Presupuestos tardíos

 Los Presupuestos del Estado que ha presentado el Gobierno para 2018 están condicionados de inicio por graves limitaciones políticas. La primera es el inexcusable retraso en su presentación; apenas estarán vigentes durante seis meses, por lo cual su eficacia sobre el ejercicio económico es inferior a la deseable. Tampoco hay evidencia de que exista en el Congreso mayoría suficiente para aprobarlos. El PNV sigue manteniendo un criterio político (rechazo a negociar cualquier tipo de acuerdo presupuestario mientras esté vigente el artículo 155 en Cataluña) por encima de las evidentes ventajas económicas obtenidas en la negociación con el Gobierno. Fue un error aplazar la presentación del Presupuesto y, después de tanta demora, resultaría una torpeza no tener garantizados los votos suficientes para su aprobación.

El ministro de Hacienda ha calificado las cuentas para 2018 como los Presupuestos de los funcionarios y de los pensionistas. Con más exactitud podrían definirse como unos Presupuestos que intentan recuperar el voto de los servidores públicos o como una respuesta obligada a la presión de los pensionistas en las calles. No obstante, la subida de las pensiones mínimas en un 3% y de las no contributivas en otro 3%, una decisión defendible en el muy corto plazo, no resuelve el problema de las pensiones; apenas persigue otra cosa que tranquilizar la indignación de los pensionistas y ganar algo de tiempo mientras se activan las mesas de negociación y el Pacto de Toledo, paralizados durante más de un año de forma incomprensible, en busca de una solución articulada y convincente para el sistema.

De igual forma, las reducciones fiscales anunciadas (exención para los que ganen menos de 14.000 euros y rebajas para rentas inferiores a 18.000) tienen un efecto real más bien restringido. El aumento previsto de la recaudación, derivado de una tasa de crecimiento del 2,7%, permite aplicar estos recortes tributarios, pero no bastan para calificar el presupuesto de expansivo ni para suponer que contribuirá a estimular la actividad económica. Más bien sucede al revés: el crecimiento económico permite hacer concesiones fiscales leves, de alcance limitado, aplicadas además con el descuido que produce la euforia recaudatoria. Cualquier ventaja fiscal para las rentas más bajas debería estar compensada por un aumento de los ingresos en el mismo impuesto en las rentas más altas.

En síntesis, el Presupuesto de 2018 —del que Ciudadanos se declara coautor, para irritación del ministro Montoro— llega tarde y durará poco. Resulta cicateramente expansivo y muy selectivo con los segmentos de población a los que beneficia con los aumentos del gasto. No hay que olvidar que España tiene que reducir este año el déficit público desde el 3,07% del PIB en 2017 al 2,2% este año. Esta es la condición principal; los aumentos del gasto solo pueden ser cosméticos, y en este caso están orientados por razones políticas. El presupuesto será expansivo cuando aumente la inversión pública de forma sustancial; entonces sí se podrá decir que las cuentas públicas contribuyen a aumentar la actividad económica.