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La oportunidad de la ciencia

No hay mayorías para reformar la investigación, pero los métodos actuales se pueden mejorar

Protesta contra los recortes a la investigación en la Gran Vía de Madrid
Protesta contra los recortes a la investigación en la Gran Vía de Madrid

La ciencia española ha atravesado entre 2009 y 2018 uno de los períodos más difíciles de su historia. El Gobierno que se ha instalado recientemente incluye un Ministerio de Ciencia y Universidades. Nos tenemos que remontar al período 1979-81 para encontrar un Ministerio de Universidades e Investigación que, ciertamente, pasó sin pena ni gloria. En otros períodos, la Ciencia, junto con Educación o con Industria y Tecnología, había disfrutado de una atención particular de los poderes públicos que le había permitido desarrollarse hasta un cierto punto. La nueva estructura ha despertado sin duda expectación y sería una lástima que se frustrase.

Los datos que organizaciones independientes como la Fundación COTEC o la Confederación de Sociedades Científicas Españolas (COSCE) han presentado sobre la actual situación de la ciencia española dan un panorama ciertamente desolador. España tiene el récord en Europa de disminución de inversión en ciencia y tecnología en el período 2009-2016 y algo parecido ha ocurrido con las convocatorias de personal, con lo que el efecto sobre las nuevas generaciones ha sido devastador. Basta pasearse por los laboratorios europeos para darse cuenta del número de jóvenes científicos de nuestro país que llevan a cabo una investigación de calidad gracias a la formación que han recibido en casa.

Volver a encarrilar la ciencia y tecnología hacia un sistema eficiente y ambicioso puede requerir reformas de fondo y quizá no hay tiempo ni mayoría. Pero hay acciones que sencillamente implicarían deshacer decisiones administrativas de los equipos anteriores que solo han servido para poner trabas a una gestión eficiente de la ciencia. En otros casos bastaría cumplir la legislación vigente o aquellos compromisos que el Gobierno anterior había asumido pero no ejecutado. La experiencia ha demostrado que tratar de lograr pactos amplios puede servir solamente para disminuir planteamientos si una de las partes no está dispuesta a cumplir con lo pactado. Por ejemplo, la gestión de la concesión de proyectos y ayudas se lleva a cabo por parte de la Agencia Estatal de Investigación. En el acuerdo de investidura de 2016 se incluía su reforma siguiendo el modelo del Consejo Europeo de Investigación con separación de las decisiones científicas de las administrativas y evaluación internacional. Nada de esto se ha hecho hasta ahora.

Pueden revocarse decisiones administrativas de los equipos anteriores que solo han servido para poner trabas a una gestión eficiente de la ciencia

La necesidad de incorporar personal joven a nuestros centros de investigación y universidades es otra urgencia. Tampoco en este caso son necesarias grandes reformas para crear nuevos recorridos profesionales para los científicos huyendo del sistema funcionarial que ha demostrado de forma repetida no estar adaptado al trabajo de investigación. El conjunto de contratos Ramón y Cajal, I3, de investigador distinguido o las experiencias ICREA en Catalunya o Ikerbasque presentan alternativas que no necesitan de cambios estructurales pero sí aumento de dotaciones y mejoras en el sistema de evaluación.

La ciencia en el mundo, y también en España, se lleva a cabo principalmente en las universidades. La reforma de nuestro sistema universitario es urgente pero puede ser difícil en la situación política actual. Revolviendo en los cajones del ministerio se podrían encontrar informes sucesivos de comisiones de análisis, por ejemplo el de 2011. Quizá bastaría recuperar algunas de las ideas incluidas en estos informes. Urge también reconsiderar la función de los organismos públicos de investigación (CSIC; pero también INIA, CIEMAT, etcétera). Representan cerca del 50% de la inversión del Estado en investigación y el período que acabamos de pasar los deja envejecidos y desorientados. Puede ser una oportunidad para definir su función. El Estado tiene un mecanismo de evaluación de centros, el programa Severo Ochoa, que permitiría analizar aquellos que funcionan. Y hay formas de gestión en Catalunya y el País Vasco, e incluso en Madrid como el CNIO y el CNIC, que han probado su eficacia y podrían generalizarse donde fuera posible.

En las actuales circunstancias políticas ni hay tempo para muchas decisiones estratégicas ni mayorías para reformas de fondo. Pero la situación es demasiado crítica para no aprovecharla e iniciar un camino con ambición. Para ello sería necesario revertir algunas acciones administrativas, cumplir con la legislación vigente y utilizar de forma inteligente procedimientos existentes, emprender un diálogo con los sectores implicados para reformas en profundidad y recuperar como mínimo los niveles de financiación que existían hace casi diez años.

Pere Puigdomènech es científico.

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