Regreso al 6 de septiembre

En los diccionarios cabría incluir "marear la perdiz" como forma de hacer política habitual en el independentismo catalán. En especial, de su expresidente, pero no solo suya. El espectáculo a que venimos asistiendo desde el 6 de septiembre no es sino la culminación de la táctica utilizada desde muy pronto por Artur Mas, de engañar sistemáticamente al Estado para lograr el avance del procès. Con ella viene colaborando el Gobierno al empeñarse en hacer declaraciones grandilocuentes que luego se encuentran desmentidas por los hechos. La derrota en la batalla de las urnas, de cara al 1-O, fue ya un ejemplo de lo que no debiera repetirse. Ahora el ministro del Interior insiste en una arriesgada apuesta, garantizando que Puigdemont no pasará ni en el maletero de un coche. Y si pasa, ¿qué?

Porque ese no es el problema y tampoco resulta difícil dejar las cosas claras: en su situación penal, tras proclamar, envuelta en velos, la República catalana, Puigdemont no puede presidir la Generalitat; coresponde al Gobierno de España hacer efectiva esa prohibición. Y basta. De otra manera todos, Gobierno y medios de comunicación, nos dejamos enredar en la casuística de las posibilidades de disfrazar de democracia lo que no lo es, de ver cuál es el fraude de ley más eficaz y cuál el antídoto constitucional para anularlo. Por fortuna, Puigdemont ha sido claro en fijar su objetivo y, tras la cortina de humo de su primer discurso, Roger Torrent en la firme voluntad de utilizar todos los recursos a su disposición para que lo consiga. Es suficiente con leer su protesta, ante la "escandalosa" prohibición de uso de la delegación catalana en Bruselas, para comprobar que solo difiere de su predecesora en un mayor cinismo. Con remachar la imagen de ogro que desde el frente independentista se asigna al Estado español, tiene suficiente.

Los medios pueden variar, pero es casi seguro es que tendremos un remake del 6-7 de septiembre, gracias al control de una Mesa que cambiará lo que haga falta, contra todo dictamen jurídico, en el momento oportuno para que el Constitucional no llegue a tiempo de anular su decisión. Si Puigdemont alcanza a estar presente, como las urnas el 1-O, entra en juego la negativa a autorizar la entrada de la policía en el Parlament. El Gobierno queda de nuevo como ogro ridículo. En otro caso, la presencia física será objeto de la sustitución pertinente, y a Gobierno y Constitucional solo les cabrá intervenir a posteriori, en verdugos de la democracia catalana. Como el 6-7 de septiembre, peor que entonces. Un retroceso sería incurrir en el ridículo y Torrent no está dispuesto a asumirlo.