El juego de la independencia y sus consecuencias

Dice Inés Arrimadas que la ley de referéndum que las fuerzas independentistas pretenden aprobar en agosto y sin debate parlamentario “parece escrita por una persona de 14 años”. En efecto, a veces parece que ni siquiera ellos se toman en serio lo que están haciendo, como si todo fuera un juego. Pero sus actos pueden tener consecuencias catastróficas para la ciudadanía y la economía catalana, así que conviene no engañarse al respecto. La frivolidad de nuestros gobernantes nos condena a competir mermados en diversos frentes importantes, como el de la elección de la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento (AEM).

Barcelona es una ciudad atractiva, con una conectividad y unas infraestructuras excelentes, una industria farmacéutica importante, centros de investigación e innovación reconocidos en todo el mundo y capacidad para atraer talento. Si a ello le sumamos la calidad de vida y el clima, no es de extrañar que el personal de la AEM haya manifestado en una encuesta su preferencia por Barcelona. Sin embargo, sobre la aspiración de Barcelona planea una amenaza que “el resto de las candidaturas sin duda tratarán de aprovechar para llevarse el gato al agua”. Me lo decía el otro día uno de los más prominentes farmacólogos catalanes, que se mostraba muy escéptico sobre las posibilidades de Barcelona en el caso de que acabe calando entre las cancillerías europeas la idea de que la amenaza secesionista del Gobierno catalán va en serio.

La situación es perversa porque entramos en la fase decisiva del proceso para elegir la nueva sede de la AEM justo cuando Puigdemont ha anunciado para el 1 de octubre la celebración de un referéndum unilateral sobre la secesión. “No parece demasiado lógico que la AEM se tenga que trasladar porque Reino Unido abandona la UE y que se elija como sede una ciudad cuya continuidad en la UE está en entredicho”, lamenta el científico. Y añade que “si hay un sector en el que es fundamental la estabilidad del marco jurídico e institucional, ese es el de la investigación médica y farmacéutica”, que se basa principalmente en proyectos a largo plazo que no pueden estar sujetos a las veleidades políticas.

El Gobierno central, que es el primer interesado en que la AEM venga a Barcelona, es también el primero en desdramatizar más allá de nuestras fronteras la gravedad del desafío secesionista, pero al mismo tiempo el Govern sigue tratando a toda costa de internacionalizar el proceso. Hablan de “conflicto” y presentan España como un Estado autoritario y antidemocrático que discrimina a los catalanes. Los ciudadanos de Cataluña tenemos la suerte de que, hasta ahora, el empeño internacionalizador del Govern ha fracasado estrepitosamente. ¿No se dan cuenta Puigdemont y compañía de que en su afán por desprestigiar España perjudican necesariamente los intereses materiales de Cataluña? ¿No entienden que, si por casualidad alguien diera crédito a sus difamaciones, las posibilidades de Barcelona de acoger organismos como la AEM se reducirían drásticamente?

Entramos en la fase decisiva del proceso para elegir la nueva sede de la AEM justo cuando Puigdemont ha anunciado para el 1 de octubre un referéndum unilateral

Lo más grotesco de todo es que, así como el Gobierno trata de minimizar la gravedad del tema fuera de España, en Cataluña a menudo son los propios miembros del Govern quienes, en encuentros y foros sectoriales lejos de los micrófonos y las cámaras, intentan tranquilizar a empresarios, investigadores y otras fuerzas vivas que manifiestan su creciente preocupación por lo que pueda ocurrir en los próximos meses. Reconocen que lo más probable es que no haya referéndum y aseguran que no hay nada que temer. Pero si a alguno se le escapa algo parecido en público, como al exconsejero Baiget, se le depura y sanseacabó. Vaya, que todo es un juego y se puede sostener una cosa en público y, al mismo tiempo, la contraria en privado. Que se puede estar todo el día diciendo que España nos oprime, que nos trata como a una colonia, que nos maltrata con unas infraestructuras tercermundistas, etcétera, y luego presentar una candidatura al amparo del Estado español para acoger la sede de la AEM destacando en primer término que Barcelona tiene unas infraestructuras magníficas.

Cualquiera diría que los líderes independentistas, que manifiestan a diario su desprecio por la Constitución y las resoluciones del Tribunal Constitucional, en el fondo confían y desean que el Estado de derecho actúe, sofoque el desafío que ellos mismos han planteado y evite las ominosas consecuencias de su propio proyecto rupturista. Y, de paso, prevén que la respuesta de nuestro Estado democrático para evitar el desastre les permita a ellos seguir alimentando su proverbial victimismo. No parece que su objetivo sea resolver los problemas de los catalanes, sino perpetuar la confrontación.

Cuando se cumplen 25 años del acontecimiento que cambió la historia reciente de Barcelona, las Olimpiadas de 1992, conviene reivindicar la altura de miras que presidió a la sazón la actuación de nuestros políticos, que supieron aunar esfuerzos por un objetivo común, y no perder nunca de vista lo que decía el entonces alcalde de Barcelona, el Maragall añorado: “Lo que es bueno para Barcelona es bueno para Cataluña y lo que es bueno para Cataluña es bueno para España”. En público y en privado. De lo contrario, es difícil resultar creíbles ante el resto de Europa y del mundo.

Ignacio Martín Blanco es periodista y politólogo.