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No solo Trump en EE UU detiene y deporta a niños migrantes, también México. Y a miles

Miles de menores centroamericanos dejan sus países por la violencia y la pobreza, pero en la ruta migratoria hallan amenazas como la separación de sus familiares y la expulsión

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Jason (nombre ficticio) sale en su bicicleta de la casa de su madre en Chimaltenango, Guatemala el 29 de abril de 2018. Mary y su hija, Sami, de 12 años, y su hijo, Jason, fueron deportados de Texas en enero de 2018 después de haber vivido y trabajado en Estados Unidos varios años. Como los expulsaron por separado, estuvieron cinco meses sin verse. Unicef

Pilar* es una niña hondureña de 15 años. ¿Qué es lo más sorprendente que le ha dicho a su padre con esa edad? Nada de novios, ni de desear un móvil caro o de haber suspendido algunas asignaturas del curso escolar. No. Le dijo: "Papá, tenemos que dejar el país porque una banda quiere matarme". Se refería a Barrio 18, que junto a la Salvatruchas, está considerada la más peligrosa de América Latina. Pilar y su familia residen desde el pasado abril en Ciudad de Guatemala, donde han solicitado asilo.

Pilar y otros miles de menores centroamericanos no están seguros en casa por todo un rosario de razones, pero marcharse al extranjero tampoco supone una garantía. A pesar de ello, 82.000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador tomaron esta decisión en el último año, según la Organización Internacional de las Migraciones. Un nuevo informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), realizado con datos e historias de niños migrantes de estos tres países, detalla las causas estructurales que los llevan a salir de sus hogares y propone soluciones que preserven su bienestar en el país de origen para ahorrarles pasar por esta experiencia, generalmente traumática.

Desarraigados en Centroamérica y en México, publicado este jueves, plantea medidas para que estos niños gocen de la mayor protección posible si finalmente se ven obligados a marcharse, pues las rutas que siguen, tanto si viajan solos como acompañados, está plagada de amenazas. Conseguir llegar al final del camino tampoco significa haber alcanzado el éxito debido al riesgo a ser expulsados o separados de sus familiares. Unos 63.523 migrantes de Centroamérica, incluyendo 10.756 mujeres y niños, fueron expulsados de los EE UU y México de enero a abril de 2018, un aumento del 39,4% con respecto al mismo período en 2017.

El número de solicitudes de asilo presentadas por personas de Centroamérica en los Estados Unidos también ha aumentado dramáticamente de 55.814 en 2016 a más de 130.000 el año pasado. "Nos encontramos con una situación que no es nueva, pero que se sigue cobrando decenas de víctimas", explica a EL PAÍS Marita Perceval, directora regional de Unicef. "Son niños y niñas que, al ejercer su derecho a la migración, acaban siendo víctimas de ella porque no es una migración alegre, es una huida de la pobreza y la violencia".

68.409 niños migrantes fueron detenidos en México entre 2016 y abril de 2018, el 91% de ellos fueron deportados a Centroamérica

Isabel* sabe de fracasos, pues fue dos veces deportada a su país de origen, El Salvador, cuando intentaba entrar en Estados Unidos. La primera vez, con 13 años, iba con su familia y los separaron. Ella acabó en un refugio infantil en México y, al cabo de un mes, la mandaron de vuelta a su país, pero no a sus padres, que sí lograron llegar a Virginia (EE UU).

Como le ocurrió a Isabel, muchas familias de migrantes con menores son interceptadas por las autoridades durante el tránsito y en los países de recepción, en este caso México y Estados Unidos, y los niños son separados de sus padres. Este acto representa una violación de derechos del niño y va en contra de su interés superior.

Un plan de acción para los niños desarraigados

No solo Trump en EE UU detiene y deporta a niños migrantes, también México. Y a miles

Con el fin de encontrar soluciones viables para proteger la vida y los derechos de los niños migrantes centroamericanos, Unicef ha realizado un llamamiento a los Estados miembros de las Naciones Unidas, gobiernos, aliados, organizaciones e instituciones públicas y privadas para llevar a cabo un plan de acción de seis puntos:

  1. Adoptar medidas para acabar con las causas estructurales de las migraciones, como el conflicto, la violencia y la pobreza extrema en los países de origen.
  2. Aumentar la calidad y cobertura de centros de acogida y otras modalidades alternativas a la detención de niños migrantes para acabar con esta práctica.
  3. Ayudar a que los niños migrantes que hayan sido repatriados se integren en sus comunidades y escuelas con atención especializada e individualizada como ayuda psicosocial, asistencia médica integral, educación nivelada, tutorías, etcétera.
  4. Implementar medidas para combatir la xenofobia, la discriminación y la marginación de migrantes en los países de tránsito, destino y retorno.
  5. Respetar la unidad familiar en el contexto de la migración, lo que implica permitir a las familias desplazarse juntas y reunir lo antes posible a las que han sido separadas, así como dar prioridad a los intereses del niño a la hora de evaluar una devolución a los países de origen.
  6. Evitar que se retorne a los niños a contextos en los que vean su integridad o sus vidas amenazadas e integrar equipos de atención psicosocial en las oficinas consulares, así como activar mecanismos de emergencia, como teléfonos de emergencia, para que los menores puedan denunciar cualquier abuso o pedir ayuda.

En abril de 2018, el mundo fue testigo de cómo las políticas de tolerancia cero del presidente estadounidense Donald Trump provocaron la separación de sus progenitores de 2.600 niños (102 menores de cinco años) en la frontera, muchos de los cuales siguen en esta situación. Pero esta práctica no es exclusiva de Estados Unidos. México, que también criticó la medida, lleva dividiendo familias desde 2014, cuando puso en marcha el programa Frontera Sur.

El resultado constatado por Unicef es que 68.409 niños migrantes fueron detenidos en México entre 2016 y abril de 2018, el 91% de los cuales fueron deportados a Centroamérica. Lo ha hecho pese a que el país ha firmado todos los tratados internacionales de ayuda a niños migrantes y dispone de una visa humanitaria para que estos opten a quedarse. Unos 96.216 migrantes del norte de Centroamérica, entre ellos 24.189 mujeres y niños, fueron retornados desde México y Estados Unidos entre enero y junio de este año; de ellos, más del 90% estaba en el primero. “En México hay una norma formidable: la Ley de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes, donde se contemplan los derechos de los menores migrantes y se reconoce la migración como un derecho humano”, recuerda Perceval. “También ha tenido un liderazgo ejemplar en el Pacto Mundial de las Migraciones, lo que pasa es que necesitamos derechos legales y reales. No es que falte ley, es que falta realidad”.

La ausencia de vías migratorias seguras debido al férreo control fronterizo de México y Estados Unidos lleva a las personas con menos recursos a elegir caminos peligrosos en los que niños y mujeres tienen todas las de perder. Desprotegidos y, a veces, solos, son atacados por contrabandistas, bandas organizadas y delincuentes que abusan de ellos, les roban, explotan e incluso matan.

Desde el punto de vista económico también es arriesgado: para evitar ser detenidos, muchos migrantes recurren a los llamados coyotes (traficantes de personas) para que los guíen por rutas alternativas. El viaje puede costar hasta 3.500 dólares por persona y 15.000 si hay que llevar a un menor no acompañado. Para pagar semejantes cantidades, el migrante debe vender sus pertenencias o pedir un préstamo y endeudarse. Y ni siquiera esto garantiza el éxito.

Cuando Isabel regresó a El Salvador, sus padres pidieron a una tía que se la entregara al mismo coyote que los había conducido a la frontera la primera vez, y la niña lo volvió a intentar: en esta ocasión, llegó hasta Ciudad de México. "Nos atraparon cuando estábamos saliendo. Me llevaron a un lugar donde la comida a veces tenía gusanos y moscas muertas", contó la adolescente a los autores del informe del Unicef. Después la volvieron a expulsar. Ahora tiene 15 años y no quiere repetir la experiencia pese a tener a sus parientes tan lejos. La reunificación familiar fue, de hecho, el motivo que empujó a marcharse al 28% de los salvadoreños encuestados por la organización. "Si una niña me dijera que va a emigrar, le diría que no lo hiciera porque, si la atraparan, sufriría mucho y no se harían realidad sus sueños", añadió la joven.

Quedarse no es una opción

En los países de origen, los menores se enfrentan a la violencia relacionada con las bandas, a la delincuencia organizada, la extorsión, la pobreza y el acceso limitado a servicios básicos como sanidad, saneamiento, alimentación adecuada y educación de calidad. Y no son pocos: un 74% de los niños hondureños viven en hogares clasificados como pobres, igual que un 68% de los guatemaltecos y un 14% de los salvadoreños. Por eso, escapar de la miseria y obtener una educación mejor para los hijos es una de las principales razones que llevan a familias enteras a emigrar. En Honduras, por ejemplo, solo el 28,1% de los adolescentes entre 15 y 17 años se matricularon en la escuela en 2017.

Tan importante o más que la pobreza es la violencia. Según la Fundación Insight Crime, en 2017 se registraron en El Salvador 60 homicidios por cada 100.000 habitantes y 365 niños fueron asesinados ese año. Esta tasa fue del 26,1 en Guatemala, con 942 pequeños muertos, y del 42,8 en Honduras, donde durante la última década se mata una media de un niño por día. Por comparar, la tasa de homicidios de España está en torno al 0,65. "América Latina y el Caribe es la región sin conflictos armados más violenta del mundo y es la que presenta las tasas más altas de suicidio adolescente. Un millón de niñas al año son víctimas de violencia sexual. Uno de cada cuatro menores asesinados en el mundo pertenece a la región", recuerda la representante de Unicef.

En 2017, 365 niños fueron asesinados en El Salvador y 942 en Honduras

Los responsables de estos índices de violencia son, en gran medida, maras como Salvatrucha o Barrio 18, la que amenazó a Pilar. Estas bandas cuentan en la actualidad con unos 54.000 miembros en Honduras, Guatemala y El Salvador, ejercen el control territorial de los barrios de forma violenta y obtienen su financiación mediante los chantajes y la extorsión.

Algunos niños son reclutados a la fuerza, otros se unen voluntariamente para protegerse a sí mismos y otros dejan la escuela para huir de ellas. "Muchas veces se cree en las maras como espacios de protección porque no estar en ninguna te deja al desnudo ante la violencia. Se presentan como los salvadores cuando en realidad perpetúan los esquemas de violencia", apunta Perceval. Así fue con Pilar. Su pesadilla comenzó cuando una compañera de clase se ennovió con un miembro de Barrio 18 y ambos intentaron convencerla para que se uniera al grupo y trabajara como prostituta para generar fondos, algo que ella rechazó. Entonces comenzaron las amenazas por parte de la alumna: "Me dijo que como yo no le caía bien y no quería vender mi cuerpo, les pediría [a la mara] que me mataran". Dicho y hecho: a partir de ese día comenzaron a seguirla. Hasta que Pilar habló con sus padres y estos decidieron marcharse a Guatemala.

Consecuencias psicológicas

Cuando tu vida corre peligro si te quedas en tu país y emigrar supone una amenaza igual de grave o incluso peor, ¿qué hacer? Si este es un dilema difícil de abordar para un adulto, para un niño resulta todavía más traumático. Más allá del riesgo de ser robado, maltratado o explotado, la detención y la separación familiar son experiencias que provocan en los pequeños un estrés tóxico que altera el desarrollo del menor a largo plazo.

La doctora Pia Rebello Britto, jefa de Desarrollo del Niño de Unicef, indica que estos episodios pueden desencadenar la liberación prolongada del cortisol, la hormona del estrés, que daña la funcionalidad cerebral. "Las funciones ejecutivas, la resolución de problemas y las habilidades sociales pueden verse alteradas", completa el doctor Luis Zayas, profesor de psiquiatría en Dell Medical School, en Austin (Texas, Estados Unidos). Este experto añade que las situaciones de estrés intenso también pueden provocar la aparición de enfermedades mentales graves.

Y hay otras consecuencias, como la estigmatización que sufren quienes son deportados: a los niños se les señala y acosa en el colegio, lo que acarrea dificultades para integrarse e incluso pueden padecer una depresión. En el caso de las niñas de El Salvador, Unicef ha identificado una forma "especialmente insidiosa" de estigmatizar: "Se piensa de ellas que han sido víctimas de violencia sexual durante su viaje y que, de algún modo, están mancilladas", afirma Nadine Perrault, representante de Unicef en el país. La pérdida de la infancia y la desconfianza por haber tenido que enfrentarse a episodios traumáticos, así como la amenaza de las maras —que los convierten en objetivos porque dan por hecho que tienen dinero—, son otros problemas comunes, según ha comprobado Unicef durante las entrevistas realizadas para su investigación.

“Sé de la solidaridad de España y América Latina con Unicef, pero realmente no damos abasto. Necesitamos multiplicar infinitamente las acciones para proteger a los niños y terminar con esta migración que parece un sueño y acaba siendo una pesadilla. Es un camino difícil, pero peor es la indiferencia”, advierte Perceval.

*Isabel y Pilar son nombres ficticios elegidos para proteger la privacidad de las menores.

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