El precio del activismo

Estas son algunas de las conclusiones que resalta el informe El precio del activismo, de Greenpeace, repartido en Madrid el pasado viernes y que se discutirá este miércoles en el Palacio de la Prensa. Son también algunas de las proclamas que enarboló con vehemencia durante la presentación Laura Zúñiga, hija de la activista hondureña Berta Cáceres, a quien un sicario disparó hace un año por alzar la voz contra las multinacionales que esquilman la selva de su país, Honduras. Zúñiga recogió el testigo de su "mami" para continuar con esa convicción "del derecho a vivir y ser felices” que tanto le inculcó, e insistió en el planteamiento expresado en una carta abierta de su hermana: que “el dolor sirva de motor para la acción”.

“Cuando luchar es parte de la vida, la forma de paliar el dolor es actuar sobre la realidad”, expresó antes de recoger el premio Artemio Precioso otorgado por la agrupación ecologista a su madre. “Hay varios enemigos del medio ambiente, pero el peor es el poder de las compañías transnacionales que provocan el cambio climático”, alegó. “Y es importante pensar en las responsabilidades que tiene cada uno, ya que nuestro papel individual tiene consecuencias universales. El asesinato de mi madre nos incumbe a todos, porque cada vez que se mata a un luchador por la tierra sale a relucir la impunidad ante estos sucesos”, destacó.

En este sentido, tanto Zúñiga como sus compañeros de mesa –Laura Furones, portavoz de la ONG Global Witness; Azahara Peralta, ingeniera que denunció a la operadora pública de infraestructuras hidráulicas Acuamed; Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España; y Gustavo Castro, ambientalista mexicano y testigo del asesinato de Berta Cáceres)– denunciaron la pasividad de entidades y políticos a la hora de perseguir estos crímenes.

“La demanda continua de recursos naturales como el agua, diversos minerales, el aceite de palma o la madera se han convertido en objeto preciado para empresas y Gobiernos a cualquier precio, Sin tener en cuenta los derechos humanos y sobre el territorio de aquellas comunidades donde se hallan dichos recursos. Como consecuencia, la violencia ejercida sobre las poblaciones afectadas no ha dejado de crecer”, subraya en el dossier. Greenpeace señala a Honduras, segundo país más pobre de Latinoamérica (tras Haití), como el más peligroso para los defensores del medio ambiente junto a sus vecinos Guatemala y El Salvador. También menciona Filipinas, Brasil y el largo historial de masacres en el continente africano.

Honduras es el país más peligroso para los defensores del medio ambiente, según datos de Greenpeace

Son lugares de riesgo, como el triángulo centroamericano, donde se intensifica la extracción de recursos sin apenas penalizaciones y provocando desplazamiento de campesinos, indígenas y población civil. Zúñiga explicó la vulnerabilidad en la que se encuentran los activistas en las zonas “donde más se han beneficiado muchos, incluso empresas del mundo occidental”. Y analizó el proceso silenciado que está sufriendo el caso de su madre. “El gobierno hondureño y las autoridades internacionales han marginado la investigación. Hay siete detenidos –algunos relacionados con DESA, la concesionaria de la represa contra la que protestaba Berta, y otros del Ejército, entrenados por Estados Unidos–, pero necesitamos que se haga justicia y se dé ejemplo, no solo con los actores materiales, sino contra los intelectuales”.

Gustavo Castro, compañero de Cáceres, recordó que le tocó ser testigo de este ajuste de cuentas por “el destino” y denunció cómo el Gobierno de Honduras “se empezó a lavar las manos” desde el primer instante. “La diligencia está llena de inconsistencias y decretaron el secreto de sumario. Los imputados van a un juicio plagado de irregularidades. Hay riesgo de que les liberen si la presión pública decrece”, protestó.

El ambientalista destacó cómo la opinión pública está avivando la demanda de justicia, y pidió que no se alargara el proceso. “Se siguen violando los derechos humanos en Honduras", dijo. Y eso, añadió, a pesar de los cuantiosos fondos que recibe el país desde organismos internacionales para promoverlos. "No hay protección ni reglamento para las víctimas y se criminaliza la lucha social, que ahora ha pasado a considerarse terrorismo”, y apuntó que muchos activistas se marchan del país mientras las corporaciones se quedan y aprovechan del gas, los puertos, los canales, los oleoductos o hasta el fracking, técnica de extracción de hidrocarburos del subsuelo.

Las empresas o bancos que financian la deforestación no quieren que se sepa. Por eso, si les rompes su imagen, se pueden lograr cosas Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace

“Las mujeres están siendo la punta de lanza de la resistencia. Muchas se han quedado solas. Los hombres han partido y ellas se hacen cargo de la familia, el patrimonio y la tierra”, indicó Castro. En este sentido, la hija de Berta Cáceres añadió: “En una sociedad masculinizada, son ellas a las que más se ataca. Se las estigmatiza y se les acusa de locas o brujas resentidas”. A su lado, Azahara Peralta, despedida de Acuamed después de negarse a firmar unos sobrecostes inexistentes, aseguró que ella está en el paro "por hacer lo que tenía que hacer". Y añadió que el miedo provoca parálisis en muchas personas: “Aquí nos quejamos mucho en el bar, pero no hacemos nada. Y vamos dejando que las grandes empresas sigan acumulando los mayores casos de corrupción”. El juez acaba de reabrir el caso Acuamed por presunto fraude millonario en la adjudicación de obras.

Para concluir, Mario Rodríguez habló de la efectividad de los actos individuales incluso a miles de kilómetros de distancia. “Las empresas o bancos que financian la deforestación no quieren que se sepa. Por eso, si les rompes su imagen, se pueden lograr cosas”. El director ejecutivo de Greenpeace puso como ejemplos el fracaso de un proyecto energético de Endesa en la Patagonia Chilena o la demanda a Mapfre, Siemens e Iberdrola por la intención de construir una megapresa en el río Tapajós del Amazonas. La lucha por el medio ambiente, concluyó, se reparte entre la presión a las empresas “desde aquí” y apoyar la protección de quien pelea allí. “Se debe promover el cumplimiento de los derechos humanos, el Artículo 8 de la Convención de Diversidad Biológica –preservando las poblaciones indígenas- y establecer medidas para investigar imparcialmente el acoso a quienes defienden el medio ambiente”, resumió.