Un debate espectral sobre el carbón

Pocos debates económicos en España superan la categoría de controversia fantasmal. El que se ha suscitado reciente con motivo de la descarbonización del sistema energético es uno de ellos. En un rincón del ring, el Gobierno de la nación, representado por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, sostiene que hay que impedir o modular a corto plazo el cierre de las centrales eléctricas que funcionan con carbón; arguye que ese cierre causaría una subida de los precios de la electricidad, ya de por sí elevados. En el otro rincón, las compañías eléctricas, a las que el ministro ha atribuido “comportamientos monopolísticos” (lo propio sería oligopolísticos, pero el argot político tiene sus misterios) defienden, en particular Iberdrola, que hay que cerrar los grupos de carbón a la mayor velocidad posible. Está en el aire empresarial la sugerencia de que también deberían cerrarse las nucleares. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha terciado para declarar con insólito énfasis que el decreto en el cual el Gobierno se arroga la potestad de decidir si una central de carbón se cierra o no carece de fundamento jurídico.

El carácter espectral del debate se manifiesta en el hecho de que ni el Gobierno ni las compañías exponen los motivos reales de la colisión. Hay que inferirlos, como en un juego de sobreentendidos para ociosos. En el caso del ministerio, resulta que la Unión Europea defiende a fondo la política de descarbonización por razones medioambientales. Parecería lógico deducir que si se pretende prescindir de los combustibles contaminantes, las centrales de carbón sean las primeras en desparecer. Vayamos a las inferencias. La política intervencionista (recordemos piadosamente que la generación eléctrica en España está liberalizada) de Energía podría explicarse con un argumento sencillo: la descarbonización producirá a medio plazo, a través de la electrificación de la economía, un aumento de la demanda eléctrica; para cubrir ese aumento sería necesario disponer de potencia de respaldo, porque ya se sabe que la potencia renovable está en manos del clima (viento, sol); sería pues irresponsable cerrar hoy unas centrales cuya potencia será necesaria para respaldar el crecimiento futuro de la demanda. No es necesario subrayar que el Gobierno quiere ahorrarse además tensiones políticas en las cuencas mineras.

Este razonamiento llevado al extremo conduce a la melancolía de la descarbonización imposible; si para descarbonizar hubiera que mantener el carbón (lo lógico sería que la potencia de respaldo fuese gas), mejor ahorrarnos el esfuerzo. En todo caso, quede claro que la desaparición de las centrales de carbón no causa necesariamente un aumento de los precios eléctricos. Antes, al contrario.

Del lado de las compañías, el motivo velado es que el cierre del carbón permitiría la amortización de los grupos de ciclo combinado, cuya infrautilización actual es escandalosa. Sin embargo, también debe quedar claro que, por el motivo expuesto de la potencia de respaldo, sería inaceptable y antieconómico proceder al mismo tiempo al cierre de centrales de carbón y grupos nucleares.