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Solo los ingresos salvarán el Presupuesto 2019

No se van a cumplir los objetivos de déficit y se avecina una desaceleración que reducirá la recaudación

Maria Jesús Montero, ministra de Hacienda
Maria Jesús Montero, ministra de Hacienda

A estas alturas de la partida económica que juega el nuevo Gobierno, ya es posible —incluso útil— establecer algunas hipótesis para lo que queda de legislatura. 1. Este año no se va a cumplir el objetivo de déficit público comprometido con Bruselas (2,2% del PIB) y en 2019 (1,3%) tampoco. 2. Aprobar un Presupuesto para el año que viene va a resultar casi imposible, por el grave problema de los 84 diputados, por el enfadoso enredo de las peticiones de los prestadores de votos y por la evidencia de que la economía está desacelerando (este año quizá se consiga un crecimiento del PIB del 2,9%, aunque se acertará más apostando por una décima menos). 3. La suerte económica del equipo económico se va a ventilar en el ring de los impuestos. Hay que subirlos sí o sí, como era evidente en los dos últimos años del PP, y hacerlo de forma sustancial, no con las migajas desperdigadas que rebañaba Montoro.

El primer punto se explica casi por sí solo. Se supone que el acuerdo para revalorizar las pensiones con el IPC iba a costar unos 1.900 millones, pero quizá sea más caro, porque el IPC sigue al alza debido sobre todo al precio del petróleo —estará en torno a los 80 dólares barril este año—. La nueva política de permisos parentales también tiene un coste. Con una tasa de crecimiento menor, la recaudación se resentirá. Sería interesante comparar a finales de año cuál es la diferencia entre los ingresos presupuestados (inflados de forma sistemática por los Gobiernos de Rajoy) con los recaudados en realidad. El punto 2 remite, en síntesis, a una prórroga presupuestaria y a muchas dificultades para aplicar la política social que sugiere el nuevo Gobierno.

El punto 3 constituye la única puerta de salida del laberinto presupuestario, aunque, eso sí, de difícil acceso. Hacienda se propone —con buen criterio— actuar en el impuesto de sociedades, crear nuevos impuestos —terreno minado— y apretar las clavijas al fraude fiscal. Supongamos que se impone a las grandes empresas (más de 20 millones de facturación) una tasa real del 15% —la media de tributación en este segmento societario está en el 7,3%—; el Estado podría aumentar la recaudación por sociedades en unos 6.500 millones en un solo paso. Casi el doble del ingreso actual. Los créditos fiscales no desaparecerían, pero se aplazan (¿sine die?) por mecanismos inmediatos de ajuste que impiden una tributación menor. Los nuevos impuestos presentan perfiles más conflictivos; merecen comentario aparte.

La solución soñada es reducir el fraude fiscal. Pero esto es más fácil de decir que de hacer. Hacienda necesita más recursos (humanos y técnicos) para reducir de forma apreciable la evasión fiscal; y no se van a conseguir en menos de un año. La propuesta que está hoy sobre la mesa es conseguir 1.500 millones más de ingresos en 2019. Pero previamente hay que aclarar si ese aumento se hace sobre lo presupuestado o sobre lo realmente recaudado. La administración tributaria Rajoy aplicó el viejo truco de presupuestar siempre para el año siguiente una cantidad de ingresos arrancados al fraude fiscal inferior a la conseguida en el año de referencia. Así se cumplían siempre los objetivos. Habría que arriesgar en una intensificación de las inspecciones en las grandes empresas; son más difíciles de capturar, porque sus defensas legales están bien armadas, pero las deudas descubiertas suelen multiplicar por diez las de las pequeñas. La partida continúa.

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