¿Es culpable la fauna salvaje de los problemas agrícolas y ganaderos?

Las quejas, persecución y muerte de lobos acusados de ataques al ganado son la punta del iceberg de un conflicto entre la fauna salvaje y la agricultura y la ganadería que, de no atajarse, puede tener nefastas consecuencias. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) avisa de que se necesitan "alrededor de 10.000 millones de euros al año para compensar a los propietarios por sus pérdidas o pagar por servicios especiales”. También advierte: "Los polinizadores, descomponedores y muchas otras especies no pueden protegerse centrándose únicamente en la designación de áreas protegidas”. Y finalmente acusa: “A la Comisión Europea y los Estados miembros de falta de voluntad política y de cooperación”.

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“Sin duda, la mala gestión en la protección de especies y espacios está en el origen de los principales problemas por interacción con la fauna que sufren los agricultores y ganaderos en España”, subrayan desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Esta asociación, junto a la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), y dentro de la Alianza por la Unidad del Campo, lleva dos años respaldando manifestaciones, especialmente en zonas loberas (la última a finales de agosto en Villardeciervos, Zamora), encabezadas con una polémica pancarta que dice “Menos fauna, más campo”.

Los osos, y en menor medida los linces, también son señalados como responsables de ataques al ganado. Recientemente, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), aprobó destinar 100.000 euros en ayudas para la prevención de daños a la ganadería por parte de grandes carnívoros, que incluye a los tres citados.

¿Más abejarucos o menos abejas?

Pero el problema no acaba con estos grandes depredadores. Buitres leonados, abejarucos, rabilargos, calamones, conejos, meloncillos, jabalíes y ciervos, entre otros, son igualmente puestos en el punto de mira de la responsabilidad de daños a colmenas, cultivos, rebaños y granjas. Bien es cierto que, en el caso de los dos últimos ungulados, la acusación se orienta hacia la mala gestión cinegética.

"La protección de la naturaleza es un bien público y no debe llevarse a cabo a expensas de los propietarios de las tierras", afirman desde el CESE. Dentro de las críticas a la financiación de la red Natura 2000 (hay que recordar que en España el 80 por ciento de su superficie está vinculado a los sectores agrícola, ganadero y forestal), destacan su dependencia casi exclusiva del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) .

Lutz Ribbe, portavoz del CESE, apunta que “en estos dos fondos, Natura 2000 compite con más proyectos, por lo que en muchos casos se actúa en detrimento de la protección de la naturaleza. Siempre hemos advertido contra este tipo de conflicto de intereses y pedimos de nuevo a la Comisión que apruebe sin dilación un presupuesto extraordinario para Natura 2000 con un cálculo exacto de los costes como punto de partida”.

Mientras tanto se suceden medidas parciales que desde las asociaciones ecologistas ven como una merma en la protección de las especies. Es el caso de las impulsadas desde la Junta de Extremadura con el abejaruco: “Las explotaciones apícolas podrán adoptar diversas medidas tendentes al control por daños del abejaruco y la disuasión en las inmediaciones de las colmenas, como el uso de aves de cetrería, dispositivos de sonido, elementos visuales disuasorios y disparos con escopeta para paliar el problema”.

“Pero, ¿cuál es el problema, que hay más abejarucos o que cada vez hay menos abejas?” A Luis Suárez, responsable del programa de especies de WWF España, le preocupa que “la fauna salvaje se convierta en chivo expiatorio de otros problemas y crisis que tiene el campo y que derivan principalmente de una Política Agrícola Comunitaria (PAC) que no se ha demostrado compatible con la conservación de la biodiversidad”. Este mismo verano, un estudio publicado en la revista Science confirmaba que los insecticidas que contienen neonicotinoides causan graves daños en la salud de las abejas y las colmenas.

Puntos de entendimiento

Mientras recoge las últimas ciruelas de su explotación en Valdelacalzada (Badajoz), Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, se muestra en principio comprensivo con las aves que “en estos tiempos de sequía, con falta de alimento, acuden más a los frutales a picar, incluso nos las pican verdes”, pero concluye que “algo hay que hacer que contente a todos”. Y también señala a la PAC: “El modelo por el que apuesta Europa, de liberalización e intensificación, no tiene en cuenta a las explotaciones más pegadas al territorio, y en un país como el nuestro, con una enorme diversidad agrícola y de naturaleza eso es vital”.

Desde el campo de la investigación se cuestiona igualmente este modelo con el ejemplo del veneno para atajar las plagas de topillos, que un reciente estudio con participación del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN/CSIC) ha demostrado que afecta negativamente a su depredador natural, el cernícalo. “Hace medio siglo no había plagas de topillos en las llanuras de Castilla y León, solo en montes y pastizales, pero el aumento de la superficie de alfalfa y de regadíos ha propiciado que tengan cobertura vegetal y comida tierna todo el año, y encima sin depredadores”, explica François Mougeot, científico titular del CSIC en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos y uno de los investigadores expertos en estudiar estas plagas y proponer medidas para mitigarlas.

Inés Jornada, responsable de Agricultura de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), prefiere hablar de confluencias y pone como ejemplos las logradas con ganaderos en Aragón para prevenir ataques de lobos y apoyar la ganadería extensiva y con Asaja para demandar una adecuada gestión de los cadáveres de ganado de cara a la buena conservación de los buitres. También Ecologistas en Acción realizó hace unos días un encuentro con el sector para fomentar la coexistencia entre la ganadería extensiva y el cánido salvaje.

Jordana destaca también su "activa" participación en el Foro de Acción Rural. "En absoluto planteamos la confrontación entre conservación y actividades productivas en el medio rural, sino que buscamos la compatibilidad que ha permitido mantener ecosistemas equilibrados desde todos los puntos de vista de la sostenibilidad”.

Todo esto está en peligro según el CESE. “La biodiversidad es una cuestión transversal y la reforma de la PAC debe tenerlo en cuenta; no se trata sólo de conservar especies animales o vegetales, sino de las condiciones mismas de la existencia humana; su pérdida pone en peligro nuestra subsistencia”, son algunos de sus mensajes. Y es principalmente el sector agrícola, subrayan, el que provoca los niveles más altos de presión sobre los ecosistemas terrestres. “Esperamos que la revisión de las superficies de interés ecológico (lugares dedicados a la protección de la biodiversidad en áreas agrícolas y ganaderas) y la reforma de la PAC se centren en la consecución de los objetivos de protección de la biodiversidad», concluye Lutz Ribbe.