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Para restaurar la ley, solo la ley

Para esterilizar y contrarrestar un golpismo parlamentario, la democracia no puede patrocinar ninguna operación inversa equivalente

Aspecto del hemiciclo tras aprobarse en el pleno del Parlament la declaración de independencia.

A partir de ahora se trata de restaurar la ley, la vigencia del Estatut y el amparo de la Constitución. Amén de restañar las heridas económicas y morales causadas a la ciudadanía catalana por una dirigencia que buscó —y ha logrado— dividirla.

El imperativo es, pues, también, recolocar en su trono cívico a la cohesión social, tras el cruel mandoble que le ha asestado el secesionismo a base de ningunear a la mayoría discrepante.

Y que ahora pretenderá agrandar a base de resistencialismos dramáticos: con el problema inducido de los eventuales brotes de violencia. Y el ya registrado del señalamiento (botiflers), el dicterio (fachas), el escrache (a los ocupantes) y el vituperio (españoles) a los autonomistas y federales.

La intervención no está prevista como desquite frente a revoltosos, o castigo a soñadores ingenuos, aunque se equivocaran.

No es un instrumento multiuso a disposición de los más rancios nacionalistas veteroespañoles contra los más retorcidos nacionalistas paleocatalanes. No está en revertir ningún sistema de enseñanza, ningún esquema sanitario, ninguna ambición de autogestión respetuosa, ni perseguir o arrancar ideas, como las secesionistas, por inútiles o lerdas que parezcan.

Nos juraron que no había suspensión de la autonomía. Pero muchos dudaban sobre la eficacia y la capacidad de practicar cirugía fina de unos aparatos estatales que fueron incapaces de detectar miles de urnas y tácticas de guerrilla urbana 2.0 el día del —digamos— referéndum. O sobre la pertinencia de la restricción —siquiera temporal— al derecho colectivo a la autonomía del artículo 2 de la Constitución.

Claro que las menguas del texto-base interventor a las competencias parlamentarias o al derecho a la participación política del artículo 23 de la Constitución quedaron anoche disipadas. La disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones anticipadas ahuyentan esos riesgos (aunque puedan volver si la situación se encona). Y revitaminan el propósito de acto puntual y rectificador de la intervención.

Así que no hay otra que confiar en su intención (y monitorizarla). Al menos por contraste, pues los otros solo brindaron la más rastrera traición al Estatut, el fraude de ley, la división social y la pobreza.

Europa apoya, homogénea, la restauración de la constitucionalidad menoscabada. Pero advierte también del uso ponderado de los poderes del Estado, sobre todo del monopolio legítimo de la fuerza.

En eso consiste la doble tarea pendiente. Solo puede cumplimentarse en democracia desde la ley (y no desde excesos gratuitos); con pleno respeto a la ley (y no retorciendo ni su letra ni su espíritu).

Dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Y solo la ley. Para esterilizar un golpismo parlamentario, la democracia no puede patrocinar operaciones inversas equivalentes. Ni acusar de rebelión al no violento (artículo 472 del Código Penal). Ni abusar de prisiones cautelares. Ni aplastar al disidente, ni humillar a la oposición: como han hecho los rebeldes.

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