Claudicación sin dignidad

En el documental que coprodujeron las televisiones públicas de España y Francia sobre el rey Juan Carlos (y que TVE sigue sin emitir cuatro años después), el todavía jefe del Estado respondía así a la pregunta de cuál había sido el peor momento de su reinado: “Han sido 850 momentos terribles; los españoles asesinados por ETA en estos años”. Con los ojos brillantes, el Rey se quedaba mirando a cámara sin saber como acabar la frase.

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50 años de terrorismo, 853 víctimas mortales

Aurora Intxausti, periodista de EL PAÍS a la que ETA intentó asesinar en 2002, junto a su marido y a su hijo de 18 meses, ponía también ayer el dedo en la llaga en un artículo titulado Los olvidados. Hablaba de las víctimas y de una sociedad aterrorizada que “vivía sin querer saber qué les ocurría a sus vecinos y buscaba explicaciones a cualquier atentado”.

Cuando se van a cumplir 50 años de la primera víctima mortal de ETA (el Guardia Civil José Pardines, asesinado el 7 de junio de 1968), los líderes de la banda han declarado su disolución con el mismo nivel de mezquindad con el que han actuado durante cinco décadas: sin reconocer los errores ni el fracaso de su proyecto y, lo que es peor, sin pedir perdón a las víctimas y a sus familiares. Han claudicado sin dignidad, hablando de “cerrar el ciclo de violencia política” y de abrir una nueva etapa que avance hacia la independencia del País Vasco.

ETA empezó siendo una organización política, en seguida se convirtió en una banda terrorista despiadada y acabó siendo una forma de vida para cientos, o miles, de mafiosos que cobraban la extorsión y sembraban el terror por donde iban. Pero en 2011 no tuvieron más remedio que reconocer su derrota frente al Estado y anunciar el cese definitivo de su actividad armada. Desde entonces, han intentado sacar ventaja de su rendición, apoyados por supuestos mediadores internacionales (se media en los procesos de paz, no en la elaboración del relato) y por otras organizaciones nacionalistas y de la izquierda radical.

La banda ha desaparecido y hoy todos estamos algo mejor. Pero ni el Gobierno, ni los partidos políticos vascos y del resto de España deben conceder nada a cambio de una disolución tan indigna. Las 854 personas asesinadas por ETA y las más de 10.000 afectadas por su actuación criminal se merecen la firmeza del Estado para mantener su memoria e impedir cualquier tipo de impunidad a los bandoleros. Yo eché ayer de menos a los principales líderes políticos acompañando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su declaración institucional.