El cerco a la ley

Una de las críticas más reiteradas a la gestión del problema catalán por Rajoy ha sido la de su judicialización. La censura es acertada si tenemos en cuenta la ausencia de acción y de explicaciones políticas que rodeó la gestión gubernamental del tema hasta la aplicación del artículo 155. No lo es en cambio si tenemos en cuenta que el procés, desde el principio, ha consistido en un ejercicio permanente de actuación política basada en contravenir el orden constitucional y hacerlo además mediante un recurso no menos continuado al fraude de ley.

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En tales condiciones, la respuesta a la cadena de iniciativas separatistas mediante acciones legales, recursos al Constitucional incluidos, fue el único medio de que la farsa no llegase a tragedia sin violencia y fuera restaurado el orden, eliminando la DUI y procediendo a la celebración de elecciones. Tal vez el único vacío en la aplicación del 155 fue no tener en cuenta lo que significaba la existencia de un medio de comunicación oficial como TV3, entregado en todo momento a la militancia independentista.

La victoria de la troika independentista, y sobre todo la actuación de Puigdemont, tolerada por el Gobierno belga desde Bruselas, abren la posibilidad a que la farsa continúe, y todo aconseja al PDeCAT a optar por la huida hacia adelante. El dictamen de los letrados aclara las cosas, pero no es vinculante. La única ventaja de que la Mesa de edad fallase a favor del expresidente consistiría en dejar al descubierto el juego de ERC, de modo que todas las forzosas profesiones de fe legalista son simples recursos para violar la ley en cuanto les sea posible. Cataluña parece no existir a juicio de estos patriotas, haya o no nueva DUI: siguen ahondando la fractura y el ejercicio del poder enfrentado al Estado.

En este escenario no deben extrañar las tribulaciones de Pablo Iglesias. Ante todo, su Podem se ha convertido en un instrumento en manos de Ada Colau, cuya falsa equidistancia la inclina hacia el independentismo, y sobre todo frente al orden constitucional. Mal podía pensar Domènech en una alianza de izquierdas con un PSC recién excluido del Ayuntamiento barcelonés. Una cosa es, además, rechazar el voto a Arrimadas para el Govern y otra no seguir el uso democrático de apoyar al partido más votado para presidir el Parlament, dada la fragmentación existente. Y si de forma larvada Podem juega el juego independentista, pocas simpatías tendrá en el resto de España. Iglesias ha optado por una confusión radical en el tratamiento democrático del tema catalán. Y ese desvarío tiene su precio.