Fugados, sin privilegios

La retirada de la orden europea de detención contra el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros fugados en Bélgica no es una muestra de debilidad, ni de temor, ni de resignación de la Justicia, sino exactamente de lo contrario. La medida adoptada en el auto de retirada de la euroorden por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena obedece al designio de evitar que los fugados sorteen la persecución de alguno de los delitos por los que están encausados (como el de rebelión) y que ciertos actos se evaporasen del proceso, lo que rompería el principio de universalidad de la ley y el de que ningún delito debe quedar sin castigo.

Si así fuese, los fugitivos llegarían a gozar de un trato asimétrico privilegiado respecto de los parlamentarios y los exconsejeros que se quedaron en España. Y que tuvieron la dignidad de arrostrar las responsabilidades de sus actos de rebeldía contra el ordenamiento constitucional y estatutario: estos sí responderán por todas sus presuntas actuaciones ilegales.

Así que la decisión del Supremo busca asegurar la igualdad de trato, la equidad de resultado y el principio de que a igual delito igual pena, nociones jurídicas dotadas también de una gran proyección como imperativo cívico: evitar siempre y en todo caso las discriminaciones negativas. Y corrige para bien la quizá precipitada orden internacional dictada por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, de cuya jurisdicción absorbió el caso.

La base de la decisión apela a que la rebelión es un delito tan individual como de ejecución colectiva, producto de una estrategia compartida por varios, en la que cada uno juega su rol conectado al resto. Fragmentar el caso, o dispersar las figuras delictivas —como permitiría la normativa de la euroorden, si unos tipos penales rigen en un país pero no en el que debe decidir la entrega— conduciría a un juicio injusto para todos. Algunos pagarían mayor factura que otros.

El hecho de que pueda bajar transitoriamente la presión policial sobre los fugitivos en Bruselas resulta, sin embargo, un caramelo envenenado para ellos. Porque ya han comprobado que con una módica fianza gozarían en su inmensa mayoría de la libertad de la que disfrutan los demás.

Si se presentaron honestamente a las elecciones, deberían volver para hacer campaña y si les eligen, tomar posesión de sus escaños. Si no lo hacen, quedará patente ante sus electores que el voto que se les solicita es un engaño: no servirá para lo que teóricamente se pretende. Y si no vuelven por temor a pasar unos días de prisión, quedará claro que al incorporarse a la contienda del 21-D solo buscaban un escudo político. Y una patente de corso para seguir con su ruidosa propaganda que tanto perjudica a los catalanes, como se ha comprobado con la pérdida de la Agencia Europea del Medicamento: sus trifulcas fueron decisivas para descartar a Barcelona.

Vuelvan en buena hora los encausados. Afronten sus responsabilidades. Defiendan su causa sin espectáculos. Y no abandonen a quienes de buena fe confiaron —equivocadamente— en ellos.