Incontinente Montoro

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha especializado en utilizar políticamente los datos fiscales como un instrumento de coacción política. El último caso es la difusión de los datos tributarios del número tresde Podemos, Juan Carlos Monedero, pero es tan solo el último hito de una larga cadena de advertencias y recriminaciones que son incompatibles con la discreción exigible al ministro de Hacienda de un país democrático. Amonestó a los medios de comunicación críticos, insinuó que algunos diputados no pagan a Hacienda, hizo lo propio con tertulianos y comentó los problemas fiscales de Luis Bárcenas o Jordi Pujol.

El artículo 95 de la Ley Tributaria establece el carácter reservado de la información fiscal que obra en poder de Hacienda. Existen razones para interpretar que el ministro incumplió este artículo cuando difundió que Luis Bárcenas no se había beneficiado de la amnistía fiscal; y no estaría de más que una investigación administrativa definiera si en ese caso hubo infracción de la ley o no. Pero en otros muchos casos, Montoro ha jugado hábilmente con los límites de lo que puede ser considerado como “reservado” y con el deber de sigilo que invocan los funcionarios de la Agencia Tributaria, y ha convertido sus intervenciones en advertencias que los “advertidos” entienden con frecuencia como amenazas.

Mientras la oposición decide si la incontinencia verbal del ministro merece una petición de investigación, el primer tratamiento correctivo debe ser político. El presidente del Gobierno y su vicepresidenta deberían trasladar al ministro que la difusión de informaciones tributarias y las regañinas admonitorias que suenan a chantaje, son contraproducentes para la credibilidad del Gobierno y para el correcto funcionamiento de la Agencia Tributaria.

Da la impresión de que el ministro recaba continuamente información tributaria para achantar a los grupos sociales críticos con el Ejecutivo. Mancha además la labor de Hacienda con una imagen de suficiencia pintoresca (calificó la información del caso Falciani como “el aperitivo de lo que está en los ordenadores de la Agencia Tributaria”) y obstaculiza la tarea de los inspectores al adelantar a los presuntos infractores el interés del fisco en ellos. Que esto no lo entienda el ministro Montoro es grave; pero que Rajoy y Sáenz de Santamaría no se sientan concernidos, también.