Otra mirada

Las desavenencias que han surgido entre el Comisionado de Memoria Histórica y el Ayuntamiento de Madrid a propósito de un memorial en el cementerio de la Almudena vuelven a poner de relieve cuán complicada sigue siendo la relación de los poderes democráticos con el pasado de la Guerra Civil y la dictadura franquista. La disputa, en este caso, surge a propósito de la propuesta de incluir en dicho memorial los nombres de las 2.934 personas ejecutadas en ese lugar por las fuerzas franquistas entre 1939 y 1944. Los expertos han recomendado que el memorial sea anónimo, ya que entre los represaliados creen que hay chequistas y responsables de algunos de los crímenes que se produjeron en territorio republicano. Desde el Ayuntamiento argumentan que los nombres sirven para “socializar el conocimiento de las víctimas de la dictadura y de los resistentes a la misma”. ¿Qué debe hacer una democracia si entre esos nombres están los de algunos asesinos?

Han pasado ya más de ochenta años desde que se produjo el golpe de Estado contra la República, y luego la terrible guerra y la brutal represión franquista, y todavía no se ha encontrado la manera de pasar página. La disputa sobre el citado memorial sirve para ilustrar que a veces ni siquiera hay acuerdo entre los que procuran cumplir las disposiciones de la llamada Ley de Memoria Histórica.

Algo se ha hecho mal. Y todavía siguen pendientes de reparación y reconocimiento muchas de las víctimas del bando vencedor, se conservan excentricidades como una Fundación Franco, no se sabe qué hacer con el Valle de los Caídos, quedan aún nombres de célebres franquistas en calles y plazas. Hace unas semanas el Gobierno ejerció su derecho de veto y paralizó una reforma de la llamada Ley de Memoria Histórica que el PSOE presentó en diciembre de 2017. La iniciativa propone que se declaren nulos los juicios celebrados por el franquismo —lo que permitiría reclamaciones de patrimonio—, que el Estado se ocupe de localizar y exhumar los restos de más de 100.000 represaliados o retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos, entre otros puntos. El Gobierno considera que harían falta unos 214 millones de euros para aplicar las propuestas, y es un gasto que no está dispuesto a hacer.

El conflicto está de nuevo servido. Lo difícil de gestionar un pasado traumático es que se opera sobre un territorio cargado de emociones y sobre las posiciones enfrentadas que el golpe militar de 1936 obligó a tomar a cada español cuando aquello se convirtió en una larga guerra. Es endiabladamente difícil eludir el enfrentamiento porque las cosas vuelven a plantearse como un combate entre los herederos de las víctimas y los herederos de los victimarios.

Mientras los partidos no renuncien a utilizar la Guerra Civil y la dictadura como artillería con la que batirse en las políticas de hoy, va a ser difícil encontrar la manera de reparar y reconocer a las víctimas. Los restos de los muertos que quedan en cunetas y fosas comunes deben ser exhumados y devueltos a sus familiares. Y es tarea del Estado, casi siempre ausente, encontrar la manera de hacerlo por encima de las luchas partidistas. Urge terminar con las cuentas pendientes de la dictadura.