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Cómo encontrar un padre en el cubo de basura

El Cordobés y ahora un supuesto hijo de Julio Iglesias confiaron en el abogado Fernando Osuna y sus detectives

El abogado Fernando Osuna y, a la derecha, Javier Sánchez, presunto hijo de Julio Iglesias, tras salir de los juzgados el pasado septiembre.
El abogado Fernando Osuna y, a la derecha, Javier Sánchez, presunto hijo de Julio Iglesias, tras salir de los juzgados el pasado septiembre.GC IMAGES
Ignacio Zafra

El abogado Fernando Osuna se ve como David enfrentado a Goliat. O más bien como la honda con la que el rey derrotó al gigante. Fundador de un gran despacho sevillano especializado en demandas de filiación, en los últimos 10 años ha dirigido 500 reclamaciones de paternidad. Entre sus objetivos figuran artistas, músicos, aristócratas, políticos, empresarios y algún general del Ejército. “El prototipo es el de un hombre muy adinerado que deja embarazada a una mujer con una economía muy débil. En la mayoría de casos hay una diferencia enorme entre los patrimonios”. Su último caso sonado es el del supuesto hijo secreto de Julio Iglesias, Javier Sánchez. El demandante buscó al letrado, animado por su madre, la bailarina portuguesa Edite Santos, que había visto el éxito de Osuna en su demanda contra El Cordobés.

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Contratar a una agencia de detectives en España para que obtenga el ADN de alguien cuesta normalmente 500 euros al día, gastos aparte. Pero Julio Iglesias y sus hijos viven en Miami. Dos detectives españoles pasaron siete días en la ciudad norteamericana siguiendo a Julio José, el segundo hijo del artista, y recogieron 15 objetos con su material genético, que reflejaron una coincidencia del 99,9% con su presunto hermano. La factura de la agencia ascendió a 20.000 euros. La fortuna que Sánchez puede recibir si es reconocido como hijo será inmensamente mayor. El bufete cobra en estos casos entre el 7% y el 10% de la herencia.

El letrado abrió Osuna Abogados en su pueblo, Écija, en 1981. Hoy tiene despachos en Andalucía y Extremadura y abarca todas las ramas del derecho, del civil al eclesiástico, pasando por el militar. Su primer caso de filiación se lo llevó un “hombre pobre” paisano suyo, hijo no reconocido del terrateniente Rafael Ostos y de una costurera que había trabajado en su casa en los años cincuenta. “Conseguimos que lo declarasen hijo a través de la exhumación de su tío porque al padre, de mala fe, lo habían incinerado para eludir la prueba de ADN”. Hubo mucha tensión. La policía tuvo que estar presente en el cementerio de Écija. “El test dio una coincidencia del 90 y tantos por ciento y conseguimos una herencia muy gorda para este señor”.

Los toreros, y hermanos, Julio Benítez y Manuel Díaz, el pasado mayo en Palma.
Los toreros, y hermanos, Julio Benítez y Manuel Díaz, el pasado mayo en Palma.EUROPA PRESS

Casos mediáticos

La repercusión mediática atrajo a muchos clientes a su despacho. El abogado es reacio a dar nombres, pero entre sus casos figuran el del banquero Juan March (la prueba de ADN fue negativa y la demandante renunció). El del ganadero Rafael Orts, por el que su hija Sofía recibirá entre 10 y 12 millones de herencia. Y el del marido de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, la duquesa roja, Leoncio González de Gregorio y Martí, que antes de casarse dejó presuntamente embarazada a una joven que servía en casa de sus padres.

Obtener el ADN de alguien vivo sin que lo sepa requiere paciencia, explica Antonio Zarza, antiguo policía judicial y director de OPF Detectives-Analistas, una de las agencias con las que trabaja Osuna, con sede en Madrid. “Hay que preservar la identidad, la cadena de custodia de la prueba y acreditar la legitimidad. No podemos sacarle una huella genética a cualquiera”, dice Zarza. La operación exige, al menos, dos detectives. Mientas uno graba y toma fotografías el otro recoge las muestras: restos de la bolsa de la basura, clínex, botellas de plástico, colillas y otros desperdicios a los que no quepa atribuir dueño. Los objetos se introducen en recipientes de papel y se llevan al laboratorio. A los técnicos no se les dan nombres, solo códigos identificativos, para garantizar el anonimato.

Los seguimientos pueden genera dudas de legalidad. Osuna las rechaza. “La diferencia de posición entre el presunto padre y el hijo es abismal. Muchos de mis clientes no tienen absolutamente nada o ingresan 400 euros al mes. Es la lucha de un gigante contra una hormiga, de un elefante contra un pajarito, de David contra Goliat. Por ello los tribunales son comprensivos con estas pruebas que persiguen averiguar quién es tu padre, un asunto tan importante que está recogido en el artículo 39 de la Constitución”.

Leoncio González de Gregorio y Martí, marido de la 'duquesa roja'.
Leoncio González de Gregorio y Martí, marido de la 'duquesa roja'.

El abogado señala los tres requisitos que debe cumplir la muestra recogida para ser aceptada por la justicia. "Haber sido tomada en un sitio público, no se puede entrar a casa de nadie a buscarla. Tener una finalidad noble, como es la prueba de paternidad. Y que el objeto haya sido abandonado". El detective Antonio Zarza añade que el investigador también puede adquirir, por ejemplo, el vaso de cristal utilizado por el presunto padre en un restaurante. "Eso sí, la compra tiene que estar documentada".

Una vez comprobada la coincidencia de ADN, el despacho de Osuna reúne más indicios. Entre ellos: testigos, fotografías de la época, coincidencia de los nombres, parecido físico entre padre e hijo, y entregas de dinero del progenitor a la madre. Lo lleva todo al juzgado y pide que se practique otra prueba de ADN. El proceso judicial suele durar tres o cuatro años. Conseguir la herencia, unos seis. “Esta parte es más compleja, porque hay que valorar el patrimonio, que la otra parte tiende a rebajar. Una finca de 200 hectáreas o una mansión en la Costa Brava no se pueden ocultar, porque están inscritos en el Registro de la Propiedad. Pero cuantificar las joyas y el dinero, sobre todo el dinero negro, es difícil. Ahí los detectives tienen que hacer muy bien su trabajo”.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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