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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Las cuentas de Madrid

El Gobierno debería despejar toda duda sobre la motivación política de intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, durante el pleno del Ayuntamiento. VÍDEO: Declaraciones de Rita Maestre.Vídeo: Carlos Rosillo ATLAS

La política no se combate incumpliendo las leyes, sino luchando para cambiarlas. El Ministerio de Hacienda ha sometido a severas medidas coercitivas las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ahora Madrid, al ordenar una tutela semanal de sus finanzas después de rechazar por tercera vez un plan económico presentado por la alcaldesa Carmena que tomaba como base del techo de gasto de 2017 el gasto ejecutado en 2016 (que se excedió en 234 millones) y en 2015 (17 millones), y no el legalmente autorizado.

Las cuentas del Ayuntamiento de Madrid están saneadas y cerraron el año pasado con un superávit de 1.000 millones. Carmena alega que ha reducido en 2.000 millones la deuda que dejó Gallardón y que ya empezó a encauzar Ana Botella (PP). Pero el concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, se había embarcado en una lucha particular contra la Ley de Estabilidad Financiera al defender el gasto de parte del remanente financiero en inversiones y políticas sociales en un grado mayor que el que permite la ley.

La flexibilidad en el cumplimiento del déficit y el reparto de ese cumplimiento entre las administraciones central, autonómica y municipal es un debate necesario en la medida en que España va creciendo y se pueden vislumbrar más políticas sociales que no pongan en peligro la estabilidad financiera. Pero no son los hechos consumados los más indicados para defender otro margen, sino la negociación entre instituciones y partidos.

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Ahora Madrid entiende la tutela como un ataque político al consistorio y alega que son cientos los ayuntamientos que también incumplen el techo de gasto (algunos de ellos, intervenidos en un grado superior). El Gobierno debería despejar todas las dudas —algunas fundadas— sobre la motivación política de la medida. Pero Ahora Madrid no puede incumplir la ley y presumir de ello.

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