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La estadística de maestros titulados en la Escuela Nacional de Furcy puede considerarse buena si se compara con la media del país. Según el Estudio de niños no escolarizados que publicaron en 2017 Unicef y el Ministerio de Educación, solo una quinta parte de los más de 60.000 profesores de primaria tiene una cualificación adecuada; y la cifra baja al 13% entre los 27.000 de secundaria. Existen muy pocos indicadores fiables para saber hasta qué punto esto repercute en la formación de los chavales. “No hay estándares. Aproximadamente el 85% de las escuelas del país son privadas y el Gobierno no tiene capacidad para realizar inspecciones, regular y acreditar la operación de estas, ni aplicar unos criterios que unifiquen el desempeño en todas ellas”, indica Alison Elías, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Lo que deja claro es que la calidad de la educación en el país es uno de sus grandes retos.

Lo más cercano que existe para comprobar el nivel son unas pruebas recientes para ver cuáles eran las carencias desde edades tempranas, realizadas en cuarto grado (unos ocho años). Solo la mitad de los alumnos que las realizaron superaron el mínimo en comprensión escrita (el promedio mundial es del 90%). La proporción bajó a una quinta parte de aprobados en capacidades matemáticas (frente a un 70% de media internacional). Y el 75% tuvo problemas para entender el francés, una de las lenguas oficiales junto al criollo, que mezcla el idioma colonial con dialectos africanos y es el hablado mayoritariamente en el país.

A pesar de todo, los padres “creen firmemente en que la educación puede dar más oportunidades a sus hijos, hacen muchos esfuerzos y sacrificios por llevarlos al colegio”, asegura Mirko Forni, coordinador de Educación de Unicef en Haití. Las familias dedican un promedio de un 25% de sus ingresos para que los niños estudien. El Estado no tiene capacidad para cubrir la demanda y solo una cuarta parte de los menores escolarizados va a colegios públicos. “No son peores que los privados. Hay progenitores que ven la privada como algo de más estatus, pero en la mayoría de los casos es que simplemente no había alternativa”, explica la especialista del BID.

Las familias dedican un promedio de un 25% de sus ingresos para que los niños estudien

Por alternativa se entiende algo que esté a menos de dos horas andando. Es el tiempo que algunos alumnos de la escuela de Furcy tienen que caminar cada día (dos a la ida y dos a la vuelta) para llegar a clase, según explica su director, Sainlus Francies: “Viven hasta a 12 kilómetros de aquí. Muchos días hay neblina y no pueden venir”. Las instalaciones están en una montaña que, además de nubes, les proporciona una temperatura más fresca que la que hace en Puerto Príncipe, que también está a casi dos horas, pero en coche. “Como el ministerio no tiene suficiente dinero para profesores, no podemos cubrir octavo y noveno, así que cuando llegan a esos grados, los chavales tienen que ir a otros colegios, incluso más lejos”, relata.

Las instalaciones de este centro son de las mejores que se pueden encontrar en el país. Pertenece al centenar que han sido o serán construidos con una donación de 120 millones de dólares del BID, que hizo posible la logística de este reportaje. Las aulas están equipadas y preparadas para terremotos y huracanes, dos fenómenos nada infrecuentes en el país, pero no existe biblioteca ni aula de informática. El director muestra el espacio destinado para la primera, con un centenar de libros viejos y descuidados; en la segunda, unos cuantos ordenadores antiguos e inservibles acumulan polvo. Francies abre un armario. Dentro se apilan decenas de ordenadores de la iniciativa Un portátil por niño, que se comenzó a implantar en 2008 en varios países en desarrollo. “Se usaron un tiempo, pero después del terremoto no los volvimos a encender por falta de personal. Tampoco contamos con Internet; tuvimos durante un tiempo por una subvención, pero se agotó”, lamenta el director, quien dice guardar los equipos con la esperanza de que algún día se puedan volver a utilizar.

En Haití, un país cuya estructura pública quedó todavía más deteriorada con el sismo de 2010, no solo es complicado poner en marcha proyectos, sino también mantenerlos. Alison Elías cuenta la odisea que supone levantar una escuela: “Muchas constructoras tienen una capacidad financiera y técnica muy limitada, lo que dificulta el trabajo y demanda constante corrección de errores porque no saben seguir los planos. Hay escuelas que han tardado siete años en completarse, otras tuvieron que reconstruirse porque no cumplían con las medidas de seguridad necesarias. La supervisión también es un inconveniente. Estamos buscando fórmulas para agilizar al máximo la edificación de los colegios, probando distintas empresas y metodologías de construcción, pero no hemos encontrado ninguna ideal”. El problema es que el Gobierno no tiene capacidad para conservarlas, así que se deterioran rápido. “Hemos aprendido de esto y en el futuro vamos a hacer aportaciones monetarias directamente a las escuelas para que los directores y los profesores, junto con alguna organización local, lo inviertan en materiales escolares, alimentación, uniformes, mantenimiento o lo que consideren oportuno”, continúa Elías.

Los niños se incorporan tarde al sistema, con una media de 8,2 años, según el estudio de Unicef, cuando deberían hacerlo a los seis

Pero la cuestión de fondo continúa. La formación del profesorado es uno de los mayores retos en el país. El propio BID trató de formar a los docentes de las escuelas que se iban construyendo, pero las demoras en las obras hicieron que muchas veces este esfuerzo no pudiera estar acompasado. Unicef, con financiación de Usaid y en colaboración con el Ministerio de Educación, está implantando una metodología que, por un lado, trata de mejorar el aprendizaje y la lectura de los niños, y por otro incluye una formación del profesorado y refuerzo de los inspectores. “Tenemos un sistema de coaching mediante el cual los maestros reciben acompañamiento semanal de un profesional que les guía para mejorar sus pautas educativas”, explica Forni. Al mismo tiempo, el Gobierno ha anunciado un plan para reestructurar el sistema de enseñanza, de forma que se garantice que los profesores que se incorporen al sistema tengan unas mínimas cualificaciones.

Mientras esto sucede, los niños se siguen incorporando tarde al sistema, con una media de 8,2 años, según el estudio de Unicef, cuando deberían hacerlo a los seis: un lastre de entrada. La repetición del primer curso es la norma para una cuarta parte de ellos; el 20% de los que deberían ir a preescolar no lo hacen; y sucede lo mismo con el 18% en primaria. “Aunque hay familias en situaciones muy vulnerables que no se lo pueden permitir, la mayoría de esos chicos ha asistido a la escuela y la ha abandonado. No es tanto por un problema económico como por falta de motivación, porque la metodología no era adecuada, no aprendían, no se adaptaban al entorno”, enumera Forni. Revertir la situación, fomentar la lectura, conseguir mejorar los pocos indicadores que existen y añadir nuevos es, según cuenta, una causa nacional en la que están embarcados tanto el gobierno como los donantes. Se trata de darle valor a la nación, ese que, según el lema, viene dado por el de la escuela.

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