Esta es la prueba del algodón

Tots a casa. El acercamiento de los dirigentes independentistas presos a cárceles catalanas es una triple prueba del algodón.

Lo es sobre la posibilidad de reconducir la deriva unilateral iniciada con el procés; sobre la capacidad del Govern de Quim Torra de volver sobre sus pasos y garantizar la institucionalidad; sobre el aguante del Gobierno de Pedro Sánchez ante las disonancias y disidencias que le acechan.

La prueba del algodón constituye un indicio de un cierto retorno al funcionamiento normal. Opera así: se limpia la baldosa (sucia) y se abrillanta con un algodón, para verificar que no quedan manchas.

Acercar es cumplir la ley penitenciaria (aplicando el artículo 17, proximidad a los hijos) en virtud de su reglamento (el artículo 31 otorga la competencia decisoria a Instituciones Penitenciarias).

La clave es pues cumplir la ley. Pero eso podía hacerse de forma cicatera, llevándoles a prisiones menos lejanas a sus domicilios, pero no catalanas: Zaragoza. O bien en la estela generosa del derecho penal humanitario forjado por Cesare Beccaria en De los delitos y las penas (1764): vean su epígrafe 27 donde propugna que estas se modulen con “dulzura” y no “crueldad”. Así.

El Gobierno ha decidido bien, pero no sin riesgo. Pues lo hace unilateralmente —en este caso con razón—, a pedalín, sin pactos bajo la mesa. Un capitoste socialista confesaba ayer a este columnista que “la única garantía es la reversibilidad de la medida, que en sí misma opera como válvula de seguridad”. Pero si la movida se aprovechase para desórdenes, pagaría un precio.

Su cálculo político implícito parece ser: prediquemos con el ejemplo, cumplamos la ley generosamente motu proprio, eso nos carga de razón, incentivará una emulación por parte de los indepes... Y si no es así, si no corresponden con lealtad, deberán pechar con la carga social de la prueba.

El acercamiento de los dirigentes presos conlleva un descomunal poder simbólico, por más que al sindicato de los insatisfacibles no le mueva un músculo.

Sobre todo porque la gestión penitenciaria en Cataluña está encomendada al Gobierno catalán (Estatut, artículo 168), una de las visualizaciones más contundentes de que la Generalitat es Estado español.

Así que corresponde a un Govern indepe el correcto desarrollo del internamiento de unos presos... de los que es heredero.

Más paradojas. El mismo cuerpo de Mossos que garantizará el orden en el exterior de esas cárceles, protegerá al antecesor de Torra en Alemania. Sí, a un fugado del Estado español, en tanto que Carles Puigdemont pide gozar de los beneficios legales de su condición de expresident.

Dando por sentado que el Govern debe actuar como leal guardián constitucional de los presos, queda el interrogante de si incentivará que las protestas y reivindicaciones de sus seguidores desborden un límite razonable.

Ese que deslinda la correcta expresión de un desacuerdo (con un texto del jefe del Estado, o de un embajador) de la torpe pataleta anti instituciones democráticas.