155: cuenta atrás

Comienza una semana decisiva. Hoy acaba el plazo otorgado por el Gobierno para que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, empiece a recular en su carrera hacia la desconexión o, por el contrario, siga adelante y dé por declarada la independencia. En tal caso, la aplicación del artículo 155 de la Constitución —ya evocado por Mariano Rajoy— estará más cerca. El independentismo alentado por el Govern y los anticapitalistas de la CUP tendrá aún, sin embargo, otros cuatro días para sortear una medida que, inevitablemente, reduciría temporalmente la capacidad de autogobierno que la Constitución Española y el Estatut de Autonomía han brindado hasta ahora a Cataluña.

De seguir adelante, Puigdemont habrá cometido un error histórico del que Cataluña y el resto de España saldrán mal parados. Su desafío, sobre una base social que no alcanza el 50% según las últimas elecciones autonómicas, conduce esta crisis a un callejón sin salida en el que el artículo 155 asoma como la única manera de defender al Estado de derecho sin necesidad de recurrir a herramientas mucho más traumáticas, como el estado de alarma, excepción o sitio (artículo 116).

El mandato constitucional del 155 es abierto. Deja, pues, al arbitrio del Ejecutivo la delicada tarea de intervenir cuidadosa y proporcionadamente. En sus manos está desde la disolución del Parlament hasta la inhabilitación de dirigentes secesionistas pasando por la toma de control del orden público. La participación de las autoridades de las comunidades autónomas en el proceso, y del Senado, donde están representados los partidos independentistas, visualizará que el independentista no es solo un enfrentamiento contra el poder central, sino contra el Estado en su conjunto, y que cabe la negociación y el obvio recurso a los tribunales contra las medidas adoptadas.

El ultimátum del Gobierno central es todavía una oportunidad que Puigdemont haría bien en aceptar. Semanas después de la aprobación fraudulenta de las leyes de ruptura los días 6 y 8 de septiembre en el Parlament y del simulacro de referéndum del 1-O, el limbo en el que ha quedado Cataluña, con una independencia suspendida aplicable en cualquier momento, ha generado una situación catastrófica en términos políticos y económicos.

El Estado no puede permitir la existencia de una legalidad alternativa en uno de sus territorios, por lo que no tiene otro remedio que utilizar los instrumentos democráticos que la Constitución le otorga para restablecer la normalidad. Hay que decir que el artículo 155 es similar a disposiciones de otras Constituciones europeas y que su objeto no es clausurar o cercenar la autonomía de ninguna región (en este caso Cataluña) sino defenderla precisamente frente a la arbitrariedad y el desprecio a la ley que Puigdemont, su Gobierno y sus apoyos parlamentarios protagonizan desde hace años.

El president de la Generalitat debe asumir por ello que cuando reclama diálogo es esencial que cumpla previamente la condición de deshacer el camino andado: no puede haber otro diálogo que no sea en el seno de la legalidad, y ha de llevarse a cabo en el Congreso de los Diputados, con participación de todos los partidos allí representados. El diálogo democrático no puede ser entre la Plaza de Sant Jaume y la Moncloa. Ni el presidente del Gobierno está capacitado para negociar la soberanía nacional. Seguramente, el inicio de la solución política tendrá que venir antes o después (ojalá que antes) a través de una convocatoria electoral, en Cataluña primero y en toda España más tarde, que permita expresarse a todos los ciudadanos y de la que salga una renovación en profundidad de una clase política, cada día que pasa más desprestigiada ante la mayoría de los ciudadanos.