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Caos y confusión

Puigdemont se desautoriza a sí mismo mientras el soberanismo se divide

Carles Puigdemont durante su declaración institucional este jueves.

En otra esperpéntica jornada que demuestra hasta qué punto el soberanismo ha tocado fondo, el presidente Puigdemont sometió ayer a la ciudadanía a otro ejercicio de funambulismo político.

Convocados los medios de comunicación en tres horarios distintos con mensajes contradictorios sobre el contenido de los anuncios que se trasladarían a la opinión publica, Puigdemont optó, una vez más, por inundarnos de retórica vacía, medias verdades y falsedades manifiestas. Pero, sobre todo, otra vez, buscó ganar tiempo y trasladar la responsabilidad a otra institución —el Parlament—.

Es radicalmente falso, como señalaba el president, que haya agotado todas las vías de diálogo: su incomparecencia en el Senado, que debía tener lugar en el mismo momento en el que pronunciaba su discurso, es la muestra más reciente de que el diálogo —según lo entiende el president— solo puede versar sobre cómo forzar al Estado a aceptar la independencia de Cataluña, si por las buenas o por las malas.

También falta a la verdad Puigdemont cuando caracteriza el artículo 155 de la Constitución como una agresión ilegal y autoritaria que pretende acabar con el autogobierno: una vez más, el president obvia que es su desafío a la Constitución, el Estatut y las sentencias del Constitucional las que motivan el recurso a un artículo que todas las Constituciones democráticas incluyen, precisamente para tratar casos como el que estamos viviendo en Cataluña.

No puede ignorarse tampoco su inveterada apelación al civismo del movimiento independentista. Violar las leyes, forzar las normas democráticas, romper la convivencia y, sobre todo, pretender privar ilegalmente de su ciudadanía y derechos a millones de catalanes y a sus representantes políticos legítimos dista mucho de constituir un comportamiento cívico y ejemplar.

El cúmulo de despropósitos que hay detrás de un discurso sombrío y amenazante no acaba ahí. La convocatoria de elecciones autonómicas es, sin duda, una prerrogativa del president. Que por supuesto tiene que darse dentro de la ley y, como es natural, dentro del orden constitucional; no, como pretende Puigdemont, como un elemento más en su estrategia de constante chantaje al Estado.

El caos y confusión generados por Puigdemont apunta, en último extremo, a la división existente en sus filas. El soberanismo, que forma una extraña amalgama de radicales antisistema y movimientos callejeros con partidos políticos tradicionales como Convergència —hoy PDeCAT— y Esquerra Republicana, ha consumado su fracaso: ha fracturado a la sociedad, ha puesto en fuga a las empresas, no ha logrado ningún apoyo internacional y, para culminar, está a punto de desencadenar la aplicación del artículo 155 con el consenso de tres grandes fuerzas parlamentarias —PP, PSOE y Ciudadanos—.

Se confunde Puigdemont al interpelar al PP y señalarlo como responsable de la situación en la que vivimos. Es el Estado y sus instituciones, en pleno uso de sus facultades constitucionales y en representación de la ciudadanía y sus derechos, el que está dispuesto, hoy más que nunca, a actuar para restablecer el orden constitucional ante el caos sembrado por el soberanismo.

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