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Libertad de expresión también en Instagram

El fotomontaje del Cristo de la Amargura encierra tanta intolerancia como la ley que sanciona la vinculación de los polacos con el Holocausto

Fotomontaje sobre la imagen del Cristo de la Amargura.
Fotomontaje sobre la imagen del Cristo de la Amargura.

La frontera que separa la libertad de expresión de la ofensa, el insulto, la incitación a la violencia o el odio es a veces nítida y a veces opaca. Depende del cristal con que se mire. Polonia ha optado por la lente más rancia, la de la intolerancia, al modificar su legislación para castigar con pena de cárcel a todo aquel que vincule los crímenes del Holocausto con el pueblo polaco. Una patada a la historia y una puñalada a la libertad de expresión que puede tener efectos indeseados para el Gobierno ultraconservador del país centroeuropeo.

Entre castigar con hasta tres años de cárcel a todo aquel que utilice la expresión “campos de concentración polacos” y multar a quien cuelga en una red social un fotomontaje realizado sobre la imagen del Cristo de la Amargura hay diferencias, pero en la tramoya de ambos comportamientos habitan actitudes muy similares: zafios intentos de socavar la libertad de expresión.

Juristas, periodistas y actores se han solidarizado con el joven jienense que subió a Instagram una estampa del rostro de Jesucristo a la que le superpuso su propia fotografía. La cofradía sacramental que venera a esta representación de Cristo puso el grito en el cielo y acudió a los tribunales. La fiscalía avaló la demanda de la devota hermandad de penitencia y en su escrito de calificación provisional consideró el fotomontaje como una “vergonzosa manipulación del rostro de la imagen”, algo que evidenciaba un “manifiesto desprecio y mofa” hacia la cofradía del Cristo de la Amargura, “con propósito de ofender”. Finalmente, un juzgado de Jaén impuso 489 euros de multa al joven, que reconoció su culpabilidad con el único propósito de que se le rebajara la sanción inicial de 2.160 euros.

La reforma del Código Penal de 2015 abrió la espita a lo que algunos juristas han denominado los “delitos Twitter”. Ya no solo se castiga aquellos actos que inciten a la violencia, la discriminación y el odio. Ahora es delito la mera incitación incluso indirecta al odio. Delinquir a través de Internet o de las redes sociales es, además, un agravante, aunque muchos usuarios crean que todo lo que discurre por la Red goza de inmunidad y que al ciberespacio se pueden subir todo tipo de barbaridades.

Ninguna democracia puede sobrevivir sin libertad de expresión. Y ninguna democracia tiene futuro si vapulea el pensamiento crítico. La maquinaria de la justicia española persigue a tuiteros que hacen chistes sobre la muerte de Carrero Blanco y Polonia aplica medidas para que todos los medios estatales sean dirigidos por el Gobierno mientras a los privados se les imponen multas astronómicas que ponen en peligro su supervivencia. Multar a un tuitero por una sátira (poco edificante, por cierto) no es lo mismo que asfixiar económicamente a un periódico disidente, pero son maneras de coartar la libertad de expresión. Ya lo advirtió Thomas Jefferson: “Es preferible una prensa sin gobierno que un Gobierno sin prensa”.

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