Romper la coalición independentista

Desde el inicio del proceso soberanista catalán en septiembre de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha limitado a afrontar la crisis territorial apelando a la Constitución y a la legalidad vigente. Según el Ejecutivo español, no ha existido margen para tomar la iniciativa y alcanzar soluciones políticas pues la negociación con los partidos independentistas es inviable. Ciertamente, no parece fácil establecer vías de diálogo con un Ejecutivo catalán que se siente sujeto a un mandato irrenunciable de ruptura con España tras las elecciones plebiscitarias de 2015.

Sin embargo, no es cierto que el único interlocutor posible para lograr una solución política a la crisis territorial sea el actual Gobierno independentista catalán. De hecho, si el Gobierno central quisiera realmente apostar por una salida política, éste debería puentear a los partidos independentistas y buscar directamente la interlocución con la opinión pública catalana. En concreto, debería dirigir sus esfuerzos a seducir a una porción de la población muy concreta: los catalanes federalistas (o que desean un mayor autogobierno para Cataluña) que actualmente se han sumado a las filas del independentismo por razones estratégicas.

Un error frecuente que se comete al analizar el llamado “problema catalán” es considerar que el independentismo es un colectivo monolítico. En realidad, los partidarios de la independencia de Cataluña constituyen una coalición heterogénea de grupos con distintos intereses y preferencias. De modo simplificado, se puede dividir el independentismo en dos grandes grupos en función de sus preferencias territoriales. En primer lugar, nos encontramos a los independentistas incondicionales, con un compromiso casi inquebrantable con la construcción de un Estado catalán. Por otro lado, existen los independentistas circunstanciales, cuyo modelo territorial ideal es una España federal (o con mayores cotas de autogobierno para Cataluña), pero que prefieren adherirse al proyecto independentista si la única alternativa a ella es simplemente mantener el statu quo.

Las reformas necesarias serían de ‘suma cero’; lo que se ofrezca a Catauña lo pagarán otras regiones

Los independentistas incondicionales son el colectivo mayoritario, pues representarían, según las encuestas del CEO, en torno al 80%-85% del total de los partidarios de la independencia. La mayoría de este colectivo ha desconectado de España y muy difícilmente volverán a sentirse vinculados a un proyecto común con el resto del Estado. Por su lado, los independentistas circunstanciales representan en torno al 15%-20% de los que hoy se declaran favorables a la independencia. Si bien este último colectivo representa una porción minoritaria del secesionismo, éste es esencial para poder alcanzar una eventual mayoría favorable a la independencia.

Los catalanes federalistas ocupan una posición estratégica crucial en la conformación de mayorías, pues son ellos quienes pueden acabar decidiendo hacia qué lado se inclina la balanza. En los últimos años, una porción relevante de este colectivo se ha sumado a las filas del independentismo. Según las encuestas, alrededor de un 30% de los votantes federalistas votó a formaciones independentistas en las elecciones “plebiscitarias” de 2015.

Estas elevadas cifras de adhesión al proyecto independentista entre los catalanes federalistas se debe, en gran medida, a la incomparecencia del Gobierno central en el debate público. Si el Gobierno español deseara desactivar el proceso soberanista catalán debería tomar la iniciativa con el fin de romper la coalición independentista atrayendo a sus filas a los independentistas circunstanciales. Si este colectivo vuelve a confiar en un proyecto común con España, el independentismo se reduciría a unos niveles que muy probablemente pondrían en jaque al proceso soberanista.

Si no se percibe el riesgo de secesión, los españoles no querrán pagar el coste de la reforma territorial

Pero ¿puede realmente el Gobierno central ofrecer una propuesta suficientemente atractiva como para romper la coalición independentista? No parece probable que se pueda atraer a ese catalán federalista que hoy simpatiza con la independencia simplemente con buenas palabras y algunos gestos simbólicos, como intentó el Gobierno de Rajoy en su Operación Diálogo de finales del pasado año. Quizás en el pasado era posible contentar a ese colectivo con reformas de corto alcance que no pusieran en peligro el equilibrio general del modelo autonómico. Sin embargo, en la actualidad, ante un escenario de ruptura y una desafección generalizada con el modelo actual de autogobierno, se requieren muy probablemente reformas de mayor calado.

Así, para romper la coalición independentista, el Estado debería plantear reformas que probablemente pongan en jaque el actual equilibrio del modelo territorial. Se trataría de reformas con una naturaleza de suma cero: lo que se ofreciera a Cataluña sería inevitablemente a costa de otras comunidades autónomas.

Es por este motivo que cabe preguntarse hasta qué punto estarían dispuestos los ciudadanos de otras comunidades autónomas a asumir los costes de un nuevo encaje de Cataluña en el Estado. Por el momento, no parece que así sea. Las encuestas del CIS indican que menos del 1% de la población considera la cuestión catalana como uno de los principales problemas del país. Existe una mayor preocupación por cuestiones como las pensiones o la inmigración que por la grave crisis del modelo territorial que sufre nuestro país.

La opinión pública española no parece haber asimilado la magnitud del problema catalán. Entre los españoles impera más un clima de hartazgo y desafección que de preocupación por esta cuestión. Si no se percibe la pérdida de Cataluña como un riesgo real, entonces probablemente los españoles no estén en condiciones de aceptar pagar un precio para resolver la cuestión catalana.

En definitiva, un Gobierno con verdadera vocación de resolver la crisis territorial catalana debería dirigir sus esfuerzos a romper la coalición independentista y recuperar, de nuevo, la lealtad de los federalistas catalanes. Pero, para lograrlo, es necesario poner encima de la mesa reformas que muy probablemente generarían una gran hostilidad en el resto de comunidades autónomas. Es por este motivo que un paso previo a la resolución de la actual crisis territorial es convencer a la opinión pública española de la verdadera magnitud del problema catalán y de que la unidad de España requiere inevitablemente asumir ciertos costes. Esta tarea sólo puede realizarla un Gobierno con capacidad de liderazgo, dispuesto a asumir ciertos riesgos políticos y que cuente con la unidad de los principales partidos de la oposición. Por el momento, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

Lluís Orriols es doctor por la Universidad de Oxford y profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid.