Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Explicación fallida

La eficacia recaudatoria, discutible, no justifica el fiasco de la amnistía fiscal

Cristóbal Montoro en el Congreso de los Diputados.

Una vez más, el Gobierno —en este caso, el ministro de Hacienda— se ha pronunciado en el Congreso de los Diputados con explicaciones de una insuficiencia argumental inquietante. Cristóbal Montoro, responsable de una amnistía fiscal que anuló el Tribunal Constitucional (TC), mantuvo ayer una actitud arrogante ante los diputados de la oposición (más templada después, es cierto, ante la Comisión de Hacienda), con chascarrillos sobre su continuidad (confirmando que, al parecer, es él y no el presidente de Gobierno quien decide sobre su permanencia en el Ejecutivo) y amenazas veladas a la bancada socialista entreveradas con inexactitudes sonrojantes.

El ministro no aclaró nada, no explicó nada, ni se arrepintió de nada; solo acumuló estadísticas favorables. Se atiene a un catecismo que obra sus virtudes por repetición. Toda su argumentación ante la Comisión de Hacienda se basó en dos supuestos. Por una parte, la anulación del Tribunal Constitucional no toca al fondo de amnistía, puesto que se reprocha solo la utilización del real Decreto para modificar una Ley Fundamental (artículo 31.1 de la Constitución). Por otra, sus efectos han sido beneficiosos para la economía y la lucha contra el fraude.

Pero la argumentación es inexacta. Lo que el señor Montoro considera la forma es en realidad el fondo. El Gobierno de Mariano Rajoy, a instancias del ministerio de Hacienda, vulneró la Constitución, precisamente el mismo texto fundamental que dice hoy defender frente a las veleidades secesionistas. Pero es que el Constitucional sí menciona explícitamente el trato desigual que la regularización inflige a quienes pagaban puntualmente sus impuestos —la mayoría de empresas y ciudadanos— frente a quienes tenían dinero oculto. Para el Tribunal Constitucional, la amnistía es una ofensa explícita a la equidad fiscal de los contribuyentes.

El recurso a la eficacia y a las ventajas para la inspección fiscal de las rentas afloradas no es argumento convincente. En nombre del afloramiento de rentas no puede hacerse cualquier cosa, en especial si vulnera la ley. Que es el caso.

En cuanto a la eficacia en sí, es muy discutible. Muchos de los amnistiados apenas pagaron el 0,1% de lo regularizado; el Decreto fue tan condescendiente con los titulares de rentas ocultas que permitió el blanqueo de dinero al permitir la declaración en metálico. El ministro tampoco tiene en consideración un aspecto decisivo: la credibilidad institucional. Hubiera sido mejor que el dinero se descubriera por la actuación de la Agencia Tributaria y no por un retroceso de la firmeza tributaria.

El movimiento táctico de suscitar el interés de los grupos para que en el futuro se prohíban las regulaciones fiscales debería ser atendido, sin duda, como una iniciativa razonable en sí misma; pero no oculta la incompetencia de quienes articularon la amnistía de 2012 ni debe mitigar las consecuencias políticas de semejante vulneración de la igualdad fiscal entre los españoles. La decisión ya está en manos del presidente Rajoy.

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