El pasaporte perjudica seriamente la salud

Mi punto de partida es práctico: las migraciones internacionales son un hecho cuyas verdaderas pulsiones escapan al control externo, empezando por el de los gobiernos. Sin embargo, no es menos cierto que el beneficio neto de este proceso para todas las partes involucradas responde a un juego de riesgos y oportunidades que puede ser alterado por la intervención de los actores públicos y privados. Las acciones de los Estados, organismos internacionales, ONG y compañías privadas pueden expandir las oportunidades y minimizar los riesgos asociados al proceso de movilidad.

Lamentablemente, el régimen que se impone sin excepción en las rutas y fronteras de las migraciones modernas hace exactamente lo contrario, disparando la vulnerabilidad de los que se desplazan y jibarizando la capacidad de protección de las instituciones.

Pocos asuntos expresan mejor este fracaso que el de la salud.

Junto con la educación, el respeto al derecho de todos los individuos a una protección básica frente a la enfermedad y el gastos catastrófico derivado de ella constituye un indicador elemental del desarrollo humano y de los beneficios o perjuicios de la movilidad para quienes migran y para los países involucrados.

Como explica de forma lúcida el artículo introductorio de una serie de PLOS Medicine sobre salud y migraciones en el siglo XXI, los aspectos sanitarios juegan un papel relevante en cada una de las cinco posibles fases del proceso: origen, tránsito, destino, detención y retorno. En todas ellas es posible identificar a la salud como determinante de la vulnerabilidad de los individuos y de las sociedades por las que pasan, pero también como beneficiaria de las oportunidades derivadas de las migraciones.

La lista de asuntos es inagotable y su relevancia justifica el interés que han despertado: las condiciones previas y las expectativas de supervivencia como factor en la decisión de emigrar; la proliferación de enfermedades infecciosas importadas -el Chagas en España o el VIH-SIDA en muchos países africanos, por dar solo dos ejemplos-; los desafíos y las oportunidades de las poblaciones migrantes para la financiación de los sistemas de salud en destino; el efecto (contra intuitivo) de la emigración de profesionales sanitarios; o el impacto devastador de los desplazamientos forzosos en la salud mental de millones.

Del modo en que gestionemos esta encrucijada se derivarán sus resultados: por un lado, el enfoque miedoso, proteccionista, unilateral y, con demasiada frecuencia, ilegal que se aplica casi sin excepción por los principales países de destino. Un enfoque que se desentiende de los derechos de los que se mueven y debilita la capacidad y responsabilidad de atenderles, fomentando vías de desplazamiento irregular que dejan a millones en la sombra legal, social y fiscal de sus sociedades de acogida.

Por otro, la construcción lenta pero segura de una arquitectura institucional y normativa basada en dos principios simples pero revolucionarios: aceptar que la movilidad humana puede ser gobernada pero no detenida y anclar los derechos fundamentales de quienes migran a su condición de ser humano y ciudadano, no a la posesión de un pasaporte. Esto no solo implica diseñar incentivos para que todas las partes acepten las reglas del juego, sino también concebir sistemas y herramientas que permitan garantizar el derecho a la salud del individuo en cualquiera de las fases del proceso migratorio, al tiempo que se compensa a las sociedades de acogida por ello. Un sistema en el que todos saldríamos ganando, porque evita los riesgos sanitarios y sociopolíticos derivados de este agujero.

Parece imposible, pero también lo era hace ciento cincuenta años la idea de una cobertura universal de salud en nuestras propias sociedades y hoy cualquier otra opción nos parece inconcebible. Fiemos el futuro a un bien entendido interés propio, además de un sentido elemental de solidaridad.