El Gobierno suspende tres órganos que creó la Generalitat para desarrollar el autogobierno

El Consejo de Ministros acordó ayer la disolución de tres organismos de la Generalitat de Cataluña que formaban parte del llamado Consejo para la Transición Nacional —destinados a impulsar las estructuras para favorecer la independencia— y destituyó al director del Instituto de Estudios del Autogobierno, Carles Viver Pi-Sunyer, así como a un alto cargo de la vicepresidencia que lideraba Oriol Junqueras y a los siete delegados territoriales que tenía el Gobierno catalán.

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Enric Millo, delegado del Gobierno en Cataluña, compareció anoche ante la prensa en Barcelona para dar cuenta de todas las medidas aprobadas en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado en Madrid. “Es la primera vez que sucede un hecho así por una situación de excepcionalidad”, dijo, para referirse a la intervención de la autonomía de Cataluña acordada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, tras aprobarla el Senado, el pasado 27 de octubre.

“El Gobierno de la Generalitat se apartó totalmente de la ley y la función del Gobierno de España era garantizar el funcionamiento de los servicios públicos en Cataluña, restablecer el orden estatutario y constitucional y proteger las instituciones catalanas de autogobierno”, señaló Millo antes de anunciar que en los cuatro días de aplicación del artículo 155 (dos de ellos, laborables) todos los departamentos de la Generalitat han estado funcionando con normalidad. Por eso agradeció la “profesionalidad y colaboración” de todos los funcionarios de la Administración autonómica.

Los tres organismos que ayer disolvió el Consejo de Ministros con un real decreto son la Secretaría para el Desarrollo del Autogobierno, la Oficina para la Mejora de las Instituciones del Autogobierno (ambos dependientes de la Presidencia de la Generalitat) y la Comisión Interdepartamental sobre el Autogobierno. Son tres entes creados en marzo de 2016, cuando Carles Puigdemont cambió el nombre del llamado Instituto de Estudios Autonómicos por el de Instituto de Estudios del Autogobierno y mantuvo como director a la misma persona: Carles Viver Pi-Sunyer. Este había sido exvicepresidente del Tribunal Constitucional y con los Gobiernos de Artur Mas y Puigdemont ha ejercido de referencia jurídica en los numerosos estudios que se han realizado para llevar a Cataluña hacia la independencia. La decisión del Consejo de Ministros de ayer acaba con ese mandato.

En esa misma reunión también aprobó ayer la destitución de los delegados de la Generalitat en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, Tierras del Ebro, Cataluña Central y Alto Pirineo y Arán, así como del que había sido número dos de Oriol Junqueras en la vicepresidencia de la Generalitat, Lluis Juncà, nombrado el pasado día 24 en la última reunión que celebró el Gobierno de Puigdemont.

El Consejo de Ministros aprobó asimismo un decreto de normas complementarias para la organización de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, que concreta todos los aspectos para asegurar el desarrollo de la jornada, desde los plazos de procedimiento hasta las gratificaciones e indemnizaciones a los funcionarios y agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajen ese día o la forma en que los Ayuntamientos se comunicarán con las juntas electorales. Al estar destituido Carles Puigdemont y su Govern por decisión del Consejo de Ministros, corresponde al Ejecutivo del PP la organización de las elecciones y la concreción de las medidas necesarias para hacer posible el voto en los 948 municipios de Cataluña.

Juicio justo

El delegado del Gobierno en Cataluña también se refirió a las declaraciones que horas antes había realizado desde Bruselas el expresidente Puigdemont, en las que dejaba en el aire si volvería a España, alegando que no tenía garantías de que se iba a celebrar un juicio justo e inquiriendo al Gobierno de Rajoy y al “bloque del 155” si iba a aceptar el resultado electoral del 21 de diciembre. “Me parecen unas declaraciones insólitas y me resulta chocante que sea el único presidente de la Generalitat que ha vulnerado la ley el que pida que se respete el resultado”, dijo Millo. “Todos los Gobiernos, españoles y autonómicos, han respetado siempre los resultados de unas elecciones, y esa es una pregunta que se concreta por sí sola”, añadió.

En otro momento, Millo expresó su confianza en que Puigdemont acudirá a declarar a la Audiencia Nacional. “Confío en que lo hará como cualquier ciudadano, que nadie se va a situar por encima de la ley y que va a colaborar con la justicia”, afirmó. Con todo, Millo explicó que lo que le parecía más trascendente de la comparecencia de Puigdemont era que el expresidente reconocía las elecciones que se iban a celebrar. “Como no podía ser de otra manera”, zanjó el delegado del Gobierno en Cataluña.

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