Usar Europa en vano

La Generalitat apela a la mediación europea para resolver en favor de la independencia (con las excusas del derecho a decidir, o de las actuaciones policiales del domingo) el pulso que mantiene con el Estado de derecho español.

Y pronto lo hará ante más organismos internacionales, buscando ganar fuera —blandiendo tristes imágenes impactantes— lo que fue incapaz de lograr dentro, por la vía de convencer políticamente.

Es una apelación extemporánea. Porque esa mediación no encaja con el Tratado de la Unión, que en su artículo 4 obliga a todos a respetar la integridad territorial y la Constitución de todos los Estados miembros. Y es cínica porque la alianza que sostiene al Govern oscila entre la indiferencia ante la UE y la hostilidad a ella.

Esquerra Republicana hizo una agresiva campaña contra el Tratado Constitucional, que derivó en el actual Tratado de Lisboa, porque a su entender (certero) no recogía el derecho a la secesión. Convergència (hoy PdeCat) llegó al borde de esa misma posición, provocando una crisis considerable con sus sectores más europeístas.

Y la antisistema CUP reniega de Europa, a la que tilda de máxima expresión del neoliberalismo capitalista y cuya bandera quema alegremente en las calles. Quizá ignora que la más socorrida crítica al club comunitario es exactamente la contraria: cuelga de su impresionante Estado de bienestar, que ha sobrevivido a los embates de los desreguladores; de los ideólogos del anarquismo conservador y de la Gran Recesión, que indujo al extremismo la idea de desmantelar derechos y subsidios del modelo social envidiado en el mundo entero.

El carácter fraudulento de la pretensión secesionista se evidencia en que pide a Europa apoyo mediador para una causa cuya finalidad última es la fragmentación del Estado. Es decir, exactamente lo contrario de la filosofía fundacional de la UE, que postula la superación de los demonios que los nacionalismos excluyentes siempre han traído a Europa.

Y además se pide esa mediación para un diálogo que en realidad es un ultimátum, pues plantea como requisito irrenunciable la aceptación de un falso derecho a votar la secesión o, directamente, el reconocimiento de la independencia.

Al cinismo de esa petición se le suma el sesgo oportunista de su formulación. Resulta ya evidente que ese plan es una mera operación de propaganda. Busca caricaturizar a la democracia española como un Estado democráticamente inviable, con objeto de pergeñar una coartada para una secesión “remedial”, aliviadora de los excesos de una (inexistente) dictadura.

No será así, como ayer reiteró la Comisión Europea, porque la UE está obligada a respetar la integridad territorial de cada Estado miembro y sus Constituciones respectivas. Y en consecuencia porque la solución al litigio debe surgir en todo momento desde dentro del ordenamiento español.

El Gobierno de Mariano Rajoy debe emplearse a fondo en ello, tras haber dilapidado una por una toda oportunidad de contrarrestar la máquina de propaganda secesionista. Su ausencia en la reciente cumbre de la UE en Tallin, donde debía haber explicado las razones que sustentan la razón del Estado de derecho español, es el símbolo perfecto de todas sus ausencias.