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REPORTAJE

El Salvador, la muerte en cada esquina

Dos presos en un calabozo de la ciudad de Usulután.
Dos presos en un calabozo de la ciudad de Usulután.
La guerra ya pasó, pero en el país centroamericano la tasa de homicidios no deja de crecer. En uno de los lugares más violentos del mundo, los jóvenes pandilleros aterrorizan a una población que no espera casi nada. Fracasadas las estrategias de mano dura y de la negociación, las maras han retomado las calles y administran el caos.

Un joven yace muerto dentro de un pozo. Acercarse a menos de cinco metros obliga a taparse la nariz. Lleva sin vida un tiempo indeterminado y la peste se propaga con las pequeñas ráfagas del aire que agita el océano. En El Salvador, la violencia causa 20 muertes al día de media. Sin una solución a corto plazo, los 6,1 millones de habitantes de esta nación centroamericana viven bajo el yugo de las pandillas. Se las conoce como maras, apócope de marabunta, y las dos principales son Salvatrucha (MS) y Barrio 18 (dividida, a su vez, en otras dos: Revolucionarios y Sureños). Si perteneces a alguna, tu destino será aniquilar a la contraria y sobrevivir a sus ataques. Si no formas parte de ninguna, estarás aterrorizado por ambas. Como el chico de 16 años que cruzó por un lugar equivocado y acabó torturado y tiroteado dentro de un pozo. Su padre, el campesino Edwin Isaac, mira al vacío bajo la sombra de un árbol, lágrimas secas en las mejillas. “Es él, seguro. Huele a humano. Si fuera un animal sería más amargo, pero este es más dulzón”, masculla, acostumbrado a reconocer el olor de la muerte. El olor que expele su país.

Los que atemorizan al país son jóvenes que raramente pasan de la veintena. “No hay nada que hacer”, lamenta una vendedora ambulante.

El Salvador es una tierra de fronteras invisibles. De distritos dominados por pandillas que imprimen su poder en las paredes con sus dos números o sus dos letras: 18 o MS. Sus habitantes sortean a diario un destino azaroso que en 2015 mató a 6.659 personas y que en los primeros tres meses de 2016 registró 2.003, según el balance del Instituto Nacional de Medicina Legal. Un muerto por hora. La cifra más alta de su historia. El tejido social de esta región de volcanes está en erupción. Ha saltado por los aires. Y las cenizas no son de lava, sino de los crematorios y de los restos de cadáveres que jalonan este territorio, de una extensión equivalente a la de la provincia de Badajoz. La muerte se ha convertido en el desayuno habitual. Desborda a fiscales, sepultureros, médicos o policías y ha puesto en jaque a las autoridades.

Un registro en las celdas de la cárcel. A los presos se les coloca en los pasillos esposados y vigilados. A la derecha, varios policías enmascarados patrullan un barrio donde ha habido un tiroteo. / JAVIER ARCENILLAS

La tregua entre pandillas auspiciada en 2012 por el Gobierno del izquiedista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL) ha dado lugar a una realidad aún más trágica. En 2013, la cifra de homicidios fue de 2.513. En 2014, el fin del “acuerdo” elevó los datos a 3.912. Este año podría duplicarse. La inoperancia institucional y la mutación de los grupos armados han derivado en un pandillerismo 2.0. Juan José Martínez D’Aubuisson, antropólogo y autor del ensayo Ver, oír y callar. Un año con la mara Salvatrucha, explica cómo han evolucionado. “La tregua reconfiguró las células de las pandillas. Nunca antes habían tenido mandos y se formó una cúpula que daba órdenes y gestionaba la economía”, asegura este salvadoreño de 30 años dedicado a la investigación del crimen en la región. “Por primera vez, las bandas empiezan a tener de manera consciente una postura política porque fueron parte del tablero de ajedrez donde se jugaba el futuro del país”, añade. Al acabar este proceso se sintieron “ofendidos” y, también como algo novedoso, el Estado se volvió su enemigo. “Las pandillas, ni aquí ni en otro lugar, han tenido un conflicto con nadie. Eran como dos boxeadores: se pelean porque están enfrente. No hay otra razón. Por eso les da lo mismo estar en cualquier lugar del mundo”, aduce.

En El Salvador, donde los cuerpos en pozos, los padres mirando al infinito y el terror de la población es ubicuo, los ingredientes se dispusieron sobre la mesa hace tres décadas. La guerra civil que libró el país entre 1979 y 1992 causó 75.000 muertos y expulsó a toda una generación. La migración copó las ciudades de Estados Unidos, donde reside el 94% de salvadoreños en el extranjero. A finales del siglo pasado, los guetos formados en Los Ángeles derivaron en una deportación masiva. Y las bandas que habían cristalizado en las calles del destierro se instalaron por obligación –con otra lengua y sin una red familiar– en el país de sus ancestros. “Hemos tenido los bloques de la guerra fría, con los gringos experimentando en países de la región y grupos armados afines al socialismo; hemos sufrido una conflicto nacional de 15 años y unas medidas ultraliberales que han ampliado la brecha social. Todo esto nos dejó huérfanos, desgraciados y llenos de armas”, dice Martínez D’Aubuisson. “Las pistolas vienen de Estados Unidos y la violencia es cultural e histórica. Si se ha trabajado con el narco ha sido en menudeo de supervivencia. No somos un país que produzca, almacene y reparta droga como Guatemala, Honduras o México. Puede que haya algo de tránsito, pero es minúsculo”.

Una niña llora ante los féretros de las hermanas María Luna y Daysi, asesinadas por pandilleros en la violenta ciudad de Usulután.

“Es peor ahora que en la guerra”, afirma el excombatiente y político Joaquín Villalobos. Este antiguo dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, la guerrilla que luchó contra el Ejército en la contienda civil, cree que se ha pasado “de una violencia improvisada a una organizada, con unas reglas con las que los ciudadanos han aprendido a convivir”, y de ahí a una situación anárquica cuyos perjudicados no son los bandos contrarios, sino “la población en general, tanto de áreas rurales como urbanas”. “Este progreso tiene tres fases”, adelanta quien reside en Inglaterra desde hace dos décadas, después de abandonar el FMLN. Crítico con su grupo, analista de la situación de su país y asesor en ­conflictos internacionales como el de Colombia, explica: “La trayectoria empieza en los noventa, con una ausencia de control por la inestabilidad que dejó la guerra; sigue en la década pasada, con la conversión a algo de tintes delictivos y la propagación de la extorsión y las armas de fuego; y concluye con el imparable fenómeno de ­degradación y descomposición actual, a escala de catástrofe”. “Mientras no toque a las élites, parapetadas en sus torres de marfil, no habrá preocupación oficial”, sentencia por videoconferencia. Su antiguo grupo, del que fue el principal estratega, llegó al poder en 2009 con Mauricio Funes, tras cuatro legislaturas de gobierno conservador de la Alianza Republicana Nacionalista, y logró una segunda victoria en 2014 a cargo de Salvador Sánchez Cerén, el actual presidente.

Un policía patrulla por una zona controlada por la mara Barrio 18, en la capital. un mapa del país centroamericano con una máscara de calavera en el despacho de un forense. / JAVIER ARCENILLAS

Las políticas de represión que ambos presidentes han impulsado han tenido un efecto limitado. El Gobierno ha recurrido a la mano dura de otras épocas con medidas de excepción para dispersar a los reclusos y limitar las visitas, ha reforzado las patrullas militares, pero no ha logrado camuflar la alarmante cifra de 2.355 crímenes en los cuatro primeros meses del año ni el aumento de desa­parecidos. La policía exhibe reducciones en homicidios de hasta el 52% en abril respecto a enero –un descenso que los pandilleros atribuyen al alto el fuego indefinido que anunciaron en marzo–. Sin embargo, el transcurrir de los días en este país no dista del que existía en la guerra civil de los ochenta, a la que todos aluden con frecuencia. Antes del mediodía, los noticieros ya anuncian algún cadáver, algún hallazgo entre plantaciones, en cunetas, en fosas. No solo se trata de asesinatos entre pandilleros. Los ataques a las fuerzas de seguridad o las matanzas en autobuses y centros comerciales forman parte de este caos. Así lo certifica la tasa de 104 homicidios por cada 100.000 habitantes (17 veces la media mundial), que lo ha convertido en uno de los países más violentos del mundo y a su capital en el tercer puesto de las ciudades más peligrosas, por detrás de Caracas (Venezuela) y San Pedro Sula (Honduras). Una cifra que exhibe con deshonra el fiscal Israel Antonio Ticas, al que espera la policía en la escena del pozo.

“Mientras no toque a las élites, parapetadas en sus torres de marfil, no habrá preocupación oficial”, dice un analista, político y excombatiente.

Este “abogado de los muertos”, como lo han apodado los medios de comunicación locales, se ha pasado 28 de sus 52 años “estudiando el suelo”. Parte de lo que ha encontrado como arqueólogo forense (cráneos, miembros amputados, exterminios) decora las paredes de su despacho. “No buscamos cuerpos, sino evidencias”. Su misión es desentrañar las causas del asesinato. “Llevo más de 1.000 encontrados. Ejerzo de letrado, geólogo, antropólogo, arqueólogo y detective. No creo ni en Dios ni en el Gobierno, solo en la buena y la mala gente. Tengo tres amenazas directas y sé que voy a morir por arma de fuego. No tengo miedo. La muerte es como la vida: naces y te vas, no hay diferencia. Aquí es la lección más importante que aprendemos todos”, recita. “En la guerra había dos bandos y huías de la línea del frente para estar seguro. Ahora no se sabe quién es el enemigo. Solo por nacer en una colonia ya tienes unos contrincantes y una pandilla a la que someterte”.

Algo que no solo se palpa en los barrios o en la periferia. Cada metro cuadrado del país está controlado por alguna de las maras, incluidos los cascos históricos. Incluso las cárceles se dividen en tres grupos: las que albergan a miembros de la MS, las de Barrio 18 o las de presos comunes. La saturación es tal que muchos no pasan de los calabozos, de donde deberían salir al conocer su acusación. Estos se han convertido en ­celdas provisionales abarrotadas y perpetuas. Uno de los más activos –el de la ciudad de Usulután, al sur de San ­Salvador– muestra a sus últimos moradores en público cada mañana. En medio de un campo de fútbol para trabajadores, los nuevos inquilinos, detenidos en las últimas 24 horas, forman una fila para ser identificados por la prensa y conocer sus cargos. Responden lacónicos a las preguntas de los reporteros. “No vamos a dejar matarnos. ¿Qué más da? La gente se muere en todas partes”, ­justifica uno de ellos, MS, capturado la noche anterior por los halcones, una unidad especial que vigila las maras las 24 horas. “Somos una fábrica de muertos. Los que se producen hoy harán olvidar a los de ayer”, reflexiona un policía enmascarado mientras su escopeta choca con el suelo de la furgoneta a cada giro de volante. “Creo que hay un problema de falta de autoridad”, ­apostilla Cecilio Antonio Martínez, forense y parte de la cadena trófica que generan los cerca de 60.000 pandilleros del país y los más de 800.000 habitantes relacionados con ellos, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Dibujo de protesta contra la violencia en en el bulevar de los Heroes frente al centro comercial Metrocentro de San Salvador

Los que atemorizan al país son jóvenes que raramente pasan la veintena. “Por experiencia, porque no hay un censo de pandilleros, el fenómeno sigue siendo juvenil. Abarca de los 12 a los 25 años, aunque la mayoría no supera los 20”, explica el antropólogo Martínez ­D’Aubuisson. No vivieron la guerra, sino la emigración. Nietos de la guerra, hermanos de la desesperanza. Volvieron a un país desconocido. Con otras costumbres, e incluso sin progenitores que los acompañaran ni allegados en su lugar de origen. Ese desamparo sirvió de magma para las pandillas, también importadas de Los Ángeles. La falta de oportunidades en la nación, donde el 21% de los menores ni estudia ni trabaja, hizo el resto. “Para que las cosas cambien tiene que haber una participación de toda la sociedad. Las medidas han de ser más transparentes e inclusivas”, opina Antonio Rodríguez López, trabajador social que intercedió en la tregua y lo pagó con 37 días de cárcel acusado de tráfico de influencias, introducción de objetos ilícitos y agrupación indebida. “Se pasó de mediación a negociación sin aprobar prácticas de reinserción social, y los gatos callejeros siguen sin tener nada que perder”.

La violencia se ha democratizado y es difícil entablar una conversación sin que aflore la terrible coyuntura del país. La extorsión generalizada, conocida como el renteo que cada negocio, trabajador o vecino paga a las maras, el toque de queda implícito a partir de las seis de la tarde y unas muertes que han tocado techo pueden convertir El Salvador en un Estado fallido. La inversión extranjera es casi nula. En el primer trimestre de 2015 repitió como el país centroamericano menos atractivo para los negocios. Pocos ven salida, aunque se hable de prevención. “No hay nada que hacer”, resume una joven vendedora de pupusas, unas tortillas gruesas de maíz, en el mercado central de la capital. “No nos vamos porque no tenemos a dónde ir ni con quién dejar a nuestras familias”.