actuar de manera selectiva y arbitraria.

Las gruesas invocaciones al fascismo cercando a una pequeña nación son el recurso con el que Torra pretende desentenderse por elevación del grave problema entre catalanes que él mismo está creando con la excusa de los lazos. Lo que hoy está en juego en Cataluña no son batallas del pasado agitadas como señuelos emocionales para sentirse parte de la historia, sino asuntos políticos tan corrientes como que un Gobierno rinda cuentas de su gestión de orden público, sobre todo cuando parece más preocupado por asignar a conveniencia el papel de víctimas y culpables que por arbitrar soluciones capaces de conjurar los riesgos. El independentismo que gobierna la Generalitat no solo no las rinde, sino que, además, se ha preocupado de que no haya instancia institucional donde reclamárselas, al clausurar el Parlament por diferencias internas entre los partidos que apoyan la secesión e instalarse en una suerte de estado de excepción no declarado.

La Generalitat está arrojando a las calles asuntos con los que inflamar los ánimos de los ciudadanos, indiferente a los peligros de jugar con fuego con tal de alimentar su programa. De lo que se trata, por el contrario, es de reconducirlos a las instituciones y resolverlos mediante los procedimientos establecidos en las leyes, a fin de preservar la tranquilidad civil. La de Cataluña estará en peligro en tanto la Generalitat siga actuando como lo ha hecho hasta ahora. Su rechazo a participar en la Junta de Seguridad convocada por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no esconde el deseo de preservar sus competencias en materia de orden público frente a ninguna intromisión del Estado central, sino la voluntad de seguir exacerbando la división entre catalanes de modo que la mayoría desista de sus derechos y se rinda a una imposición de la independencia. De igual manera, la anulación del control del Govern manteniendo cerrado el Parlament es un intento de perpetrar en la sombra este atropello. Pero ninguna de estas maniobras impedirá señalar a Torra y sus consellers como responsables si algo irreparable llega a ocurrir entre catalanes.

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