Impuesto saudí a familiares de empleados extranjeros

Después de meses de noticias y rumores, Arabia Saudí empieza a cobrar impuestos, como resultado de las reformas fiscales anunciadas el año pasado para hacer frente a los bajos precios del petróleo. Desde el 1 de julio, todos los extranjeros que trabajen en el sector privado están obligados a pagar una tasa de 100 riales (unos 25 euros) al mes por cada familiar dependiente que viva en el reino, según ha informado la prensa local. “Mi marido lo tuvo que pagar ayer para salir del país”, comentaba una europea en una red social.

Cerca de 7,5 millones de extranjeros están empleados en el sector privado saudí, pero la mayoría viven allí sin sus familias, bien porque se trata de obreros sin derecho a la reagrupación o por decisión personal. Según el Departamento de Estadísticas, los dependientes que residen en el país ascienden a 4,5 millones. Se incluyen en esa categoría no sólo las esposas (hasta cuatro) y los hijos e hijas menores de edad, sino también los mayores de edad, otros familiares y empleados domésticos que estén bajo la responsabilidad del cabeza de familia.

Un rápido cálculo da un ingreso anual de 5.400 millones de riales, cifra poco significativa en un presupuesto de 890.000 millones, pero que a los trabajadores con salarios más modestos puede empujarles a enviar a sus familias a casa, tal como declaraban algunos a la prensa saudí. Además, es solo el principio. La tasa va a duplicarse anualmente hasta alcanzar el límite de 4.800 riales anuales por dependiente en 2020. Ese año, el Gobierno planea acabar con el déficit que arrastra desde el desplome de los precios del crudo en 2014.

El Reino del Desierto, como el resto de las petromonarquías de la península Arábiga, ha sido hasta ahora un paraíso fiscal para los trabajadores extranjeros. Pero la necesidad de equilibrar sus presupuestos les está obligando a tomar medidas impopulares. Tres de ellos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Qatar ya han anunciado la introducción de un impuesto sobre el valor añadido a partir de enero del próximo año. El resto, Baréin, Kuwait y Omán, lo harán más adelante.