Maduro en Cataluña

Uno de los diagnósticos más repetidos es que el procés ha terminado. El mensaje agónico de Puigdemont a Comín lo confirmaba, aun cuando al expresarse en público pasara de inmediato a sustituir la sinceridad por el empecinamiento habitual. Estamos así ante una insistencia que de ser simplemente el gesto individual de un ególatra obsesivo, y ciertamente Puigdemont lo es, apenas hubiese influido sobre la interminable crisis política en que viven los catalanes (y de paso el resto de los españoles). Solo que en la distribución actual del poder, sus seguidores, apoyados por la CUP, y con ERC forzada, están en condiciones de cerrar la puerta a toda normalización de la vida política catalana. Su objetivo es prolongar el pulso actual con el Estado y promover a partir de ahí una movilización independentista, que desestabilice el precario equilibrio vigente a la sombra del 155.

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Puigdemont es el mascarón de proa de esta novedad táctica, pero por lo leído en sus mensajes a Comín, no da para tanto. La lógica del relanzamiento de la vía unilateral, a partir de una Asamblea de Electos, de momento al servicio de la preeminencia de Puigdemont sobre el orden constitucional, encabezando el “Govern legítim”, vuelve a situarnos en la estrategia de driblar al Estado, diseñada tiempo atrás por Carles Viver. Su objeto no es otro que aprovechar cada vacío legal y cada posibilidad de fraude de ley para avanzar hasta la fractura. Ahora con mayor fuerza, a fin de situar al Gobierno “de Madrid” ante el hecho consumado.

La Asamblea de Electos no es nada nuevo. A la sombra de Lizarra, la izquierda abertzale creó Udalbiltza: la masa de cargos nacionalistas suplantaría las instituciones de la democracia representativa, siguiendo el patrón venezolano de Hugo Chávez, y ahora en Cataluña de su sucesor Nicolás Maduro. Su vocación consiste en convertirse en Asamblea Constituyente, compuesta solo por los cruzados de la causa. Sería el instrumento para una nueva DUI, bajo el renacido héroe de Waterloo, avalado por un Parlament que no puede alcanzar esa meta, dado el freno del Tribunal Constitucional. Esto es, un remake sofisticado de la Constituyente de Maduro. Y como el Estado no tolerará la servidumbre voluntaria de las instituciones constitucionales a un órgano fabricado ad hoc, nacido para desvirtuarlas, deberá entrar en juego la movilización.

Nuestra legitimidad para sortear la legalidad. Movilización participativa de los nuestros, de un lado; conquista de la calle por otro. Enfrentamiento pacífico en apariencia, pero abierto a la violencia, con la CUP como fuerza de choque, que sueña con un nuevo 1-O. ¿Paso del procés a les bullangues, asonadas del primer liberalismo donde la movilización popular inutiliza las defensas del Estado? Así parece