De vuelta al ‘procés’

El acuerdo de investidura alcanzado por las dos grandes familias secesionistas (PdeCAT/lista Puigdemont y Esquerra, ERC) alberga dos objetivos, contradictorios entre sí, cuyo resultado es un proyecto de República independiente tan fantasmagórico y disparatado como el que condujo a la intervención vía el 155.

Uno es contentar a la CUP (cuatro diputados) para que vote al candidato que decida el fugado Carles Puigdemont. Y por tanto, también a éste. Una vez más, el partido hegemónico de la burguesía (PdeCAT) y el de las clases menestrales (ERC) se arrodillan ante una de las fuerzas políticas más radicales, dañinas y antisistema de la Europa democrática. Eso sí, lo hacen sorteando, a diferencia de sus mentores, los costes personales y penitenciarios que estos afrontan. ¡Cuánta —aparente— sabiduría!

El otro es escapar de la lupa de los tribunales, tratando de no ofrecer flancos vulnerables a las calificaciones de ilegal, inconstitucional y antiestatutario del propio texto. Ambos afanes inversos se intentan conciliar mediante un doble lenguaje esotérico, oscuro y humillante para los ciudadanos, a los que se quiere seguir manteniendo en el engaño de que la independencia es posible.

En efecto, en aras de atraerse a la CUP, la “propuesta de acuerdo” propugna un “proceso constituyente” pero difuminado, que no cuenta con ninguno de los mandatos legales y políticos propios que dotan de sentido al constitucionalismo democrático: el mandato expreso de la ciudadanía, un marco legal suficiente, una ley legitimadora o una comisión parlamentaria encargada de su redacción.

La nervadura anticonstitucional de este nuevo despropósito se salvaría mediante su externalización a entidades ubicadas en un etéreo “espacio libre” en Bruselas: un Consejo para la República y una Asamblea para la República al margen del Parlament que serían vergonzosamente privatizados, pues “no recibirán fondos públicos”, dicen, para “garantizar su independencia”. Es decir, al modo de la Venezuela de Nicolás Maduro, solo congregarían a los implicados en tal operación y tendrían como objetivo vaciar de competencias las instituciones democráticas legítimas y hurtar a los representantes de la ciudadanía de la capacidad de controlar a sus gobernantes.

Con la palabrería constituyente y republicana se persigue sumar a la reticente CUP; con la naturaleza jurídica privada de entidades y mecanismos ejecutivos, escapar de la justicia. El problema es que esas instancias suplantarían al Parlament: los fugados y sus acólitos dictarían, como ventrílocuos, la “estrategia política” y su internacionalización —la Cámara autonómica, se dice, “impulsará un plan de gobierno de obediencia republicana” y deberá hacerse eco sumiso de “los debates y propuestas que emanen” de unos “movimientos sociales”—.

La ilegalidad de esas pasarelas será escudriñada, como corresponde y por quien corresponde. Pero lo peor es el intento, otra vez, como si no hubieran aprendido nada, de estafar políticamente a los catalanes. En lugar de dotarles de un Govern, pretenden seguir vendiendo mentiras, alimentando falsas ilusiones, degradando la dignidad institucional de la Generalitat y vaciando la democracia y las instituciones con organismos fantasmagóricos. Basta ya.