Palabra

El castellano no corre peligro, ni en Cataluña ni en ninguna parte: al contrario, aumentan sus millones de hablantes. Son los ciudadanos de Cataluña y de otras regiones quienes ven sus derechos constitucionales conculcados cuando se les niega o dificulta estudiar en la lengua de España, es decir, de su país. No viene al caso que el castellano pueda aprenderse también fuera de la escuela (hay iletrados que aprenden a contar, sumar y restar en el mercado y sin embargo enseñamos a los niños aritmética): no se trata de conocer la lengua, sino del derecho a utilizarla para aprender lo demás y desarrollarse intelectualmente. Tampoco es una asignatura como cualquier otra: practicar uno o más idiomas extranjeros es muy recomendable culturalmente, pero poder elegir en libertad el español para estudiar es fundamental para nuestra ciudadanía. Y no es cosa que nos otorgue ni pueda quitarnos un parlamento regional porque las autonomías no disponen los derechos constitucionales de los ciudadanos que viven en ellas.

Ahora ya a nadie se le oculta el propósito político que hay detrás del doblegamiento del castellano y la hipertrofia del catalán en la escuela, la rotulación, como requisito para determinados trabajos, etcétera. Es lo que el separatismo llama la “construcción nacional” que pasa por la destrucción de la nación política vigente. Con el pretexto de no dividir a los escolares, se les impone la unanimidad lingüística forzosa que intenta separarles del resto del país. Es un atropello que debería haberse corregido hace mucho, con 155 o sin 155. Si no se hace tampoco ahora ¿cuándo? ¿A quién hay que pedirle permiso para que deje de vulnerarse la ley? Ah, y el catalán no necesita “defensores” porque no tiene enemigos aunque le sobran los falsos amigos que lo usan para sojuzgar.