Separación de poderes

El auto por el que el juez del Supremo Pablo Llarena rechazó emitir una nueva euroorden de captura contra Carles Puigdemont, en este caso dirigida a Dinamarca, ha sido objeto de crítica. Unos se han fijado en el hecho de que discrepara del criterio del fiscal; otros han considerado que el juez baja a la arena política con sus argumentos acerca de la intención de Puigdemont de ser detenido.

Nosotros valoramos por encima de todo la autonomía en el funcionamiento de la justicia y respaldamos, por tanto, la decisión del juez de conducir el caso de acuerdo con sus propios criterios. Damos por hecho que el separatismo golpista, empeñado ya únicamente en hacer el mayor daño posible a Cataluña y a España, es ignorante de estos principios.

A propósito de esta última decisión, verificamos, una vez más, el derecho a opinar libremente sobre las actuaciones judiciales que todos los ciudadanos tienen. Y constatamos, asimismo, la existencia de un juez independiente actuando en el marco de sus competencias y el normal funcionamiento de un Estado de derecho en el que se respeta la separación de poderes. Frente a esa realidad naufraga el constante intento del independentismo de desprestigiar el Estado de derecho, perturbar el funcionamiento de la justicia y sembrar las dudas, dentro y fuera de España, sobre la calidad de nuestra democracia.

Que juez y fiscal discrepen y que veamos al juez negarse a activar la euroorden al albur de los pasos que decida dar Puigdemont en su estrategia de burlar al Estado no debe intranquilizar a nadie. Tanto los políticos dispuestos a cumplir la legalidad como la opinión pública alarmada por el cariz grotesco que va tomando la andadura de Puigdemont y la mayor parte de los ciudadanos, incluidos numerosos independentistas, quieren ver cerrado el esperpéntico capítulo que inició el expresidente en Bruselas. Pero el tiempo judicial es distinto del emocional y del gubernamental y solo al juez le corresponde legítimamente determinar la vía para perseguir eficazmente a los que han incumplido la ley. Llarena ha querido evitar un fraude —uno más— y ha considerado que hay que esperar.

Pero la guerra que libra Puigdemont es contra todo el Estado, no contra la justicia, y lo que llama la atención es la inacción que encuentra en el que debería ser el pilar más activo, político, discursivo y dueño de una iniciativa que alumbrara un futuro más claro: el Gobierno. Es el Gobierno, no el juez, el que tiene que salir a disipar dudas y defender la autonomía de la justicia. Es el Gobierno, no los jueces, el que tiene que tranquilizar a los ciudadanos ante las últimas amenazas de Puigdemont y los suyos —tranquilidad a la que, por cierto, no contribuyeron las palabras de ayer del ministro del Interior—. La suerte quiso que una brillante profesora danesa pusiera a Puigdemont en su sitio en Copenhague y defendiera la causa de la democracia española con más vigor y convicción de lo que hemos escuchado nunca en boca de un ministro del Gobierno o de su presidente. Esa carencia de política está en el origen de los problemas que padecemos: el exceso de judicialización del caso, no lo olvidemos, responde no solo al desafío de los golpistas, sino a la falta de respuesta adecuada, pronta y contundente por parte del Gobierno.