Esto no ha acabado todavía

La euforia no es buena ni en política ni en la vida. Sería un error pensar que porque la aplicación del 155 exprés se haya iniciado con éxito, los problemas se han acabado. Ni mucho menos. Es verdad que se ha cortado en seco la rebelión y que las elecciones convocadas para el 21 de diciembre abren una vía de esperanza para el cambio político en Cataluña. Pero nada más. Ni el bloque independentista ha tirado la toalla, ni los constitucionalistas tienen asegurada la victoria. Los secesionistas han perdido, pero no ha ganado nadie. Yo diría que todos hemos perdido un poco en esta disputa.

Por eso, es muy importante continuar con la intervención efectiva del Gobierno de la Generalitat, prevista en el artículo 155 de la Constitución, y que la justicia siga haciendo su trabajo para que todos aquellos que se han saltado la ley sean juzgados como haría cualquier Estado de derecho. A todos se nos llena la boca al hablar de la independencia del poder judicial, pero luego caemos en la tentación de pedir a los jueces una cosa o la contraria; rapidez o calma; firmeza o piedad.

Es el momento de que todos (políticos, periodistas, líderes de opinión y hasta los propios jueces y fiscales), dejemos de decir a los magistrados lo que tienen que hacer. Ellos lo saben perfectamente: juzgar si se han cometido delitos y actuar en consecuencia. Lo que sí podemos pedir es que el fiscal general del Estado deje de intervenir públicamente. Esa no es su función. Los jueces y fiscales hablan con sus escritos, autos o sentencias. Y cada vez que José Manuel Maza sale a la palestra para explicar lo que va a hacer la fiscalía, está dando razones para que los independentistas acusen al Gobierno de intervenir en el procedimiento.

El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional ya han citado a declarar como imputados a los miembros de la mesa del Parlament y al Gobierno de la Generalitat el jueves y el viernes. Ahora se inician unos procedimientos que deben seguir su camino sin interferencias de ningún tipo. Otra cosa es lo que pueda hacer el expresidente Carles Puigdemont, que ayer montó un espectáculo estrambótico en Bruselas, pidiendo garantías de un juicio justo para volver a España a ser juzgado. ¿Garantías o privilegios? Porque nadie duda de que el sistema judicial español es de los más garantistas de Europa.

Lo que deberían hacer los partidos políticos es olvidarse de la vía judicial y dedicarse a preparar a conciencia las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Los resultados de esos comicios son vitales para poder recuperar la concordia en Cataluña y de los catalanes con el conjunto de los españoles. Si se repiten los resultados de 2015, volveremos a la casilla de salida. Y según la última encuesta oficial del CIS catalán, las fuerzas independentistas volverían a tener mayoría en el Parlament si hoy se celebraran las elecciones. Aunque una consulta de este tipo, sin que se sepa cómo serán las coaliciones electorales, tiene una credibilidad más bien escasa.

Quedan 50 días para las elecciones. Los independentistas y sus satélites van a intentar embarrar al máximo el terreno de juego. Lo que deberían hacer los partidos constitucionalistas es lanzar una buena campaña electoral llamando al voto a esa mayoría silenciada que volvió a la calle hace pocos días, y a todos los decepcionados por el procés .