Por la unidad

Para que regrese el seny, la sensatez. Con esa idea, la Societat Civil Catalana (SCC), fundada en abril de 2014 por personas próximas a Ciudadanos, el PSC y el PP, ha convocado hoy una manifestación en Barcelona. No es la primera vez que esta entidad llama a los catalanes a la calle, pero la convocatoria de hoy adquiere un peso singular dentro del contexto en el que ha entrado el llamado procés en los últimos días. Ayer hubo también otras movilizaciones ciudadanas significativas, como la cita de Madrid a favor de la unidad de España o esas otras convocatorias blancasque llamaban a buscar una salida urgente al conflicto a través de la negociación y la renuncia al maximalismo. La mayoría silenciosa parece empezar a hablar.

El sector independentista lleva mucho tiempo exhibiendo gran capacidad para incorporar a los afines, y no tan afines, a su afán de romper con España, y por eso el Govern se ha servido de la calle para intentar dar alguna legitimidad a un proyecto que quedó herido de muerte tras el golpe a la legalidad que montó en el Parlament el soberanismo con la aprobación, los días 6 y 8 de septiembre, de las llamadas leyes del referéndum y de la transitoriedad.

La iniciativa se produce en un momento particularmente delicado. La tensión que ha logrado generar el abigarrado y movilizado independentismo, orquestado por la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, y jaleado por los radicales de la CUP, ha impuesto un ambiente de crispación en el que los que no comparten el proyecto secesionista se han visto empujados a ese “lugar silencioso”, a esa “tierra de nadie” a la que aludía en un artículo reciente, publicado en este periódico, la cineasta Isabel Coixet. Dar visibilidad a esa mayoría silenciosa, recuperar un clima de diálogo y concordia, reforzar el proyecto de convivencia, celebrar la larga historia de complicidades entre los catalanes y el resto de los españoles: todo esto forma parte de estas convocatorias.

Se ha utilizado la movilización social para situar a los ciudadanos fuera del marco legal

Algo se ha quebrado en el día a día de los catalanes. Aquellos que en las primeras movilizaciones hablaban del derecho a decidir lo hacían en un clima pacífico. Esa atmósfera —rota ya en los últimos tiempos, como ocurrió en la huelga del pasado martes— no debería haberse utilizado nunca para situar a una parte importante de los ciudadanos fuera del marco legal del Estatut y la Constitución, llamándolos a votar —bajo la infame estratagema de una legalidad paralela— en un referéndum sin garantías democráticas que ya había prohibido el Tribunal Constitucional.

La desastrosa gestión que hicieron el pasado domingo los responsables políticos de las fuerzas de orden público llamadas por una juez a impedir que se violara la ley vino a complicar una situación ya de por sí explosiva. Como ocurre en todas las sociedades democráticas avanzadas, gran parte de los ciudadanos catalanes confiaban en el funcionamiento de las instituciones y daban por sentado que las distintas formaciones políticas librarían dentro del marco legal sus batallas por el poder.

El desleal comportamiento de los Mossos d’Esquadra a la hora de obedecer las órdenes de la judicatura para frenar los pasos que marcaba el guion secesionista —retiraron las urnas de una serie de colegios electorales mientras miraban a otra parte en otros, por ejemplo— ha contribuido también a aumentar la inquietud por el deterioro de las garantías democráticas en Cataluña.

Estos días, buena parte de los argumentos de los secesionistas han caído hechos trizas

Si se suma todo lo ocurrido, especialmente en las últimas semanas, se entiende que haya muchos catalanes que quieran dar visibilidad a su rechazo a ese procés que está debilitando gravemente las instituciones (¿qué autoridad tienen, por ejemplo, los Mossos, si ellos mismos se saltan la ley?) y, sobre todo, a reafirmar que la pluralidad es una marca incuestionable y una de las mayores riquezas de Cataluña. En un ambiente tan caldeado, es importante que la movilización se desarrolle en un clima de normalidad. Sin miedo, y evitando cualquier gesto que se salga del fundamental clamor por la concordia.

Durante los últimos días, la mayoría de los argumentos con los que el separatismo adornaba su proyecto de desconexión —como que el proceso no iba a suponer pérdidas de ningún tipo— han caído hechos trizas. Las instituciones europeas han dejado muy claro que no admitirán a una Cataluña que haya dinamitado la Constitución de un país miembro, mientras que un gran número de importantes empresas han decidido mudar sus sedes ante la amenaza de la declaración de independencia.

Una parte de los catalanes está saliendo a la calle para acabar con otra falacia del independentismo: la de que allí existe un único pueblo que quiere irse de España, y una minoría que lo acepta en silencio y acríticamente. Nada más lejos de la realidad. Ojalá que estos gestos ciudadanos ayuden a reforzar también la unidad de los partidos, que Rajoy reclama hoy en la entrevista en EL PAÍS, y a la que sería bueno contribuir desde el Gobierno y desde la oposición —incluidos partidos catalanes— con la fórmula que sugiere el presidente del Gobierno o con cualquier otra.