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OPINIÓN

Frente al miedo y al silencio, coraje

“Coraje” fue una de las palabras que más escuché de los habitantes de Charco (Brasil) cuando acudí a investigar el asesinato de Flaviano Pinto Neto

Las madres de once jóvenes que en 1990 desaparecidos a manos de un grupo de exterminio en Rio.
Las madres de once jóvenes que en 1990 desaparecidos a manos de un grupo de exterminio en Rio.

“Cuando aparece el miedo, crece nuestro coraje”. Eso me dijo un miembro de la comunidad quilombola de Charco, en Maranhão, en el nordeste de Brasil, cuando le pregunté si, con tantos ataques violentos contra su comunidad, él no tenía miedo. “Coraje” fue una de las palabras que más escuché de los habitantes de Charco cuando acudí a investigar el asesinato de Flaviano Pinto Neto, muerto a tiros en octubre de 2010 por defender el derecho a la tierra de la comunidad donde vivía.

Cada una de las personas que me contaba una historia de amenaza o me narraba un ataque sufrido, me decía que no iba a desistir de la lucha por la tierra, por la justicia, por la supervivencia. Se necesita mucho coraje para defender los derechos humanos en Brasil. Somos, posiblemente, el país más peligroso del mundo para los defensores y las defensoras de derechos humanos. La organización Frontline Defenders registró 281 casos de defensores asesinados en 2016. En ese mismo año, 66 defensores de derechos humanos murieron en Brasil. Sumamos el 2,7% de la población mundial, pero respondemos por casi un cuarto de los defensores y defensoras de derechos humanos asesinados en el mundo, la mayoría muertos por defender la tierra y los recursos naturales.

Los conflictos por la tierra no son una novedad en Brasil. En abril de 1996, 19 trabajadores rurales murieron a manos de la policía en el estado de Pará, al norte del país. El caso se conoce hoy como la Masacre de Eldorado dos Carajás. Yo tenía 16 años cuando sucedió aquello y me acuerdo perfectamente de las imágenes con los ataúdes en fila. Ese caso me abrió los ojos a la realidad del conflicto agrario brasileño y fue una de las razones por las cuales decidí ser geógrafa. 21 años después de la Masacre de Eldorado, hubo otra masacre en Pará. Diez trabajadores rurales fueron asesinados por la policía en Pau D’Arco. Cuando recibí la noticia de esta nueva masacre en mayo de este año, confieso que me pregunté qué país es este en el que pasan más de veinte años y parece que estamos en el mismo lugar. No se ha hecho nada para reducir los conflictos por la tierra ni para garantizar justicia para las personas que han muerto. La mayoría de los casos nunca llegan a juicio y quedan en la impunidad. Por si fuera poco, cada año aumentan las muertes.

Los datos recogidos por la Comisión Pastoral de la Tierra de Brasil son alarmantes. De los más de 1.600 casos de asesinatos por conflictos por la tierra en un período de 25 años (1989-2009) sólo se han juzgado poco más de 90. Esa impunidad alimenta el ciclo de violencia. El caso de Flaviano Pinto Neto puede ser uno más de esa estadística perversa. Aunque la investigación haya identificado a aquellos que ordenaron el crimen, hasta hoy el caso no ha sido juzgado.

No se ha hecho nada para reducir los conflictos por la tierra ni para garantizar justicia para las personas que han muerto

En las ciudades, el esquema de amenazas y ataques hacia quienes defienden los derechos humanos no es muy diferente. Los defensores y defensoras que denuncian la violencia de la policía, la actuación de grupos de exterminio, las ejecuciones extrajudiciales y los casos de tortura también están en el punto de mira, la mayoría de las veces, quienes les apuntan, son los propios agentes del estado.

La policía en Río de Janeiro mata a centenares de personas todos los años. En 2016, fueron 925 las personas muertas por la policía en el estado de Río. Aunque los agentes digan que actuaron en legítima defensa, muchos de esos homicidios son ejecuciones extrajudiciales. Exactamente igual que las masacres en las zonas rurales, esto no es una novedad para las autoridades brasileñas. Hace más de 25 años que las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil denuncian los homicidios por parte de policías y el Estado casi no ha hecho nada para cambiar esta situación.

El homicidio de un defensor o de una defensora de derechos humanos es también un intento de silenciar a un determinado grupo

En julio de 1990, once jóvenes desaparecieron a manos supuestamente de un grupo de exterminio formado por policías en Rio. El caso se conoce hoy como la Chacina de Acari y originó el movimiento Madres de Acari. Las madres se movilizaron en busca de verdad y justicia, para enterrar los cuerpos de sus hijos e hijas. En enero de 1993, Edmeia da Silva, madre de uno de los desaparecidos, fue asesinada. Su muerte fue claramente un intento de silenciar a las Madres de Acari y acabar con la movilización por la justicia. El caso de la Chacina de Acari ha sido archivado y nunca será juzgado. El caso de Edmeia tuvo su primera audiencia delante de un juez dos décadas después de su muerte y el juicio aún no se ha producido. Más de veinte años después de esta muerte, al entrevistar a madres de jóvenes asesinados por la policía en Río de Janeiro, yo he escuchado más de una vez el ruego de que no revelara sus nombres, que dejara sus testimonios como anónimos, porque ellas “no querían ser otra Edmeia”. Las madres de las víctimas de la policía recuerdan lo que le pasó a Edmeia y hasta hoy temen por sus vidas.

El homicidio de un defensor o de una defensora de derechos humanos no es solamente un homicidio. Es también un intento de silenciar a un determinado grupo, de desmovilizar un movimiento social, de parar un cambio en marcha. Es el intento de mantener un status quo contrario a los derechos humanos.

Sin embargo, los defensores y defensoras de derechos humanos no callan. Aquellos que amenazan y matan a los defensores de derechos humanos usan el miedo para forzar su silencio. Pero, como me dijo ese hombre de Charco, cuando les viene el miedo, al mismo tiempo, les crece el coraje. Y, para aquellos que defienden derechos humanos en Brasil, el coraje ha sido siempre más grande y más fuerte que el miedo. En este momento histórico de tantos retrocesos en Brasil, necesitamos más que nunca ese coraje. La ofensiva contra los derechos humanos en marcha en el Congreso Nacional nos sugiere que 2018 va a ser un año aún más difícil que este que ya termina. Confiamos en que el coraje siga siempre más fuerte que el miedo para poder enfrentar todo lo que nos viene por delante.

Renata Neder, responsable de investigación de Amnistía Internacional Brasil.

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