Columna
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Haití se olvidó de la justicia

El país no ha depurado las responsabilidades de una dictadura que costó 30.000 vidas

El presidente de Haití, Jovenel Moise, y el jefe del alto mando del ejército, Jodel Lessage, durante una reunión en el ministerio de Defensa.
El presidente de Haití, Jovenel Moise, y el jefe del alto mando del ejército, Jodel Lessage, durante una reunión en el ministerio de Defensa.ANDRES MARTINEZ CASARES (REUTERS)

Haití vive de la solidaridad internacional desde que fuera arruinado por las catástrofes naturales y las causadas por las tiranías, y la corrupción y desgobierno asociados a las sucesivas Administraciones. Esa dependencia externa hace más incomprensible el desprecio por el derecho internacional, y la ausencia de voluntad política de sus autoridades para acelerar el proceso abierto en 2008 contra los responsables de los delitos de lesa humanidad perpetrados entre 1971 y 1986. El tirano de ese período fue Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, heredero de François Duvalier (1957-1971), Papa Doc, el sátrapa fundacional.

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Argentina, Chile y otras naciones latinoamericanas revisaron sus dictaduras y depuraron responsabilidades con comisiones de la verdad, juicios y condenas; tres decenios después de la última, Haití todavía no lo ha hecho. La muerte de Baby Doc, el 4 de octubre de 2014, redujo el interés mediático por una causa camino de la evanescencia. Solo siete de los 17 acusados continúan con vida. Numerosas personas serían reos si hubiera auténtico interés en llegar hasta el final del procedimiento. Si bien la carencia de medios y la reconstrucción física del país entorpecen la instrucción, el nulo empeño, las interferencias políticas, y la resistencia de duvalieristas emboscados, han terminado por bloquear la causa.

La comunidad internacional movilizada hace ocho años para rescatar Haití del terremoto que mató a más 200.000 personas debiera exigir ahora que el poder ejecutivo y la justicia, cuyo margen de maniobra es limitado, cumplan con la obligación de recuperar la memoria y actuar contra la impunidad.

En 2014, el Tribunal de Apelación de Puerto Príncipe relanzó un expediente incómodo, mil veces postergado, y renacieron las esperanzas de las víctimas y organizaciones que las representan. El optimismo fue efímero. El silencio, la opacidad y la inoperancia pronto ocuparon el espacio debido a la aceleración de las indagaciones. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentó en marzo un informe de 60 páginas con una demoledora denuncia en sus conclusiones; caso Jean-Claude Duvalier y cómplices: en Haití, se persigue a los investigadores, no a los criminales.

El carácter emblemático de esta causa le confiere gran influencia sobre el resto de expedientes por los delitos de sangre cometidos en una nación que necesita reconstruir sus estructuras judiciales tanto como reponer los edificios demolidos en 2010. La FIDH insta a las autoridades a demostrar su compromiso con la cimentación de un Estado de derecho que conduzca hacia la independencia del poder judicial y dote al sistema de las herramientas necesarias para su trabajo. El llamamiento será retórico si la comunidad internacional se desentiende del juzgamiento de un período en el que 30.000 nacionales fueron asesinados o dados por muertos: cerca del 30% de la población de entonces. La corrupción fue tan escandalosa como los engendros anticomunistas que permitían la detención de los haitianos sorprendidos con un libro sobre marxismo, o tipificaban como conspiración las reuniones callejeras de más de dos personas.

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